En los últimos días se ha suscitado un debate tanto en las instancias de poder, así como en diferentes ámbitos de la sociedad civil, respecto al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, para combatir el racismo y la discriminación. De manera insistente los gremios que asocian a propietarios de los medios de difusión, así como a periodistas, han cuestionado el tenor del Art. 16 del proyecto de marras, al tiempo de imputar al gobierno la intención de atentar contra los medios a través de lo que en los próximos días se convertirá en un nuevo instrumento que se integre a la complicada ingeniería jurídica boliviana.

Los que impugnan el citado documento están omitiendo el antecedente importante de que, en este caso, la iniciativa no tuvo su origen en el Gobierno, como ocurrió con un conjunto de normas aprobadas bajo el paraguas de la ostensible mayoría existente en la Asamblea Legislativa Plurinacional a favor del MAS, sino que, emergió de la inquietud legítima de muchas organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos humanos, las que lograron que el Estado a través de la instancia parlamentaria ponga en agenda este delicado tema, de modo que son estas entidades las que, concientes de que la discriminación en Bolivia es una asignatura pendiente que hasta ahora el Estado no lo supo resolver, las que impulsaron el debate y aprobación del susodicho proyecto. Así lo acaban de reconocer a través de comunicados públicos.

Al margen de este antecedente es importante reflexionar sobre las formas consuetudinarias a través de las cuales, la discriminación, especialmente la de orden racial adquirió carta de ciudadanía en el país, vinculándosela con el interés comercial de empresas y también con ese permanente afán de menoscabar al otro o preservar un determinado estatus económico social. En ese sentido la discusión que emergió estos últimos días respecto al proyecto, está omitiendo lo principal, cómo hacemos que la norma, una vez promulgada por el Presidente, ayude en forma efectiva a extinguir el flagelo de la discriminación en una sociedad de discriminadores frontales y disimulados. Hago esta reflexión porque con impotencia advierto que, el Estado boliviano si bien se ha caracterizado en los últimos años por suscribir y ratificar convenios internacionales sobre derechos humanos, dictar leyes protectivas a favor de determinados sectores vulnerables, lo cual es ponderable, sin embargo hizo muy poco para que esos instrumentos jurídicos se plasmen plenamente en la realidad, omitió la trascendental tarea de crear verdaderos mecanismos protectivos que beneficien a la población, permitiendo el ensanchamiento entre la norma jurídica y la realidad fáctica, es decir, por un lado se avanza y por el otro se retrocede.

Es que la discriminación forma parte de la diaria convivencia, estáinmersa y enraizada en diferentes actitudes humanas que hasta pasan desapercibidas, pero que igual son efectivas en su cometido. Aún se advierten publicaciones en los medios escritos donde se ofrece determinado trabajo y se exige como requisito principal “buena presencia” o se piden a los interesados enviar fotografías. En las principales capitales del país, hoteles de cinco estrellas, restaurantes continúan practicando el “derecho de admisión” como forma sutil de discriminación racial. Aún muchas personas al verse discriminadas en sus derechos optan por cambiarse de apellido, como estrategia de sobrevivencia. Personas con capacidad distinta, mujeres, indígenas también son víctimas cotidianas de esta discriminación. Por tanto no distraigamos la tarea principal, la norma no lo conseguirá todo, es más importante ponernos de acuerdo para implementar una verdadera tarea de concientización ciudadana respecto a la necesidad de vernos y sentirnos iguales.

* Fue Defensor del Pueblo de Bolivia.