Esta segunda semana de octubre, en Cochabamba, las organizaciones nacionales indígena originaria campesinas e interculturales del país, que conforman el Pacto de Unidad, analizaron, debatieron y concretaron propuestas para la denominada Ley de la década productiva. Hay que destacar en esta iniciativa dos aspectos: agenda económica y mirada de largo plazo. Es valorable que estas organizaciones se ocupen y movilicen también por sus reivindicaciones económicas, buscando ponerlas en la agenda pública, en el centro de atención para políticas públicas. Por otro lado, contrario al hábito en el país de hacer las cosas con una mirada de corto plazo, estas organizaciones se han propuesto hacerlo con una perspectiva de largo plazo. Indudablemente si queremos lograr cambios profundos y duraderos en todos los campos, más aún en el económico productivo, lo correcto es plantearnos las cosas de esta manera.

Para encarar esta iniciativa, entre otros aspectos, es importante contar con información relevante y actualizada sobre la producción agropecuaria y la economía rural. Como se sabe, el último censo agropecuario nacional data de 1984 y por supuesto sin datos confiables no es posible plantearse políticas, estrategias, programas y proyectos productivos adecuadas y con proyección de corto, mediano y largo plazo.

Según información del Ministerio de Desarrollo Rural, serían unas 600.000 familias las que producen productos de la canasta básica para alimentar a gran parte de la población del país, aunque no produzcan todo lo que se requiere, por lo que se incrementan las importaciones y el contrabando de productos alimenticios al país.

Pese a que porcentualmente la población del país se va urbanizando, es importante notar que la población rural se mantiene estable en algo más de 3 millones de habitantes (36% del país). Sin embargo, los productores campesinos indígenas no han sido considerados en su condición de productores, sino considerados como pobres; quizá por ello durante mucho tiempo se han aplicado medidas sociales y asistencialistas y no así políticas, estrategias, programas, proyectos y recursos económicos estatales para fortalecer la capacidad productiva de estos sectores.

La producción agropecuaria, más que ninguna otra actividad productiva, está sometida a muchos riesgos, incluyendo las variaciones climáticas e inestabilidad de precios, que la hacen vulnerable. La distribución desigual de la tierra –que se mantiene en gran medida pese a los cambios de estos últimos años- y el minifundio, sumados a los procesos de erosión de la tierra, empeoran la situación productiva de las familias campesinas indígenas.

De la población económicamente activa del país, el 44% se encuentra en el área rural; pero el aporte del sector agropecuario es sólo de alrededor del 14%. La productividad de la economía campesina indígena –al igual que la de la agroindustria y ganadería extensiva- sigue siendo un tema pendiente. De todas maneras, para los productores campesinos indígenas, en promedio, el 60% de sus ingresos sigue proviniendo del predio rural.

Debido a la migración de los varones, sobre todo la migración temporal, las mujeres asumen todas las responsabilidades en el hogar y la comunidad. Se ha estimado que el 23% de ellas son jefes de familia, en valles y altiplano.

Pese a todo ello, la economía campesina sigue generando fuentes de empleo para proveedores de insumos y tecnología, transporte, servicios rurales, transformadores, comercializadores, exportadores, etc. etc., involucrando cada vez más al mundo urbano.

En este contexto, una de las principales propuestas de las organizaciones sociales para la década productiva es el logro de la seguridad y soberanía alimentaria del país, con una activa participación y contribución del sector campesino indígena. Sin embargo, para los productores campesinos indígenas no sólo se debe tratar de la disponibilidad y consumo de alimentos sino también de mejorar sus ingresos para atender otras necesidades para llevar una vida digna.

También hay temas que merecen mayor reflexión para una adecuada decisión para encarar adecuadamente esta década productiva: si bien se debe lograr la seguridad alimentaria del país, no se debe descuidar mercados externos a los que ya acceden varias organizaciones de productores campesinos indígenas: café, cacao, castaña, quinua, charque, son algunos ejemplos. Otro aspecto a considerar es que esta década productiva debe ser parte de un proyecto nacional de desarrollo productivo. Asimismo, el manejo de recursos económicos –transferencias directas a las comunidades, como se postula- implicará también un desplazamiento de la burocracia estatal a una nueva burocracia, en las organizaciones, aunque puede ser otra forma de burocracia, y no están exentos de todo tipo de riesgos.

Será igualmente todo un reto combinar el rol de las diferentes formas de la economía plural que establece la Constitución Política del Estado: comunitaria, estatal, privada, social cooperativa, que de seguro continuarán aportando a la seguridad alimentaria nacional.

Consideramos que, entre otras medidas, será necesario que la década productiva impulse lo siguiente:

– Censo Nacional Agropecuario.

– Seguridad y Soberanía Alimentaria del país, pero también la mejora de los ingresos económicos de las familias campesinas indígenas.

– Incremento de productividad, pero no a cualquier costo ni basado en el uso extractivista del suelo y los recursos naturales.

– Gestión sostenible de los recursos naturales: tierra, agua y recursos de la biodiversidad.

– Inversiones en infraestructura de riego para la transformación productiva, el altiplano, valles y Chaco y cada vez más también en el trópico.

– Inversiones en innovaciones tecnológicas para la producción y transformación, apropiadas a cada contexto agroecológico.

– Acceso y uso de energías alternativas.

– Apoyo a las mujeres en el desempeño de sus actividades económico productivas.

– Recuperación de saberes locales y especies nativas. Investigación y tecnología para el desarrollo rural sostenible, incluyendo el reconocimiento y difusión de los saberes locales.

– Promoción de actividades no agropecuarias y de empleo rural para favorecer a la juventud rural.

– Gestión sostenible de las tierras fiscales a ser redistribuidas.

Esta semana también Cochabamba es sede para intercambiar experiencias productivas innovadoras que se aplican o implementan ya a lo largo y ancho del país, aunque hasta ahora su alcance es local. Ojalá que las mismas puedan ser ya consideradas como insumos, pautas o aportes para programas de gobiernos municipales, gobernaciones y de nivel nacional. Puede ser una oportunidad para iniciar una nueva década, la del 2011-2020, de transformar las bases de los sistemas productivos en el mundo rural boliviano.

Bibliografía:

CIPCA. Ingresos familias anuales en siete regiones de Bolivia, 2008. Elías B. y Jaldín R. Efectos de la Crisis Alimentaria en Bolivia. CIPCA. La Paz. Bolivia. 2008.

Gaceta Oficial de Bolivia. Constitución Política del Estado.

INE. Censo de Población y Vivienda, 2001.

INE. Censo de Población y Vivienda, 1992.

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. MDRyT. Plan Sectorial. La Paz. Bolivia. 2008.

* Lorenzo Solíz es Director General de CIPCA.