¿Qué pasó el 30 de septiembre en Ecuador? Estalló una “conspiración” para perpetrar un “golpe de estado”, definió el Presidente Rafael Correa; fue una “tentativa golpista” contra el gobierno legítimo, según Atilio A. Boron; se trató de otra conjura del “imperialismo yanqui” contra el ALBA, afirmaron a coro centenares de dirigentes, intelectuales y militantes del “socialismo del siglo XXI”. Para la Conaie y otras organizaciones de izquierda, fue una rebelión social contra un gobierno cada vez más derechista, autoritario y antipopular.

La sublevación de la tropa de la Policía Nacional que se activó a primeras horas del pasado jueves en la capital de Ecuador se extendió rápidamente hasta Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Loja, Esmeraldas y otros distritos, pero al caer la noche fue derrotada por el Ejército y los movimientos sociales, y aislada por la efectiva presión diplomática internacional.

El amotinamiento del pequeño grupo de uniformados no resistió ni 24 horas y pasó a la historia como una frustrada “intentona golpista” contra el gobierno “progresista y democrático” del Presidente Correa.

Evo Morales fue el primer Presidente que acusó directamente al “imperialismo yanqui” de ser el autor intelectual de la conspiración derechista en Ecuador, y de inmediato varios dirigentes políticos y líderes sociales reprodujeron su versión.

El imperialismo refuerza su presencia y control en zonas estratégicas ricas en recursos naturales y usas fuerzas militares, económicas y diplomáticas para intervenir países contestatarios y críticos del sistema neoliberal, como los “gobiernos progresistas y democráticos emprendedores de una política nacionalista”, interpretó la diputada Norexa Pinto, vicepresidenta de Relaciones Interparlamentarias del Grupo Venezolano ante el Parlamento Latinoamericano.

Pinto recordó que el imperialismo promueve un bloqueo criminal contra el pueblo cubano y es responsable directo del golpe de Estado y la permanente desestabilización en Venezuela; del genocidio y racismo contra del pueblo boliviano; del golpe de Estado y la represión en Honduras, y del intento de golpe del 30 de septiembre de 2010 con el objetivo de “derrocar” al gobierno de Correa “en complicidad con la oligarquía quiteña”.

Es mentira que los policías se hayan levantado por una “supuesta desmejora” de sus condiciones de vida; “simplemente los golpistas son instrumento de los sectores políticos conservadores y empresariales del Ecuador y piezas del imperialismo yanqui para derrocar a un gobierno revolucionario…”, sentenció la legisladora venezolana.

El “imperialismo yanqui”, la “bestia enloquecida”, está buscando pretextos para atacar a los pueblos de América Latina; “le toca al heroico pueblo ecuatoriano enfrentar y derrotar a los esbirros de la bestia que han tomado como rehén al Presidente Rafael Correa y lo tienen secuestrado en el Hospital Policial de Quito”, describió la fracción maoísta del Partido Comunista de Bolivia.

El PCmlm-Bolivia afirmó que “el golpe de Estado fraguado por el imperialismo, las transnacionales y el Pentágono, esta vez en complicidad de la policía ecuatoriana y la pasividad del Ejército, está dirigido contra la gran corriente liberadora que se extiende por el continente y amenaza acabar con el dominio imperialista”.

El director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED) Atilio A. Boron evaluó que la “abierta insurrección” policial “en contra del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que no es otro que su presidente legítimamente electo”, fue una típica intentona golpista pro derechista similar a las revueltas de Venezuela en 2002, de Bolivia en 2008 y al golpe en Honduras en 2009.

“Todos los oligopolios mediáticos ofrecieron una versión distorsionada” de los hechos como si se tratara de una “sublevación policial”, “evitando cuidadosamente hablar de tentativa de golpe de estado”. “Es un viejo ardid de la derecha, siempre interesada en restar importancia a las tropelías que cometen sus partidarios y a magnificar los errores o problemas de sus adversarios”, opinó Borón.

De esta forma, Correa, Morales, Borón, los simpatizantes de la “revolución democrática” y todos los militantes del “socialismo del Siglo XXI” salieron en defensa del “orden constitucional” y de la “democracia”, y fustigaron con dureza a los insurrectos, negando de plano la legitimidad de sus demandas.

La otra versión

Es probable que la profusa propaganda y el apasionamiento político hayan confundido a muchos “analistas” y les hayan impedido de ver el trasfondo de la violenta revuelta en la que murieron al menos seis personas.

Analizando con cabeza fría, ¿una rebelión policial –supuestamente alentada por el opositor Lucio Gutiérrez y por algunos grupos marginales de izquierda y del movimiento Pachakuti– sin apoyo de la derecha local y del gobierno de Estados Unidos puede calificarse como “golpe de estado”? Hay que recordar que la derecha ecuatoriana y el propio Departamento de Estado respaldaron plenamente al gobierno de Correa.

La crisis policial de Ecuador se parece mucho más al motín de uniformados de febrero de 2003 en Bolivia contra el “impuestazo” al salario que pretendió imponer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La chispa de la insurrección policial en Ecuador fue el proyecto de Ley de Servicio Público del gobierno que ha sido rechazado por el movimiento popular y sindical porque elimina varios beneficios sociales y bonificaciones extraordinarias para los trabajadores y la tropa policial.

El proyecto de ley anula ciertos derechos de los trabajadores del sector público, incluidos policías y militares, como por ejemplo beneficios de jubilación, el derecho a pensiones, premios y otros, aseguró el vicepresidente de CEDECUT Edwin Medoya.

Los diputados de la oficialista Alianza País votaron en la Asamblea Nacional a favor de una ley acordada previamente con los trabajadores públicos, pero en un segundo debate el presidente Correa vetó la norma consensuada.

La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) y el izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD) explicaron que el principal responsable de la crisis política fue el propio gobierno de Correa, que “en vez de satisfacer las inmensas necesidades y reclamos de las masas ecuatorianas ha facilitado la implantación de la minería a gran escala; la privatización y concentración del agua y la expansión de la frontera petrolera”.

Según el vocero del MPD Stalin Vargas, el gobierno de Correa se ha ido derechizando y en la actualidad promueve un nuevo código de trabajo que privilegia a los empresarios y que podría dejar sin trabajo a 200 mil servidores públicos, dando continuidad a la vieja política económica neoliberal.

La insubordinación de la Policía, más allá de sus demandas inmediatas, demuestra que “un proceso de cambio, por más débil que sea, corre el riesgo de ser derrotado o juntarse a la derecha, nueva o vieja, si no establece alianzas con los sectores sociales populares organizados y se profundiza progresivamente”, advirtió la Conaie en un pronunciamiento público firmado por el presidente de la Conaie Marlon Santi, el presidente de Ecuarunari Delfín Tenesaca, el presidente de Confenaie Tito Puanchir y el presidente de Conaice Olindo Nastacuaz

La Conaie afirma que “mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y deslegitimar a los sectores organizados como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni siquiera dentro de los aparatos del Estado…”.

Frente a las críticas y a la movilización de las comunidades en contra de las transnacionales mineras, petroleras y agrocomerciales, el gobierno de Correa responde con violentas represiones, como la ocurrida en Zamora Chinchipe, en total alianza con los sectores empresariales emergentes más reaccionarios, se queja la Conaie.

El movimiento indígena ecuatoriano manifestó ante la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional su “rechazo a la política económica y social del gobierno”, y consideró que la crisis social del jueves ha sido “provocada por el carácter autoritario y la no apertura al dialogo en la elaboración de las leyes. Hemos visto como las leyes consensuadas fueron vetadas por el Presidente de la República, cerrando cualquier posibilidad de acuerdos”.

La Conaie convocó a sus bases a mantenerse en alerta de movilización “contra el modelo extractivista” y en defensa de la verdadera democracia Plurinacional y de los “derechos de los trabajadores afectados por la arbitrariedad con que se ha conducido el proceso legislativo, conociendo que son reclamos legítimos”.

La organización indígena exigió al presidente Correa que abandone su “actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes (porque) ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la derecha y crea escenarios de desestabilización”.

Los sectores sociales críticos reiteraron que el gobierno de Correa está obligado a rectificar el proyecto de ley servicio público porque vulnera los derechos de los trabajadores y del pueblo de Ecuador.