Una marcha de unas 60.000 personas repudió el jueves pasado en las calles de Buenos Aires el asesinato de Mariano Ferreyra, un joven militante sindicalista de 23 años. Otros miles se manifestaron en las principales ciudades de Argentina.

Mariano ingresó el miércoles 20 de octubre en esa larga lista de víctimas del terror estatal o paraestatal que durante más de un siglo –con distintos grados de intensidad y frecuencia– ha pretendido silenciar la protesta social, el grito de los trabajadores democráticamente autoorganizados y de los oprimidos. Elsa Rodríguez, una luchadora social y política de 60 años, se halla también entre la vida y la muerte, con una bala alojada en el cerebro, consecuencia del mismo ataque criminal que segó la vida de Mariano Ferreyra.

Desde el gobierno y desde la oposición, desde todos los grandes medios de comunicación –los proguberbamentales, lo mismo que los antigubernamentales–, y superando milagrosamente diferencias coyunturales, parecieron ponerse de acuerdo a la hora de unificar el mensaje: Ferreyra había muerto como consecuencia de un enfrentamiento entre “bandas sindicales”. O sea, reaparece la tesis de los dos demonios. Idéntico mensaje se quiso pasar cuando, no muy lejos geográficamente de dónde esta vez ocurrieron los hechos –en el Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002—, la policía acribilló a los jóvenes Maximiliano Kosteky y Darío Santillán. Precisamente: la participación en aquella movilización del puente Pueyredón y el impacto que le provocaron aquellas cobardes ejecuciones marcaron los primeros pasos de Mariano en la lucha social y política, según cuentan quienes lo conocieron.

El discurso oficial, lo mismo que el de la oposición establecida, fue entonces como el de ahora: “bandas enfrentadas”. Y ahora como entonces, no ha tardado en desbaratarse el premeditado ideologema de los dos demonios en que tienden a confluir los mensajes del poder del gobierno y los del poder de la oposición establecida. Pues la cosa está clara como el agua: de un lado están quienes protestan y se enfrentan a las injusticias establecidas, que son muchos; del otro, los establecidos, que no son muchos ni están muy bien avenidos, pero que, a lo que se ve, no han perdido el instinto de unirse cuando de lo que se trata es de acallar el griterío de las victimas y defender como sea el “orden”. Un “orden” manifiestamente propicio a los victimarios.

¿Cómo fueron los hechos?

Existe un inveterado conflicto en la línea del ex Ferrocarril Roca con los trabajadores llamados “tercerizados”. Muchos, por reclamar el fin de contratos infames, han sido despedidos; otros persisten en pedir su incorporación al trabajo formal.

No era la primera vez que los “tercerizados” se disponían a tomar medidas o a emprender acciones para hacer visibles sus elementales exigencias laborales, a manifestarse en las estaciones o atravesarse con piquetes en las vías. En esta ocasión, cuando intentaban una nueva protesta, fueron rechazados por un grupo de choque de la burocracia de la Unión Ferroviaria, una casta corrupta adueñada del sindicato con el beneplácito y aun el sostén de todos los ministros de Trabajo desde hace décadas. Tanto la policía de la provincia de Buenos Aires, como la Federal –con competencia en las instalaciones ferroviarias— fueron impávidos testigos de los acontecimientos. Cuando los tercerizados se replegaban ante la embestida de la “patota”, aparecen, según varios testimonios, dos tiradores que, no sin pericia, abren fuego a discreción sobre los manifestantes desarmados. Tres de ellos son alcanzados por los disparos: Mariano, en la región hepática, Elsa Rodríguez, en la cabeza, y otros dos, en las piernas.

La burocracia sindical y el Estado

La muerte de Mariano, un muchacho particularmente querido por quienes lo conocían, un militante empeñado en entender y cambiar a mejor el mundo, un aplicado estudiante de historia con formación de obrero metalúrgico – ahora desocupado – y miembro del Partido Obrero (de orientación trotskista), vuelve a colocar en el centro del debate público argentino un viejo y decisivo problema político de nuestro país.

La cristalización de excrecencias burocráticas en la vida sindical o política no es un fenómeno ni nuevo ni endémico de la Argentina. Pero el desarrollo de la burocracia sindical argentina presenta unas particularidades muy llamativas, que tampoco cabe asociar necesaria ni, menos aún, exclusivamente al peronismo de Perón.

Fue el dictador Juan Carlos Onganía quien, a mediados de los 60. provocó la primera distorsión con la Ley de Asociaciones Profesionales, una disposición legal nacida del acuerdo con un sector de los viejos dirigentes para frenar el ascenso de una nueva generación obrera combativa. Esta norma preparó el caldo de cultivo para el nacimiento de un nuevo tipo de burócrata sindical, desconocido hasta entonces: el burócrata sindical convertido en empresario. La legislación y el modelo de ella dimanante persisten hasta el día de hoy. Por la vía así abierta en los años 60, ocurrió en los 70 que varios dirigentes sindicales se transformaron en delatores; primero, al servicio del terrorismo de la ultraderechista Triple A; luego, a las órdenes de los grupos de tarea de la dictadura militar. Cuando tuvieron que ir a declarar en el juicio democrático contra las Juntas militares, ya no recordaban nada. Ahora sólo quedan en actividad algunos que en aquellos días eran pichones implumes y de vuelo corto. ¿Cómo reprocharle al Papa su juvenil paso por las juventudes hitlerianas, o su posible fascinación intelectual de entonces con el nazi Heidegger o con el nazi Carl Schmitt, que ahora, encima, y vaya usted a saber porqué, fascinan a cierta confusionaria izquierda académica más amiga de la inane vanidad mediática o del rentable enredo cortesano que de la lucha abierta en la calle o del trabajo honrado y discreto en la biblioteca o en el laboratorio?

Pero alguna memoria hay que tener. Y es lo cierto que se dio un cambio cualitativo en varios dirigentes gremiales durante el gobierno de Carlos Menem. Todavía existía entonces una estructura clásica que, quieras qu eno, se atravesaba en el camino del proceso de desguace del Estado, de las contrarreformas neoliberales, de las privatizaciones y las desregulaciones. No era suficiente contar con las oprobiosas leyes de la Reforma del Estado y de la Emergencia Económica, esas leyes que la mayoría de peronistas y radicales aceptaron sin decir ni mu, con la honrosa excepción de un pequeño grupo de resistentes. Pese a que la hiperinflación había hundido en la miseria a los más pobres, subsistían todavía fuerzas dispuestas a oponerse al shock neoliberal. Para erradicarlas, la llave maestra fue transformar a los jefes de los principales dirigentes de los sindicatos en socios del desguace, en cómplices activos de las privatizaciones y en beneficiarios directos de las desregulaciones. Era un negocio en el que había para repartir. Y esa fue la táctica descubierta por el ingenmio truhanesco de Menem, quien contó, para llevarla a cabo, con varios “expertos” en diseño de institucional amalgamador de bribones: Domingo Cavallo, Caro Figueroa, Horacio Liendo, entre otros.

Los burócratas sindicales, hasta aquel momento corrompidos, si así puede decirse, por pasiva, pasaron entonces, por activa, a ser emprendedores dueños de supuestas cooperativas o Pymes, cuyo “negocio” consistía en “tercerizar” las tareas y recontratar a precio vil a los mismos trabajadores que, relativamente bien pagados y mejor formados, habían sido despedidos de las empresas públicas privatizadas o concesionadas. También había algunos dólares de esta fiesta para el sector privado: joint-ventures con bancos y financieras, nacionales y trasnacionales, negocietes con la previsión social, con las ART (Aseguradores de Riesgo de Trabajo) y emprendimientos tan variados como daba a entender la rebosante imaginación de unos novoempresarios penetrados de la ambiciosa avidez de una época sin escrúpulos.

Empresas y empresitas de tal espurio origen pueden reconocerse hoy en los ferrocarriles, en el transporte en general, en lo que quedó de YPF, en Yacimientos Carboníferos, en la flota Petrolera del Estado –que pasó enterita a la burocracia novoempresarial—, en el sector telefónico (en todas y cada una de las provincias)… En fin, la lista es muy larga; pero todos y cada uno de los trabajadores de esas empresas saben quiénes son los dueños y cómo llegaron a serlo…

Y si entre tantos casos criminales hubiera que elegir una perlita, hay que decir que en los ferrocarriles se encuentra una verdadera joya. José Pedraza es uno de los socios concesionarios del Belgrano Cargas, una empresa que ayudó a destruir, labor por la que sigue recibiendo jugosos subsidios: desde los tiempos de Menem, y sin interrupción alguna. Otro de sus socios en el control de la Unión Ferroviaria es el actual subsecretario de Transportes de la Nación. Pedraza fue también procesado por ilícitos de una empresa en la que había puesto como titular a su mujer. Y en ese caso, como en otros, fue defendido por un gabinete jurídico del que es socio el actual procurador de la Nación, Esteban Righi, jefe, a su vez, de todos los fiscales. Casi una costumbre la del hoy funcionario kirchnerista: hace un tiempo fue el defensor del los burócratas del Smata, acusados de haber promovido en la época de Isabel Martínez de Perón –y en connivencia con la patronal— la desaparición forzada de los trabajadores que formaban parte de la Comisión Interna de Mercedes Benz. Para seguir la historia de José Pedraza y sus amigos resulta muy recomendable la lectura de El Ferrocidio, el excelente libro de Juan Carlos Cena, o ver La última estación, el imponente documental de Fernando “Pino” Solanas.

La criminalidad de estos burócratas sindicales trocados en empresarios ha traspasado en la Argentina límites que ni siquiera habrían podido soñar algunos de los mayores mafiosos de la historia universal. Un solo ejemplo (mero ejemplo): la causa que se sigue por falsificación de medicamentos y por la que está preso el legendario dirigente de los bancarios José Zanola. Su especialidad era adulterar los fármacos oncológicos, particularmente los de mayor valor en el mercado, que se distribuían entre las obras sociales sindicales. Tal vez se intente argumentar en su defensa –y en la de sus colegas de asociación ilícita– que sus fines en última instancia han sido humanitarios, una suerte de propiciador de la eutanasia para el caso de los enfermos de cáncer terminal. En este juicio también tendrá algo que decir Pedraza.

Entre todos estos burócratas empresarios y sus protectores se halla el autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra.

El mundo de la tercerización

Pero hay otro asunto que esta muerte pone también sobre el tapete. Argentina, tras un crecimiento económico espectacular en los últimos años, padece una calamitosa situación social y laboral. Es decir, sigue en pie, con algunos retoques más o menos cosméticos, la teoría neoliberal del derrame. Largos años de dictadura y ajuste neoliberal trajeron consigo la generalización del empleo precario, la pobreza abundante y la fragmentación extrema del mercado laboral. (Véase al respecto la excelente entrevista con Susana Torrado reproducida en la entrega anterior de SinPermiso.) Algo se recuperó en relación con el momento de mayor depresión del año 2001, aunque resulta difícil de cuantificar por la manipulación de las estadísticas del INDEC en 2007. De todas maneras, se admite que en varios sectores se habría recuperado el nivel de 1968, anterior a la larga crisis nacional. Pero aún admitiendo los datos oficiales, se constata que sólo un cuarto de los jóvenes menores de 30 años tiene un empleo en blanco. Y en el caso del empleo en negro e informal, que es el caso de quienes trabajan en las empresas tercerizadas, paradójicamente reciben un tercio del salario de quienes están en blanco, es decir en el trabajo formal. Ese es el origen del reclamo y de la lucha de los obreros “tercerizados” de la ex línea Roca, una causa justa –eminente y hasta elementalmente justa— por la que murió Mariano Ferreyra.

La tesis de las bandas o los dos demonios

La tesis, farisaica hasta la indenecia, de las bandas extremistas pugnazmente enfrentadas fue siempre el primer reflejo del gobierno, de este gobierno y de todos los gobiernos anteriores. Es también el primer titular que acomoda a los medios; pero en este caso, como en otros, se estrella enseguida con hechos tan palmarios como sencillos. Y el esbozo de “argumento” , apenas incoado, queda pulverizado y aventado en el acto, sin siquiera necesidad de soplar: una de estas pretendidas “bandas” pone las balas; la otra se limita a poner los muertos y los regueros de sangre.

Tampoco se tiene el guión prestablecido de la supuesta neutralidad de la policía o de las fuerzas de seguridad. La policía no tiene credibilidad ninguna para investigar estos casos. Ni siquiera cuando muere un chico atacado por un “patovica” en la puerta de una discoteca. No es imposible que, en algún momento, los testigos superen el temor y se resuelvan a decir lo que saben ante fiscales y jueces probos. Mientras tanto, el crimen de Mariano Ferreyra quedará impune, mas allá del “perejil” que encuentren esta vez para cargarle el muerto.

* Carlos Abel Suárez es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.

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