(Datos & Análisis).- Exhorto a mis colegas periodistas bolivianos, a aquellos de buena fe y sana conciencia que son la mayoría, movilizarnos para intervenir en la Reglamentación de los dos artículos de la Ley Antirracista insulsamente estigmatizados, a partir de una franca compatibilización con la Ley de Imprenta. Ambas leyes persiguen exactamente los mismos objetivos de respeto al prójimo, de tolerancia y ética pública.

A pocos días de los sucesos sangrientos del 11 de enero del 2007 en Cochabamba (cuando “jóvenes kochalas” instigados y financiados por el entonces prefecto Manfred Reyes Villa salieron a las calles para apalear con bates de béisbol y palos de golf a campesinos indígenas y cocaleros que se concentraron en la ciudad), desde su programa “Aló Marianela”, la conspicua dirigente del MNR Marianela Montenegro —propietaria de un canal provincial que obtuvo alta audiencia citadina a gracias a que la compañía telefónica local le abrió una frecuencia en el sistema por cable—, pidió públicamente se me linche y se me impida circular por la ciudad debido a que expresé mi apoyo a las víctimas de aquella razzia durante una entrevista con la colega Amalia Pando en canal 7.

Marianela Montenegro (y no fue la primera vez) me llenó entonces de insultos desde sus cámaras con frases tales como “enano masista”, “alcohólico”, “drogadicto”, “pervertido sexual”, “títere de Quintana”, etcétera, convocando a su teleaudiencia a realizar llamadas para agravar ese linchamiento mediático con más insultos de gente anónima, cuya consecuencia fue que, al día siguiente, recibí una agresión por parte de un “joven kochala” quien, directamente influido por la campaña televisiva de Montenegro, me atacó verbal y físicamente en una vía pública cercana a mi domicilio, lo cual me obligó a asumir defensa propia y terminar firmando un compromiso de no agresión ante efectivos de la Policía.

Si en aquel momento hubieran estado vigentes la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, no cabe duda que habría iniciado el correspondiente juicio contra Marianela Montenegro, exigiendo su encarcelamiento y la clausura de su canal, por haber puesto en serio riesgo mi vida y la seguridad de mi familia debido al uso delictivo de su medio de comunicación. Lo haré si la ley es retroactiva.

Y no podría Montenegro ampararse en la Ley de Imprenta reclamando su “derecho a la libre expresión”, pues con ese accionar delictivo originado en su tendencia política racista y su ideología discriminatoria, esta mujer violó la propia Ley de Imprenta, lo cual demuestra que aquella antigua y benemérita ley es tan afín y compatible con la nueva Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

Exhorto por tanto, a mis colegas periodistas bolivianos, a aquellos de buena fe y sana conciencia que son la mayoría, movilizarnos para intervenir en la Reglamentación de los dos artículos de la Ley Antirracista insulsamente estigmatizados, a partir de una franca compatibilización con la Ley de Imprenta, la misma que, además, debe ser modernizada en su letra preservando su espíritu.

Ambas leyes persiguen exactamente los mismos objetivos de respeto al prójimo, de tolerancia y ética pública, como demuestro a continuación mediante el siguiente cuadro comparativo:

Ley Contra el Racismo

Ley de Imprenta

Artículo 16

“El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a reglamentación”.

Artículo 10

“Se delinque contra la Constitución en los escritos que se dirijan a trastornar, destruir o inducir a su inobservancia, en todo o parte de sus disposiciones”.

Artículo 11

“Se delinque contra la sociedad, en los que comprometan la existencia o integridad de la Nación, o expongan a una guerra extranjera, o tiendan a trastornar la tranquilidad y orden público, o inciten o sostengan conmociones o desobediencia a las leyes o a las autoridades, o provoquen la perpetración de algún delito, o sean obscenos o inmorales”.

Artículo 23

“La sanción será agravada de uno a cinco años de prisión cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio o el propietario sin que pueda alegar inmunidad ni fuero alguno”.

Artículo 1

“Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.

Artículo 2

“Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento:

a.- los que firmen como autores una publicación;

b.- los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas;

c.- los editores.

Si los que aparecieran firmando una publicación como autores de ella no fuesen personas jurídicamente responsables, o no tuviesen la solvencia necesaria para responder por los delitos denunciados, será el director, y en su defecto el editor, el responsable. (…). La responsabilidad de las personas señaladas no es conjunta ni mancomunada, sino sucesiva, y se establece en el orden determinado”.

Artículo 14

“Nadie puede ser admitido a probar la verdad de hechos difamatorios, sino contra los funcionarios públicos o gerentes de sociedad anónima o en comandita, por acciones sobre imputaciones relativas al ejercicio de sus funciones”. (…).

Artículo 28

“Corresponde al Jurado de Imprenta el conocimiento de los delitos de imprenta, sin distinción de fueros; pero los delitos de injuria y calumnia contra los particulares, serán llevados potestativamente ante el Jurado o los tribunales ordinarios. Los funcionarios públicos que fueses atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado. Mas, si a título de combatir actos de los funcionarios públicos, se les injuriase, difamase o calumniase personalmente (en su vida privada, nr), podrán éstos querellarse ante los tribunales ordinarios”. (…).

* El autor es director del periódico Sol de Pando.