Casi un 75 por ciento de la población carcelaria en Bolivia permanece en las cárceles sin sentencia. Una tercera parte de ésta está recluida como consecuencia del carácter draconiano de la ley de drogas boliviana, la Ley 1008. Aunque el Gobierno de Evo Morales anunció que modificaría la ley, las modificaciones se han centrado en la regulación de los cultivos de coca, y no en las tremendas repercusiones de la ley en la situación carcelaria y en el sistema de justicia penal.

Desde cuando asumió la responsabilidad de gobernar el país, Evo Morales mencionó entre sus proyectos de reforma la actual ley de drogas, más conocida como Ley 1008. Recientemente, a raíz de la descertificación de Bolivia por parte de los Estados Unidos, la oposición política anunció que trabajaría en una propuesta de reforma que “.. . endurece sanciones, penas y sobre todo establece nuevos parámetros sobre el manejo del cato de coca, tenencia y venta ilícita de hojas de coca”. El partido gobernante, el MAS, anunció de igual manera una propuesta de modificación cuya naturaleza se desconoce aún. Además, la nueva Constitución Política del Estado incluye una referencia a la hoja de coca que va en contradicción con la ley vigente.

Pero lo que realmente debería ser la razón fundamental para su abrogación, o su revisión crítica, es la deplorable situación carcelaria en el país como consecuencia de la Ley 1008, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que desde 1988 rige la práctica jurídica en el país.

Aunque posteriormente la ley sufrió modificaciones que le quitaron las características plenamente anticonstitucionales – que en su época fueron tachadas de aberrantes y vergonzosas – como la reversión de la presunción de inocencia, adecuándola al código penal y reformando sus procedimientos, la ley padece aún de una serie de problemas de forma y fondo. La ley 1008 es responsable de la reclusión de gran parte de la población carcelaria en Bolivia. Entre la cual no se encuentran, como todo el mundo sabe, los peces gordos.

En general la situación carcelaria en Bolivia causa preocupación entre las instituciones que vigilan los derechos humanos en el país: el Defensor del Pueblo indica que, según los datos de diciembre de 2009, de los 8.073 internos en las cárceles, el 74 por ciento carecía de sentencia. Este año el número de reclusos es de casi 9.000, de los cuales cerca de un 75 por ciento, más de 6.000, no tiene condena.

En los últimos años ha bajado el número de detenidos por la 1008, de 47 por ciento en 2005 a 30 por ciento en 2009. No obstante, la aplicación de esta ley es todavía la segunda causa de reclusión en el país. Una explicación plausible a este descenso tiene que ver más con las prácticas en los procesos de producción de cocaína – que actualmente precisan un número mucho menor de mano de obra – que con cambios en las prácticas jurídicas o la interpretación que le den las cortes penales. El descenso no es tampoco un indicativo de que la producción de cocaína hubiera disminuido en país.

La 1008 es una ley híbrida, porque contiene, por una parte, disposiciones de orden socio económico en relación a la hoja de coca, y por la otra, materias propias del derecho penal. Hasta ahora toda la atención de la reforma ha estado enfocada en la primera parte, en donde el llamado “Régimen de la Coca” está sujeto a propuestas de reformas críticas enteramente justificables. Pero es preocupante ver que hasta ahora nadie se ha preocupado por la segunda parte de esta ley, su tipificación exagerada del delito de tráfico, su imprecisión y vulneración de los derechos, entre ellos por el alto nivel de punición fuera de toda proporción.

¿Cómo se explica por ejemplo que un caso de asesinato puede poner a una persona tras las rejas por diez años, mientras que por transporte, posesión, entrega, depósito, donación o suministro de cocaína la pena podría llegar hasta 25 años? Además, ¿quiénes son realmente las personas que están actualmente encarceladas? En una visita a la cárcel de mujeres en Cochabamba hace dos años, tuvimos la oportunidad de escuchar las historias de varias mujeres – todas jóvenes y de origen humilde – que nos causaron un profundo asombro y gran tristeza. Muchas de ellas tenían puestas sus esperanzas en la reforma anunciada y que los cambios fueran favorables a su situación.

El TNI y WOLA publicarán en diciembre un informe sobre leyes de drogas y cárceles que aportará más datos sobre la situación de los reclusos por drogas en Bolivia y de 7 otros países en América Latina.

* Fuente: http://www.druglawreform.info/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=83%3Aweblog&id=663%3Abolivia-necesita-con-urgencia-una-reforma-a-la-ley-de-drogas&Itemid=8&lang=es