Al iniciarse la movilización de gremios hospitalarios, científicos y médicos, trabajadores y organizaciones de usuarios, frente a la reforma al colapsado sistema de salud, el gobierno Santos ha conformado -para adelantar su política- un equipo de genuina cepa neoliberal, procedente del sector privado, que giró la puerta entre lo particular y lo público, como ya es costumbre en el “buen gobierno” instaurado en Colombia.

La Silla Vacía (www.lasillavacia.com) hizo dos informes en los que menciona antecedentes de cuatro funcionarios que en el Ministerio de Protección se encargarán en la política de precios y acceso universal de las decisiones relacionadas con medicamentos: Javier Gamboa, viceministro técnico; Claudia García Gómez, directora de Invima; Conrado Gómez, superintendente de Salud y Mario Urán, gerente de Caprecom, donde se comprarán las medicinas que no están en el POS.

No es suspicacia colegir de qué lado estará Gamboa, ex vicepresidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, donde se asientan Monsanto y Merck; o García, ex presidenta de Afidro, asociación de farmacéuticas multinacionales, y ex directora de política pública para América Latina de Merck; o Urán, ex gerente de asuntos corporativos de Roche o Gómez, hermano del actual presidente de Afidro.

Las eventuales sospechas se vuelven certeza cuando se desentrañan sus posiciones sobre los asuntos que manejarán. Por ejemplo, García, el 28 de junio de 2006 como presidenta de Afidro, envió una comunicación al gobierno rechazando el control de precios a medicamentos mediante el sistema de referencia con otros países. Lo consideró “ilegal”, inaceptable”, “antitécnico”, “excesivo”, “violatorio” de normas y arguyó que, dentro de los TLC, estaba “incurso en expropiación indirecta” por lo que el país podría ir a arbitraje internacional.

Gamboa, quien dirigió el capítulo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Informe de Competitividad 2008-2009, propone como agenda las mismas cláusulas sobre Propiedad Intelectual que pactó como negociador del TLC con Estados Unidos y consignadas en el CONPES 3533: “Promoverla” como “mecanismo para el desarrollo empresarial” y “adecuada observancia a sus derechos”; entre otras. Establece que Colombia “aparece en los últimos lugares de innovación” expresado en el bajo número de patentes y, para subsanarlo, propone “incentivos tributarios automáticos” a innovadores; es decir, un edén para las farmacéuticas.

Urán, además de promotor comercial de Roche, la empresa del Tamiflu de la gripa porcina, prohijó en la Secretaría de Salud de Bogotá la “tercerización” de más del 70% de los trabajadores de la red pública.

Las hojas de vida de esos cuatro funcionarios ratifican que en la Unidad Nacional la salud pública se subordinará a intereses corporativos. ¿Ahora en funciones públicas, serán recompensados como hizo Bavaria con el ex ministro Plata, su benefactor en las declaratorias de zonas francas, al nombrarlo en la Junta Directiva?

Y a nosotros ¿quién nos defiende?

Los medicamentos peligrosos plantean un serio problema: ¿a los colombianos quién nos defiende?

Desde hace once años, los diabéticos juegan una peligrosa ruleta llamada Avandia, fármaco que mejora el control del azúcar en la sangre, pero puede provocar la muerte por infarto. Sin saberlo, numerosos enfermos apostaron a esta lotería y, según el médico David Graham, 47.000 de ellos murieron o padecieron trastornos cardiacos.

El caso de Avandia revela cómo ciertos laboratorios poderosos anteponen sus intereses económicos a la salud de sus clientes y ejercen nefasta influencia en las autoridades que vigilan sus productos. También, en lo que concierne a Colombia, desnuda la escasa información y la protección precaria que tenemos los consumidores.

La casa GlaxoSmithKline (GSK) obtuvo en 1999 el permiso de la oficina de drogas estadounidense (FDA) para comercializar el producto rosiglitazona (Avandia), indicado contra la diabetes Tipo 2. Dos años después, las investigaciones de GSK mostraban ya que esta sustancia incrementaba en 43 por ciento el riesgo de infarto, lo que no ocurría con el fármaco de la competencia.

En vez de informar a las autoridades sobre la mortal novedad, GSK optó por encubrirla. En marzo del 2001, uno de sus directivos envió un correo a una colega donde prohibía revelar “estos resultados, que ponen a Avandia bajo una luz bastante negativa”. La inquietud no era solo la imagen, sino la platica. Avandia era uno de los productos más exitosos de GSK y, de conocerse sus riesgos, dejaría de ingresar 600 millones de dólares entre el 2004 y el 2006.

En el 2007, un estudio científico desenmascaró el engaño en Estados Unidos. A partir de entonces se libra una guerra al más cerrero estilo capitalista, en la cual el laboratorio niega lo evidente, ensucia el debate y esconde sus investigaciones, mientras las autoridades capitulan ante el aplastante cabildeo de la farmacéutica. La Agencia Europea del Medicamento ordenó retirar la droga hace unos días, pero la FDA se niega a prohibirla, aunque cada vez restringe más su uso. Indignados científicos denuncian que hay funcionarios de la FDA al servicio de intereses comerciales, y dos respetables publicaciones formulan graves acusaciones. El New York Times (15 de julio del 2010) dice que “en vez de publicar sus informes, la empresa lleva once años tratando de taparlos.” Y según Time (23 de agosto del 2010), “es difícil no preguntarse si los reguladores de la FDA han sido capturados por la industria farmacéutica”.

Si andan desprotegidos los estadounidenses, ¿cómo estaremos los colombianos? Aquí se vende Avandia en 14 presentaciones con fórmula médica o por Internet sin ella (lo comprobé en http://anunclas.com/anuncio.php?sid=14418). El Observatorio del Medicamento en Colombia, de la Federación Médica, ofrece información independiente (http://www.observamed.org/). Invima, nuestra modesta FDA, sigue de cerca el debate, pero acata los dictados de la FDA -acaba de confirmar la rosiglitazona- y es flexible a las presiones del cartel de laboratorios locales (Afidro). Hace poco, Afidro vetó a Claudia Patricia Vaca en Invima por favorecer las drogas genéricas, y ahora el Gobierno le hace una concesión inexplicable: el nuevo superintendente de Salud, Conrado Adolfo Gómez, es hermano de Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro. Así, la vigilancia queda en familia. ¿No había otro candidato entre 44 millones de colombianos?

Un modo de combatir la pobreza en Colombia es repartir mejor lo que tenemos. Otro es vigilar el buen destino de cada peso que gasta el ciudadano. Esto implica protegerlo de engaños y de productos dañinos o excesivamente caros. La globalización dejó las ovejas a merced de lobos con licencia. ¿Cómo sabemos que no nos exportarán algunas de las 28 millones de cajas de cereales de Kellogg contaminadas que aparecieron hace poco en Estados Unidos? ¿De qué modo evitar que nos cojan de conejillos de Indias, como hará en adelante Avandia con sus usuarios, o como se ha hecho con muchos fármacos prohibidos en su origen, pero distribuidos en el Tercer Mundo?

Conviene crear una gran oficina defensora del consumidor y poner al frente a un jefe implacable, no a una cuota de Afidro.