La Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Confederación de Trabajadores de la Prensa y la Fundación UNIR exigen modificar el enfoque punitivo del proyecto de Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación que vulnera el derecho a la libre expresión. El presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta solicitaron a las asociaciones y gremios de la prensa que propongan correcciones y enmiendas en un plazo de 15 días.

La ANP y otras organizaciones de la prensa expresaron su desacuerdo con algunos artículos del proyecto de Ley contra el Racismo, aprobado en primera instancia en la Cámara de Diputados, y ahora sometido al análisis en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores.

El artículo 6 (prevención y educación) de la norma establece que los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación, en relación a su responsabilidad de generar opinión pública conforme a la Constitución Política del Estado.

El artículo 6 dispone que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como el internet, eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio.

Los gremios periodísticos consideran que algunas disposiciones de la norma están “fuera de lugar”, especialmente el artículo 16 que viabiliza el cierre de medios de comunicación que difundan mensajes discriminatorios y racistas, responsabilizándolos directamente por las opiniones e informaciones de sus fuentes.

El Artículo 16 señala textualmente: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento,sujeto a reglamentación”.

Periodistas de Santa Cruz marcharon este viernes en la capital oriental en repudio a la norma: “No estamos en contra de la lucha contra el racismo, pero creemos que no se va a combatir el racismo cerrando medios de comunicación y dejando a cientos de trabajadores en la calle”, declaró el dirigente de la prensa cruceña Roberto Hurtado.

“Una ley que quiera acallar a todos los medios tiene una intención y un trasfondo político. Por eso la bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Senadores nos comprometemos a luchar para que ese polémico artículo sea derogado”, dijo el presidente de la brigada parlamentaria cruceña Jorge Flores.

Comienza el debate

El jueves de esta semana, el presidente de la Comisiónde Constitución del Senado Eduardo Maldonado y representantes de cuatro asociaciones y federaciones de periodistas comenzaron a negociar las modificaciones del proyecto de Ley antirracista, sobre todo del polémico artículo 16.

“Saludo que las organizaciones estén dialogando con los miembros de la Asamblea Legislativa. Espero que en esa discusión se busque un mecanismo sano, idóneo, responsable y correcto parasancionar excesos sin poner en peligro la libertad de expresión y el derecho que tiene todo ciudadano al trabajo”, comentó el vocero presidencial Iván Canelas.

El senador Maldonado precisó que las organizaciones de la prensa “sólo observan un par de artículos”, les pidió propuestas en un plazo de 15 días y recordó que la comisión de Constitución reanudará el análisis del Proyecto de Ley el 27 de septiembre.

“Vemos que hay buena predisposición para llegar a un consenso principalmente en la redacción de los artículos que observamos”, declaró el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz Pedro Glasinovic y anunció que el sector expondrá sus argumentos para rectificar los artículos observados en una audiencia pública que se realizará en octubre.

En la reunión preliminar, las organizaciones de la prensa recalcaron que están absolutamente de acuerdo y respaldan una ley contra el racismo y la discriminación; sin embargo, cuestionan el enfoque punitivo de la norma.

En una carta pública difundida este viernes, la Fundación UNIR Bolivia afirma que es fundamental que el Estado cuente con una política destinada a eliminar todas las formas de discriminación basadas en supuestos de superioridad racial de cualquier grupo poblacional, “pero preservando la libertad de expresión”.

UNIR sostiene que es indispensable que la lucha contra el racismo y la discriminación sea democrática en su concepción, definición y aplicación; que esté enmarcada en la Constitución, y que asuma los principios y acuerdos de los instrumentos internacionales relativos a la materia, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

UNIR recuerda que uno de los pilares de la campaña de prevención y erradicación de la discriminación es el derecho a la información y la comunicación, con las libertades que comprende: de pensamiento, expresión, opinión, prensa, réplica, rectificación, acceso, asociación, participación, disidencia y otras afines.

El Proyecto de Ley contra el Racismo incluye varias disposiciones relativas al derecho a la libre expresión (Prevención y educación, delitos contra la dignidad del ser humano…), pero, contradictoriamente, también alienta formas de autorregulación para los medios de difusión e incorpora limitaciones a las libertades de expresión y prensa, observa la Fundación UNIR.

El proyecto de ley no distingue entre el acto de publicar información periodística y hacer propaganda, apología o promoción deliberada de ideas o conductas discriminatorias y violentas. Tampoco reconoce la diferencia entre la responsabilidad de la fuente de un mensaje con contenido discriminatorio y la del medio que lo difundió.

“Esa falta de precisión podría dar lugar a vulneraciones de derechos en la aplicación de la norma, por lo que cabe recordar que los acuerdos internacionales de los que Bolivia es signataria establecen que el ejercicio del derecho a la información y la comunicación no puede estar sujeto a mecanismos de censura previa sino a responsabilidades ulteriores claramente fijadas por ley. Esto quiere decir que cualquier restricción debe ser compatible con el principio democrático de la libertad”, enfatiza UNIR.

Además, en la concepción de la ley “prevalece un enfoque punitivo”, en vez de privilegiar la prevención y “un componente educativo capaz de incorporar a la sociedad civil y a todas las instituciones y organizaciones en la sensibilización y lucha contra todas las formas de discriminación”.

Por todas esas razones, la Fundación UNIR Bolivia solicita a la Asamblea Legislativa que evalúe exhaustivamente y modifique el proyecto de ley “a fin de que su aprobación represente un avance efectivo en la democratización de la sociedad boliviana al igual que una ratificación concreta de la vigencia de los derechos individuales y colectivos”.