La libertad de expresión e información es un principio que sustenta las sociedades democráticas. En palabras simples, viene a ser el conjunto de condiciones sociales e institucionales que permiten que las personas y los grupos sociales puedan emitir públicamente su opinión sin que por ello encuentren restricciones o sean objeto de persecución. Asimismo, la libertad de información es el derecho universal a acceder sin restricciones a una información veraz, íntegra y de calidad sobre todo lo concerniente al interés público.

Sin embargo, como principio o conjunto de condiciones sociales e institucionales, la libertad de expresión e información no existe flotando en una nube, sino que se concretiza en la sociedad de una manera compleja, en el enmarañado conjunto de intereses y pugnas de poder que la entretejen, a través de actores sociales e instituciones que posibilitan su gestión. Ese arraigo en las estructuras, actores e instituciones de la sociedad permite ver las causas reales que abren o cierran la libertad de expresión e información. ¿Cuáles son esas reales causas que limitan la libertad de expresión e información en nuestro país? ¿Serán sólo dos pequeños artículos de una ley o serán, más profundamente, las condiciones materiales e institucionales que sustentan la gestión de la comunicación social?

La cruzada que hoy emprenden los propietarios de MCS y gremios afines por la defensa de la libertad de expresión e información, en oposición a los artículos 16 y 23 de la Ley contra el racismo, parece omitir la elemental constatación de las condiciones materiales que sustentan la gestión de la comunicación social, pues se ensañan con unos breves límites que pone la mencionada ley al uso (o, mejor, al abuso) irrestricto que hacen muchos MCS, periodistas y opinadores de este principio, asumiendo una posición supuestamente etérea, queriendo presentarse no como seres sociales introducidos de hecho en la enmarañada red de intereses que pugnan en la sociedad, sino como entes angelicales, por encima de las condiciones materiales que la sustentan.

Los límites que estos dos artículos de la mencionada ley ponen al ejercicio irrestricto de la libre expresión están señalados por principios y normas que defienden la equidad y buscan prevenir la impunidad de expresiones y prácticas racistas y discriminadoras en los MCS; es decir algo que ha ocurrido con frecuencia en un país tan profundamente inequitativo y desigual como es el nuestro. Curiosamente, los ricos chillan cuando se intenta poner límites a su irrestricto poder de (tergiversación de la) expresión e información social, por 2 artículos de una ley que se pone de parte de las víctimas históricas. ¿No se les ocurre pensar que son más bien los oligopolios que controlan la gestión de la comunicación masiva en Bolivia la causa estructural que limita y tergiversa la libertad de expresión e información?

Los MCS están dominados y son dirigidos y gestionados por seres humanos y sociales concretos. No por dioses incólumes y abstractos. En nuestro país, en su gran mayoría están organizados y gestionados por grupos sociales con mucho poder económico. Todo MCS responde a una determinada visión de la realidad, a determinada posición política. Lo declaren o no, todo medio tiene su postura, y no es una entidad angélica que flota en el cielo, más allá de las condiciones estructurales y los intereses que configuran la sociedad. Ejemplos de ello sobran. Basta revisar hemerotecas o registros de TV y radio (si los hubiera), es decir, expresiones reales de los MCS durante los últimos conflictos sociales que se orquestaron bajo una misteriosa batuta durante los años 2007 y 2008. En esos conflictos, los grandes MCS y los periodistas no eran espectadores neutrales ni informadores ecuánimes que daban la palabra a los actores sociales en igualdad de condiciones, pues su labor periodística respondía marcadamente a una línea informativa y una línea ideológica muy clara y definida por quienes toman las decisiones fundamentales en la gestión de un medio masivo de comunicación. No es casualidad que los grandes propietarios de medios sean a la vez grandes propietarios de empresas, accionistas de la gran banca y terratenientes sin disimulo. ¿Puede garantizarse la libertad de expresión en la sociedad cuando los grandes MCS y agencias informativas están dominadas por el gran capital? Es evidente que no. Lo curioso es que los grandes propietarios de medios (a la vez con fuertes vínculos con los intereses del gran capital transnacional) son los que ahora aparecen como paladines de la defensa de la libertad de expresión e información. El burro hablando de orejas, dice sabiamente el refrán, que se aplica perfectamente en este caso. Los autores del cautiverio y secuestro de la expresión e información social en Bolivia vienen a hablarnos de la libertad de ella. Curiosa paradoja o abierto cinismo.

Si fuésemos coherentes con el propósito de lograr una real y efectiva libertad de información social, lo primero que habría que pedir es la ruptura de ese poder oligopólico que controla la comunicación social en Bolivia y la consecuente socialización y democratización de la propiedad de todos los MCS, agencias noticiosas y tecnología de la información, o por lo menos una sólida normativa que establezca decididamente claros y efectivos mecanismos de control social sobre los medios. Y lo mismo para medios que ya son propiedad social, es decir para los medios de propiedad estatal y dirigidos por el gobierno; a éstos también habría que imponerles desde la sociedad efectivos controles y límites que establezcan un servicio a la libertad de información y no una reducción de la visión de los hechos a la medida de las consignas marcadas por las autoridades de turno. Sólo así caminaríamos a una plena libertad de expresión e información social, pues la información y la comunicación social es un bien y patrimonio esencialmente público.

Finalmente, la actual cruzada de propietarios de medios y gremios afines por la “defensa de la libertad de información” contra los 2 artículos mencionados de la Ley contra el racismo, muestra de manera subrepticia otra forma en que el racismo emerge como ideología de las clases dominantes, cuando éstas tratan de hegemonizar y monopolizar el rol de “defensores de la democracia” expresada en la “defensa de la libertad de expresión”. ¿Cómo opera esta lógica racista de las clases dominantes en este caso?

Esa re emergente argumentación de la pretendida superioridad racial/clasista intenta justificar a un único sujeto social y político “protagonista” en la historia “sensata y democrática” del país. Cuando los dueños de MCS, gremios afines y clases medias (incluidos los jerarcas de la Iglesia católica) enarbolan el argumento de la “defensa de la libertad de expresión” sin cuestionar los límites estructurales que ellos como propietarios ponen de hecho a la libertad de expresión, aparecen articulando un discurso que en claras cuentas diría: “sólo nosotros somos los paladines en la defensa de la democracia frente a estas ‘hordas totalitarias’ que nos gobiernan hoy en día”. Quieren hacernos creer que sólo lo que les limita en su irrestricto “derecho” de expresión e información es límite a la democracia de todos; y no lo es aquello que estructuralmente secuestra la libre expresión e información en la sociedad: los oligopolios de las entidades que gestionan la comunicación social. Con ello vuelven a sus argumentos racistoides: “sólo nosotros somos los genuinos defensores de la democracia”.

En suma, tras esta cruzada de “defensa de la libertad de expresión” sólo está camuflándose la defensa del monopolio y la hegemonía en la producción y reproducción del imaginario dominante de símbolos, ideas y representaciones de la realidad social por una clase social dominante. La hegemonía del poder mediático en manos del gran capital. La “libertad de expresión” en boca de las clases dominantes sólo es pretensión de “libertad irrestricta” para las empresas de información y comunicación social. Es la pretensión de dominio absoluto en el ámbito de la producción y reproducción del imaginario social. A ese poder irrestricto la mencionada Ley pone unos límites concretos. Los límites que marca la emergente conciencia de la dignidad de todas las personas y grupos sociales en el país, en un momento histórico en que las fuerzas progresistas queremos empujar a dar un salto cualitativo en el proceso de descolonización y democratización.

Que no se victimicen los ricos y las clases dominantes. Que no quieran llorar tanto en vitrina. Les sobran lágrimas a los cocodrilos. Que no se atribuyan ser la “esencia de la defensa de la democracia”. Esas poses para la gran pantalla de los MCS están ya demás. Somos muchos y muchas, diversos rostros y abigarradas miradas, muchedumbre de cuerpos, multiplicidad de brazos y multitud de luchas desde abajo, cuántas veces con humilde sangre derramada, quienes construimos –frecuentemente contra ustedes, los ricos, cuando hacen alianza con dictadores y sediciosos de turno– esta democracia y esta lucha por las libertades que todos y todas gozamos ahora, incluidos ustedes. No traten de encubrir ni secuestrar la verdad con su injusticia (Cf. Rom 1,18). La historia ya ha pasado por encima de sus viejos argumentos racistas. Sean creativos. Inventen nuevos argumentos para tratar de justificar su voluntad de poder absoluto. Sus argumentos de pretendida superioridad racial, de mesianismo colonial, de “paladines exclusivos en la defensa de la democracia” ya no les funcionan.

* Filósofo, teólogo y educador popular. Cochabamba. miguel6706@gmail.com