(PL y Radio Caracol).- Al político latinoamericano que no se subordinada a Estados Unidos se le califica, en cualquier sentido y por la más banal razón, como enemigo de ese país. Tal parece ser la lógica de las autoridades estadounidenses y de otros factores de poder allí, cada vez que emerge un proceso político independiente del dictado o de los intereses de Washington.

Es la rémora del “patio trasero” a que fue sometida Latinoamérica hasta el primero de enero de 1959, triunfo de la revolución cubana. Ese día se inició un proceso político dignificador de la región al sur del Río Bravo, desde el poder.

Estados Unidos, más de 50 años después de lograr la supremacía dominante en el mundo, a costa de España y del pueblo cubano en este caso, se consagró como naciente poder hegemónico mundial, a inicios del siglo XX.

Si bien su papel en la Guerra Hispano-Cubana-Americana lo condujo a iniciar la centuria con predominio sobre los viejos imperialismos europeos, el triunfo popular en Cuba, 50 años después, inició un proceso hacia el nuevo horizonte regional.

Desde 1964 con el golpe de Estado contra Joao Goulart en Brasil hasta el 11 de septiembre de 1973 en el Chile de Salvador Allende, se transitó por una larga estela de represión y dictaduras en Latinoamérica.

Los objetivos del Norte y de sus aliados nacionales en los países que sufrieron los efectos del golpismo fueron consagrar el dominio de Estados Unidos y de aquellas clases sociales que se le subordinaban en virtud de sus intereses.

Desde el punto de vista práctico más inmediato, Norteamérica pretendía, a la vez, capitalizar la deuda externa que contrajeron estas naciones, a partir del dinero excedente en la banca estadounidense y aliada, a costa de la pobreza latinoamericana.

Para ello expandió políticas económicas neoliberales, mediante las cuales obtenía dividendos directos y sus empresas transnacionales adquirirían, a precio de remate generalmente, las riquezas nacionales y los recursos naturales latinoamericanos.

Paralelamente se redujeron los gastos sociales en salud, educación y pensiones, a la vez que disminuyeron las fuentes de empleo y los salarios. Como escape, se extendió la llamada economía informal, en lacerantes condiciones de pobreza.

En sentido contrario, las fuerzas más progresistas de la región lucharon dramáticamente, desde inicios de los sesentas y aún antes, por lograr verdaderos cambios sociales que libraran a la región de la pobreza y del lastre dominante.

De acuerdo con el análisis: Las Comisiones de la Verdad en América Latina, de Esteban Cuya, el poder militar se entronizó en Paraguay en 1954, Brasil en 1964, Perú (1968), Uruguay (1972), Chile (1973), Argentina (1976) y en Bolivia reiteradamente, entre otros países.

Los nombres de los generales Alfredo Stroessner, Rafael Videla y Augusto Pinochet, del coronel Hugo Banzer y del civil José María Bordaberry, se tornaron conocidos para miles de víctimas y para muchos hombres y mujeres solidarios en diversas partes del mundo. En algunos de estos países, gobiernos elegidos democráticamente se pusieron bajo la tutela militar, como ocurrió en el suramericano Uruguay y los centroamericanos Guatemala, El Salvador y Honduras.

El referido autor recuerda en la Revista Memoria que los regímenes militares no solo aspiraban a eliminar las señales de una supuesta subversión en sus países, sino a construir estructuras económicas y políticas en el marco de la doctrina de Seguridad Nacional.

Añade que como “modernización” se entendía la implantación del capitalismo, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica, al que se le consideraba como el único modelo posible para las naciones latinoamericanas.

En el contexto de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, refiere, todo aquel que se oponía a la construcción de (aquel) proyecto político económico era considerado como enemigo de la patria, y por tanto, tenía que ser perseguido y eliminado.

En América Latina, las torturas, los secuestros, las desapariciones forzadas, el genocidio, el destierro, se convirtieron en una realidad cotidiana que envolvió a miles de personas en el contexto de sociedades militarizadas controladas por medio del terror.

Al respecto, el autor refiere que en casi todos los países del continente “fueron diversos los casos de abdicación del Poder Judicial ante la prepotencia” de los gobiernos y de las fuerzas armadas, como consecuencia de lo cual se cometieron flagrantes violaciones a los derechos humanos, en la más absoluta impunidad.

Argentina y Chile son dos de los ejemplos más notorios, en este contexto, de la violación masiva y flagrante de los derechos humanos de miles de latinoamericanos, nacionales o no, pues en estos y otros casos fueron ultimados también extranjeros progresistas.

Comisiones de la Verdad pudieron corroborar que aquellos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las fuerzas armadas, que se valieron de una “tecnología del infierno”, según las miles de denuncias y testimonios de las víctimas.

Solamente en Argentina, los organismos de derechos humanos contabilizaron cerca de 30 mil asesinados y desaparecidos y asesinados, de los cuales el 80 por ciento tenía entre 21 y 35 años de edad.

Luego del derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende, en Chile, dos mil 279 personas murieron o desaparecieron como víctimas de la violación a sus derechos humanos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, según una voluminosa investigación de 635 páginas realizada por la Comisión de la Verdad.

Semejantes investigaciones se realizaron sobre crímenes de esta naturaleza cometidos en Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y algunos países más de la región, aunque no siempre con los resultados perseguidos. Aún se encuentran en Argentina hijos de desaparecidos, a los cuales se les ha mantenido peor que secuestrados hasta el presente y nadie sabe hasta cuándo.

En Brasil, la investigación de la comisión Nunca Más indicó que en el período de 1964 a 1979 se registraron, según Esteban Cuya, 125 casos de ciudadanos desaparecidos por motivos políticos, algunos de los cuales fueron enterrados por la policía con nombres falsos.

Después de 20 años críticos, en Latinoamérica avanzaron los procesos democráticos y más recientemente han venido consolidándose gobiernos con manifiestas políticas de profundización social, sobre todo a partir del triunfo del presidente venezolano Hugo Chávez en 1998.

A sus reiterados éxitos electorales han sucedido los de Evo Morales en Bolivia, Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, los Kirchener en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, los gobiernos democráticos posteriores a Pinochet en Chile y de Rafael Correa en Ecuador, entre otros.

Sin embargo, noticias24 y otros medios publicaban el 28 de junio de 2009 Golpe de Estado en Honduras: expulsan a Zelaya y detienen a Ministros, luego de que “desde tempranas horas de la mañana”, según la agencia española EFE, “decenas de militares habían rodeado las zonas aledañas a la residencial del Presidente”.

América Latina reaccionó con rechazo unánime ante el retorno de la violencia castrense y de la derecha más reaccionaria en la región, respecto de lo cual se alzaron voces que alertaron sobre el riesgo de una vuelta a los crímenes horrendos y a las violaciones de derechos elementales, años atrás.

Una de aquellas voces contrarias a tales prácticas antidemocráticas fue la del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien este 30 de septiembre denunció desde un hospital lo que califica como “una conspiración” mediante la cual “no van a lograr absolutamente nada”.

En declaraciones a la Radio Pública, declaró que elementos policiales estaban tratando de ingresar a su habitación por la fuerza y reiteró: “No voy a claudicar”, a la vez que insistió, ante la eventualidad de ser asesinado: “Si algo me pasa, reitero siempre (que) mi amor por la Patria es infinito y por mi familia”.

Ante esto se retoma la pregunta: ¿Retornan en América Latina los golpes de Estado contra el nuevo liderazgo? ¿Se atenta una vez más contra la democracia, como también en reiteradas ocasiones se ignoran, atacan o difaman los más sonados éxitos de fuerzas progresistas latinoamericanas?

A la luz de la historia, las fuerzas del retroceso persisten.

Cronología golpista en los últimos 40 años en Ecuador

Al menos ocho golpes de Estado se han reportado en la historia de Ecuador en los últimos 40 años. A continuación Prensa Latina ofrece una cronología sobre los principales hechos golpistas desde 1970 hasta hoy:

1970.- Junio 22: El presidente José María Velasco Ibarra, caudillo elegido por quinta vez en 1968 y conocido despectivamente como El Loco, se declara dictador, clausura la Universidad Central y devalúa la moneda a 25 sucres por dólar.

1972.- Febrero 15: Velasco Ibarra es destituido por el Ejército y desterrado. El general Guillermo Rodríguez Lara (apodado Bombita) asume la Presidencia y proclama el inicio de la Revolución Nacionalista.

1975.- Septiembre 1: El general Raúl González Alvear dirige un intento de rebelión en Quito, con el propósito de derrocar al general Rodríguez Lara. Se domina la sublevación pero deja 17 soldados muertos y 80 heridos, a más de serios daños materiales en el Palacio de Carondelet.

1986.- Marzo 7: El general Frank Vargas Pazos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se rebela contra el gobierno en Manta; el Presidente León Febres Cordero y Vargas Pazos llegan a un acuerdo. Marzo 13: Acusando a Febres Cordero de no cumplir con el acuerdo de Manta, Vargas Pazos inicia otra sublevación en la base aérea de Quito. Marzo 14: Vargas Pazos es detenido, tras un corto intercambio de disparos.

1987.- Enero 16: Comandos de la Fuerza Aérea secuestran al presidente Febres Cordero en la base aérea de Taura y consiguen la libertad de Vargas Pazos. El Congreso pide a Febres Cordero que renuncie. El Presidente disuelve las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea y ordena el enjuiciamiento de 30 de sus miembros.

1997.- Febrero 5: Un paro general en el país es organizado por partidos políticos, empresarios, gremios laborales y ciudadanos descontentos con la política económica y corrupción del régimen del presidente Abdala Bucaram Ortiz.

Febrero 6: El Congreso destituye a Bucaram por incapacidad mental, declara vacante la Presidencia y designa por simple mayoría a Fabián Alarcón como “presidente interino”.

Febrero 7: La vicepresidenta Rosalía Arteaga Serrano se proclama legalmente Presidenta.

Febrero 9: El Congreso tiene que dejar sin efecto la designación de Alarcón como Presidente Interino de la República y encargar temporalmente la presidencia a Rosalía Arteaga para salvar las formalidades jurídicas.

Febrero 11: Tras la obligada renuncia de Arteaga, Fabián Alarcón es elegido “Presidente Interino” de la República por las dos terceras partes del Congreso y se posesiona del cargo el mismo día; Rosalía Arteaga Serrano reasume la Vicepresidencia.

2000.- Enero 9: Jamil Mahuad “dolariza” la economía a 25 mil sucres por dólar estadounidense.

Enero 21: Apoyados por miles de indígenas y con la complicidad de muchos oficiales del ejército y la policía, Antonio Vargas (líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), el coronel Lucio Gutiérrez y Carlos Solórzano (ex – presidente de la Corte Suprema de Justicia), autoproclaman una “Junta de Salvación Nacional” y destituyen al presidente Mahuad. El Alto Mando de la Fuerzas Armadas desconoce la Junta.

Enero 22: El poder es entregado al vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano.

2005.- En las elecciones de 2002 ganó el coronel retirado Lucio Gutiérrez, al candidato Álvaro Noboa del partido PRIAN, considerado el hombre más rico del país. Gutiérrez fue derrocado el 20 de abril de 2005, en su lugar asumió el vicepresidente Alfredo Palacio, quien ostentó poder hasta el 15 de enero de 2007.

2010.- Septiembre 30. Una rebelión de un sector de la policía, intenta derrocar al presidente constitucional Rafael Correa.