El Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Defensa Social elaboran dos anteproyectos de Ley que legalizan la intervención de llamadas telefónicas y la contratación de informantes, mecanismos imprescindibles para potenciar las capacidades del Estado en la lucha contra el narcotráfico, reveló el ministro Sacha Llorenti.

La interceptación de llamadas y el pago a informantes no son propuestas nuevas y serán presentadas muy pronto a la Asamblea Legislativa Plurinacional “porque son imprescindibles para combatir al narcotráfico”, confirmó el ministro de Gobierno Sacha Llorenti en una entrevista con radio Panamericana.

Llorenti aseguró que no existe norma alguna en el derecho internacional que prohíba la interceptación de llamadas y que todos los países de la región cuentan con normas de esta naturaleza. “Las democracias modernas que tienen el desafío de combatir a la delincuencia han incorporado normas para regular la interceptación de llamadas. Con este tipo de instrumentos por supuesto que vamos a mejorar aún más nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico”, dijo.

El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín consideró que cualquier norma que autorice “pinchar teléfonos o violar la privacidad de las personas bajo el argumento de investigar delitos” vulnera la Constitución Política del Estado (CPE). La CPE consagra varios derechos civiles y de manera clara y contundente establece en el artículo 410 que todo ciudadano tiene derecho a la privacidad y a la intimidad.

“Es riesgoso que bajo el argumento de investigar hechos de narcotráfico se convaliden acciones de represión y espionaje político”, alertó Albarracín.

“Me parece sorprendente que alguna gente pretenda decir que el derecho a la intimidad es un derecho absoluto; en este momento, las autoridades jurisdiccionales tienen la posibilidad, por ejemplo, de emitir mandamientos de allanamientos de domicilios para ver si existe droga, personas secuestradas o vehículos robados”, refutó Llorenti.

El Ministro precisó que la Constitución prohíbe la intervención de comunicaciones desde las instancias que las centralizan “porque eso sí sería legar a una suerte de abuso”, pero las normas propuestas se refieren a casos específicos relacionados con delitos de narcotráfico.

“No se está hablando de una indiscriminada interceptación de llamadas; existirán pasos en las autorizaciones correspondientes del Ministerio Público y de la autoridad judicial competente antes de cualquier tipo de interceptación”, prometió Llorenti.