(ABI).- El proyecto de ley contra el racismo y la discriminación corría el jueves por la noche trámite de sanción en el pleno del Senado boliviano, en medio de tensiones políticas en gremios de periodistas y empresarios mediáticos, por un lado y el gobierno del presidente Evo Morales y movimientos sociales, por otro.

La Cámara Alta boliviana debe tratar la ley que ha levantado una densa polémica en Bolivia, sometida a un hondo debate en desmedro sin embargo de los públicos, que entre jueves y viernes verán menguado el flujo informativo pese a la coincidencia monolítica de todos los sectores de la sociedad civil boliviana por sentar “la igualdad” y combatir el racismo.

De hecho, trabajadores del tabloide La Razón se declararon en huelga de brazos caídos y el impreso ofrecerá el viernes una edición limitada, se supo en fuentes sindicales.

La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (LCRTFD), que ya aprobó la Cámara de Diputados y que Naciones Unidas se anticipó en apoyar contundentemente, por vía de su representante en Bolivia, Dennis Racicot, levantó una serie de protestas por parte corporaciones de medios privados y gremios de periodistas opuestas en rotundo a que la norma sea sancionada inclusive dos artículos que conciernen a sus actividades.

Empresarios y periodistas, que han abierto piquetes de huelga y que manifestaron en diversos puntos del país andino amazónico, se oponen en rotundo y específicamente a dos artículos de la ley, que prescriben sanciones a quienes alienten, desde periódicos, radios, televisoras y medios electrónicos, expresiones racistas o de discriminación, que van desde multas pecuniarias hasta la suspensión de la licencia de operación.

Huelgas de hambre y una serie de presiones de multiplicaban a favor y contra la LCRTFD en inmediaciones de la Plaza Murillo, a unos de cuyos costados de alza el edificio del Palacio Legislativo, epicentro del debate más candente en Bolivia desde que en octubre de 2008 el entonces Congreso republicano aprobó la ley de referendo popular aprobatorio de la Constitución que rige desde febrero de 2009.

La Ley, cuyo origen se remonta a 2008, cuando pobladores indígenas provenientes de los Andes y subandino, fueron vejados y humillados por tal condición en las ciudades de Santa Cruz y Sucre, principalmente durante una intentona cívico prefectural para derrocar al gobierno constitucional de Evo Morales, el primer gobernante originario de Bolivia.

Más aún, después que medio centenar de campesinos quechuas fueron humillados en público, en la Plaza de Armas de la ciudad de Sucre, en un acto calificado por unanimidad de oprobioso y bárbaro.

La polémica, que envuelve a medios y periodistas, llevó a periódicos bolivianos a publicar en sus portadas inscripciones tales como “no hay democracia sin libertad de expresión” en páginas en blanco.

Desatados ya a media tarde los debates, en algunos casos encendidos, en la Cámara Alta, el senador oficialista David Sánchez alegó que “no hay libertad sin responsabilidad”.

La postura de los periódicos no fue estampada en editoriales y páginas de opinión e interpretación, sino en las portadas.

La consigna, que movió a la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, fue representada también radios y televisoras locales susceptibles de que la LCRTFD derive en el cierre de medios y en sanciones a comunicadores sociales que incentiven prácticas racistas en un país de mayoría indígeno mestiza.

Mientras resuenan los duros epítetos con que fueron tratados en el pasado reciente indígenas y mestizos, quechuas y aymaras, tales como “indios de mierda”, “raza maldita” y otros más duros aún, que implicaron golpizas impunes, movimientos sociales bolivianas han cerrado filas para que el Senado expida la LCDTFD tal como la aprobó Diputados y fue tejida por organizaciones progresistas activistas de la derechos humanos.

El racismo “es un mal nacional; debemos ser uno de los países más racistas del mundo”, dijo un comentarista en la ciudad de Santa Cruz, José Ros.

Sectores de la sociedad boliviana, en diversos puntos del país, se han declarado en estado de emergencia y en trance de movilización a la espera que el Legislativo expida la Ley sin modificación alguna, es decir con los dos artículos que han sensibilizado a empresarios mediáticos y periodistas que abogan por una libertad irrestricta de expresión y prensa.

El Jefe de Estado, uno de los bolivianos que ha sufrido en carne propia el racismo, cuando, pese a su condición de dignatario, fue maltratado por su condición de “indio analfabeto e ignorante”, y de hasta “cruce de llama (auquénido de la fauna de los Andes) con Lucifer” y también de “narcotraficante” por comentaristas mediáticos, aseveró que el racismo es un “problema estructural que debe acabar porque es un resabio de un pasado colonial que daña a la unidad del país”.

Dos días antes, Morales intentó interponer sus oficios para que se cambie uno de los artículos de la LCRTD, que alude a periodistas.

“Ha llegado la hora de acabar con las prácticas de racismo en Bolivia porque es la práctica más antidemocrática que existe en el mundo debido a que no respeta la igualdad entre los ciudadanos”, alegó el mandatario.

Morales llamó a los periodistas y propietarios de medios de comunicación a no confundir la libertad de expresión con expresiones racistas en los medios, nudo gordiano de la discusión que escala en Bolivia.

En una conferencia de prensa en el presidencial Palacio Quemado, en La Paz, Morales pidió “dejar se practique el racismo so pretexto de hacer uso de la libertad de expresión”.

Subrayó que erradicar el racismo es defender la “igualdad entre todos”, sin tomar en cuenta su origen, color, raza, sexo y nivel económico porque así lo establece la Constitución y es un acto de de justicia con la humanidad.

Un legislador opositor Bernard Gutiérrez pidió un referendo para que “sea el pueblo” el que apruebe en las urnas la ley, que de otra parte corría término de plazo en el Legislativo.

Hacia las 21h00 locales (01h00 GMT del viernes) los 36 miembros del Senado habían acordado la agenda del día en cuyo primer renglón figura el tratamiento de la LCRTFD.

El Senado debe tratar la Ley en sus dos estaciones, primero en grande, es decir en su concepto general, y luego en detalle, artículo por artículo.

Según observadores locales, la Ley, que podría ser tratada por tiempo y materia, podría también cursar en el despacho de Morales el viernes para su promulgación, publicación y vigencia.

Tras tal instancia procesal, el Ejecutivo postulará la reglamentación de la Ley con el concurso de los sectores concernido, es decir medios, periodistas y organizaciones sociales e indígenas, según las previsiones.

Morales pidió a los periodistas, que manifestaron en el mismo hemiciclo por la “libertad de expresión”, tranquilidad en el desempeño de sus funciones y garantizó la titularidad de sus derechos.

“En ese caso el investigado y sancionado por la justicia por racismo y discriminación será el entrevistado y no el medio de comunicación, ni el entrevistador”, manifestó el mandatario