La Ley contra el racismo y toda forma de discriminación ya está en vigencia y por primera vez en la historia republicana el país tiene normas para sancionar el racismo, uno de los males endémicos de la sociedad boliviana. La nueva norma que prevé el cierre de medios y juicios penales a quienes difundan ideas racistas. Llamativamente, los dueños de medios de comunicación y grupos de periodistas mantienen su resistencia porque creen que es un atentado a la libre expresión.

“La mordaza entra en vigencia y periodistas alistan batalla legal”, tituló hoy el diario La Prensa, calificando a la norma que intenta frenar el racismo como una mordaza para los periodistas.

En un nuevo intento por frenar la vigencia de la ley, organizaciones de periodistas abrieron libros para recolectar el suficiente número de firmas que obligue a someter la nueva ley a un referendum. Según las actuales normas en vigencia, para ese propósito es necesario el 6% del padrón electoral, algo más de 303 mil firmas, aunque los organizadores cren poder recolectar 1,2 millones de firmas.

“Hemos comenzado una cruzada bajo el amparo de la iniciativa legislativa ciudadana, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y se trata de una recolección de firmas para presentar un proyecto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y derogar estos artículos”, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Pedro Glasinivoc, un antiguo responsable de información durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Estamos en ese trabajo. Ésa es la idea, juntar la mayor cantidad de firmas posibles y en ese marco plantear la exigencia de la revisión de la Ley”, dijo informó Pablo Zenteno, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la prensa de Bolivia.

El artículo 16 de la ley según el cual “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a reglamentación” es uno de los que preocupa a los dueños de los medios de comunicación que podrían perder por esa vía la licencia de funcionamiento.

Para los grupos de poder este tema es especialmente sensible, porque los dueños de los medios estan estrechamente vinculados a los grupos de poder en Bolivia, que utilizan la comunicación como un arma para defender sus intereses. En el entorno de los grupos de poder la definen como “la fuerza aérea”.

El posible cierre de medios desató temores al desempleo, en grupos de periodistas. Para disipar esos temores el el gobierno ofreció transferir a los trabajadores la licencia de los medios, de modo que no exista pérdidas de fuentes de empleo ante eventuales intervenciones provocadas en motivos racistas. Sólo los trabajadores de la prensa de La Paz aceptaron el pedido.

El otro artículo que preocupa a losperiodistas es el 23, según el cual las sanciones previstas por casos de racismo “será agravada de uno a cinco años de prisión cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio o el propietario sin que pueda alegar inmunidad ni fuero alguno”.

El antecendente inmediato que preocupa a los periodistas es la existencia de al menos cuatro periodistas acusados de actitudes racistas. En 2008 uno de ellos, el periodista riberalteño Jorge Melgar, convocó desde su programa de radio a evitar la llegada del presidente Evo Morales a su región. “El indio maldito no tiene pisada en estas regiones”, dijo. Cuando fue detenido, intentó refugiarse en el fuero de periodista, a la par que las cadenas de televisión privadas informaban del hecho como un ataque a la libertad de prensa.

Estos dos articulos son entendidos por periodistas como atentatorios a la libertad de expresión y piden defender la vieja ley de imprenta vigente en Bolivia desde 1910. Sin embargo, aunque otros periodistas consideran que las dos disposiciones legales son vigentes.

“La libertad de expresión es respetada por el Gobierno y por la Constitución, pero no puede ser sinónimo de racismo y discriminación y de irrespeto a los ciudadanos”, dijo el presidente Evo Morales al promulgar la ley.

Pero también dijo que la nueva ley es parte de un proceso de cambios que ya no tienen retorno en Bolivia.

Analistas consideran que es posible que los impulsores de la iniciativa para convocar a un referendum logren recolectar las 303 mil firmas, aunque no creen que la mayoría de la población les apoye en el referendum.