(Erbol).- Como hoy en 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada era residente privilegiado en Estados Unidos. Había huido del país un día antes, empujado por una crisis de gobernabilidad de su autoría cuyo saldo fue de 69 muertos, más de 400 heridos, el país en caos, medios de prensa censurados (y cerrados), periodistas amenazados y a Carlos Mesa como su sucesor.

Los sucesos que luego se llamaron la “masacre de octubre” fueron fatídicos, por las consecuencias sociales y políticas, y por el peor momento que vivió el gremio, el peor a mi juicio. Entonces era editor del diario La Prensa.

Ediciones del semanario Pulso retiradas de los puestos de venta, una radio de la red Erbol dinamitada en Oruro, dos canales de televisión acosados por el Gobierno (RTP y Cadena A), titulares censurados, periodistas en “listas negras”, intromisión gubernamental, la libertad de prensa en ascuas… Era otro el escenario con relación al actual. Los dueños de medios de ahora eran esa vez los que impedían un ejercicio real del periodismo, de la mano de algunos operadores de la administración estatal. Claro, con muchas excepciones.

Lo que más me marcó fue la censura que en La Prensa sufrimos a una edición extra que los editores y redactores preparamos con motivo de la renuncia de Sánchez de Lozada. Semejante episodio de la historia ameritaba una reacción periodística el día de la dimisión y la huida, el 17 de octubre. Para entonces, los periodistas habíamos terminado de padecer el acoso interno y externo.

La noche del 20 de octubre me tocó sistematizar toda la información de la primera de las matanzas de la masacre. Por pretender el desbloqueo que impedía el tránsito de decenas de turistas en Sorata el Gobierno, con la ayuda de Estados Unidos, había intervenido en el conflicto cuyo epicentro fue Warisata.

Al menos cinco muertos, entre ellos una niña y campesinos. Con información de reporteros regionales y de nuestros enviados a la zona, para la edición del día siguiente había dejado un titular de página central: “Operativo de Sánchez Berzaín termina con al menos cinco muertos”. Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Sánchez de Lozada, había comandando el operativo, incluso se supo que fue apedreado y atacado por vecinos en Sorata.

Al día siguiente nos desayunamos otro titular, que destacaba la acción del Gobierno en el desbloqueo y la “liberación” de turistas y no así las muertes. Sin embargo, los censores de turno se olvidaron de cambiar el contenido de la nota periodística, que sustentaba el titular inicial.

Molesto con el reportaje, el entonces vocero del Gobierno, Mauricio Antezana, envió una carta a la dirección de La Prensa, que fue publicada el 23 de octubre. El funcionario había dicho en su misiva que el operativo tenía el fin y que nuestra tarea de periodistas, en su opinión, fue “dirigir la información al parecer con una inocultable finalidad política”.

Nos indignó la carta. Quisimos responder también públicamente, en nuestras páginas del diario, incluso con pago por el espacio. Ni el entonces director, Alfonso Canelas, ni el jefe de Redacción, Marco Zelaya, ni los dueños, entre ellos Pedro Rivero Jordán (que estuvo en huelga hace poco en contra de los artículos de 16 y 23 de la Ley contra el Racismo) atendieron nuestra demanda. Claro, pudimos decir nuestra verdad: “El lector que se ha informado del hecho mediante La Prensa ha conocido la versión del gobierno, pero también la de los campesinos. Periodismo, no relaciones públicas”.

Ahora los tiempos son otros: otro Gobierno, otros actores políticos (los medios con gran fuerza) y otro escenario político. Los que en propia casa nos censuraban ahora luchan por la libertad de expresión, dizque muerta tras esa polémica ley.