Han transcurrido siete años de aquellas fatídicas jornadas de violencia que vivió el país entre septiembre y octubre del año 2003, con un saldo doloroso de más de sesenta compatriotas muertos y centenares de heridos. Conviene recordar los hechos manteniendo la idea firme de que el Estado tiene una deuda pendiente con el pueblo boliviano respecto a la impunidad de estas flagrantes violaciones a los derechos humanos, así la responsabilidad criminal esté dirigida hacia Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y demás adláteres.

Esta especie de crónica de tantas muertes anunciadas, se inició en febrero de 2003, cuando en una decisión injustificable el Presidente instruyó la intervención de los militares en un conflicto que los policías le habían creado al Gobierno, a través de un amotinamiento que llevaba como bandera mejoras salariales. El problema coincidió cronológicamente con una protesta ciudadana en contra de la medida del “impuestazo” dispuesta por el régimen gobernante.

El resultado fue desastroso y trágico, vimos a la Plaza Murillo y las calles aledañas, convertidas en un campo de batalla donde militares y policías se aniquilaban a bala mutuamente, advertimos también cómo los denominados “grupos de elite” de ambos bandos tomaban los techos de los edificios para posibilitar el accionar de sus “francotiradores”, quienes estábamos al medio intentando pacificar lo advertimos en vivo y directo, cómo desde la esfera gubernamental se generó un enfrentamiento entre bolivianos que marcó huella profunda. Esa fue la antesala de lo que posteriormente aconteció entre septiembre y octubre de 2003. El gran protagonista e impulsor de esta violencia, un ministro con gran capacidad de influencia ante el Presidente que pretendía hacer prevalecer el famoso “principio de autoridad”. Las muertes en Warizata en septiembre ocasionadas injustificada y alevosamente por el citado personaje, para desembocar en el fatídico octubre. La negativa sistemática a dialogar, el permanente esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos para intentar persuadir al entonces Primer Mandatario que actúe con mayor tolerancia, espíritu democrático frente al pueblo, abriendo espacios que permita deliberar con la ciudadanía sobre el tema del gas(razón del conflicto), fueron inútiles. Alguien convencía a la máxima autoridad que dialogar es sinónimo de debilidad. De Sánchez a Sánchez podríamos titular la película, uno que ejercía la primera magistratura de manera casi formal y el otro que hacia de “Rasputin” detrás del trono, incitando a aplicar la fuerza contra los indefensos, inspirados en el falso concepto de que el resultado de las urnas es requisito suficiente para considerarse gobernantes democráticos, olvidando que la legitimidad en el poder se la construye y recicla todos los días. Pudimos comprobar, lo peligroso que puede ser un ministro cuando ejerce semejante influencia ante la máxima autoridad, generando una sintomática dependencia, más aún cuando prima la mala fe, la mentalidad fascistoide y la obsesión de extinguir lo que ellos llaman el “enemigo interno”. Finalmente el Presidente termina acatando lo que decida el subalterno. El resultado, el genocidio que si bien constituye un crimen de lesa humanidad, nos encontramos ante la imposibilidad fáctica de juzgar a los principales autores por la ausencia de éstos y la frustrada aspiración de justicia de las víctimas.

A siete años de estas jornadas dolorosas, cuan importante es la necesidad de mantener firme las convicciones máxime si los delitos cometidos pese a los años están tipificados por el Derecho Internacional como imprescriptibles, por tanto, de todas maneras en determinado momento podremos lograr la sanción penal de quienes hoy aún se creen intocables.