La tendencia antioficialista encabezada por la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) estuvo a un paso de expulsar a la alianza PCB-MAS de la dirección de la CTEUB, amplió su influencia a nivel nacional, y demostró que puede convertirse en la dirección real del magisterio boliviano en el futuro inmediato porque encarna las aspiraciones de los maestros de base.

El mandato mayoritario de las bases era barrer con el PCB y el MAS, pero el oficialismo logró mantener el control de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) en el XXII Congreso Ordinario del sector realizado en la ciudad de Cobija.

Para entender lo que ocurrió en el evento sindical es preciso partir del hecho de que los congresos de cualquier sector no expresan fielmente las necesidades y aspiraciones de las bases, peor aún cuando éstos se realizan lejos del control de las bases, y bajo la tutela de aparatos pro gubernamentales que cooptan y corrompen a delegados y representantes.

El oficialismo actuó con total impunidad desde la preparación del XXII Congreso de Cobija: se falsificaron congresos departamentales para capturar las delegaciones a espaldas de las bases, como en Cochabamba; y se nombraron delegados a dedo, también a espaldas de las bases, en Uncía y en muchos otros distritos pequeños.

El Estado utilizó innumerables instrumentos de presión y volcó ingentes cantidades de dinero y prebendas, ya sean fiestas, pasajes en avión, generosos viáticos y apetecibles cargos, para distorsionar la conducta de los delegados.

Con estos procedimientos nada democráticos se organizaron “aparatos” que cumplieron tres funciones fundamentales: votar disciplinadamente obedeciendo las órdenes del que financia la buena estadía del delegado en el Congreso; enfrentar físicamente al oponente y, el trabajo más humillante, aplaudir al exponente oficialista –tenga o no tenga razón- y rechiflar al opositor.

Muchos delegados simplemente ignoraron el mandato de sus bases de asumir una posición clara frente a los problemas político, social, educativo y económico, y se sumaron a la línea del oficialismo. Ese fue el caso de la delegación de Tarija y de una infinidad de representantes de sindicatos de base, cuya voluntad fue suplantada por los operadores del gobierno que actúan al interior de la organización sindical del magisterio urbano.

El marco político y el papel del “aparato” oficialista

Dos posiciones políticas polarizaron los debates en el XII Congreso de Cobija, la oficialista conformada por la alianza PCB – MAS y la antioficialista encabezada por URMA.

La corriente oficialista se identificó plenamente con el gobierno del MAS y con los “grandes cambios estructurales” que impulsa en el país; y afirmó que Bolivia vive un “proceso de cambio” orientado a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los bolivianos, que no sólo es patrimonio del gobierno sino de todo el pueblo.

La alianza sindical PCB-MAS concluyó que corresponde empujar este proceso hasta donde se pueda, criticando lo malo y apoyando lo bueno; y consideró inadecuado plantearse objetivos “inalcanzables”, como por ejemplo una ley de pensiones que garantice rentas iguales al sueldo del trabajador activo que cubran todas las necesidades del jubilado; un sueldo indexado a la inflación que cubra la canasta familiar; o el rechazo radical a la reforma educativa “Siñani – Pérez”. Redujo las expectativas económicas del magisterio solamente a la nivelación de sueldos de maestros urbanos y rurales.

En el polo contrario, la corriente antioficialista desnudó la naturaleza de clase del gobierno reformista burgués respetuoso de la propiedad privada en todas sus formas, condenado a acentuar su autoritarismo y a chocar cada vez más violentamente con los trabajadores, sectores pobres de la clase media, campesinos e indígenas.

El bloque opositor demostró que el denominado “proceso de cambio” no es real, y que las llamadas nacionalizaciones no son nada más que simples compras de acciones para tener mayoría en los directorios de las empresas supuestamente nacionalizadas. También desenmascaró el falso antiimperialismo de Evo Morales, que en los hechos se esfuerza por ser un fiel protector de la empresa privada nacional y socio confiable de las transnacionales.

El “aparato” oficialista invirtió chorreras de dinero y utilizó innumerables instrumentos de presión para distorsionar la realidad, pero no pudo evitar que la tendencia antioficialista encabezada por la delegación paceña nuclee a todos los delegados inconformes, unos francos y otros encubiertos y temerosos del control policiaco del bloque PCB – MAS.

Ejercieron una poderosa influencia sobre los delegados del Congreso las contradicciones reales del proceso político actual, caracterizado por el acelerado desmarque de amplios sectores de la población del control del gobierno. Los sindicatos no ven soluciones efectivas a sus necesidades vitales y a los grandes problemas estructurales del país.

Debido a su incapacidad para atender las exigencias legítimas de los sectores que se movilizan, el gobierno adopta una posición cada vez más autoritaria, contra el magisterio en particular, y es cada vez más evidente la posibilidad del enfrentamiento entre los explotados y el aparato gubernamental.

El gobierno no duda en recurrir a duras medidas de represión y con mucha facilidad desarrolla campañas publicitarias falaces para combatir a los movilizados y busca enfrentar a unos sectores contra otros para neutralizar sus medidas de presión.

Impactaron la dura represión policial ejercitada en Caranavi, seguida del montaje de un aparato de persecución judicial contra los dirigentes de la región; y la inédita campaña de difamación contra la marcha de los indígenas de tierras bajas (CIDOB), pese a que ellos fueron uno de los pilares sociales más firmes del gobierno.

Sorprendió también la conducta terca e inflexible del gobierno frente a las exigencias de maestros y fabriles de un mayor incremento de sueldos y salarios; los primeros fueron reprimidos repetidas veces, y en el caso magisterio se ha adoptado la draconiana medida de penalizar la huelga, descontando sueldos por los días no trabajados.

Más desconcertante fue la torpe posición del masismo frente a la monumental movilización de Potosí reivindicando viejas e irresueltas aspiraciones que hacen al desarrollo de esa región.

El oficialismo arrinconado en las comisiones y en las plenarias

El bloque MAS – PCB se limitó a sostener que no se puede pedir al “gobierno del cambio” cosas inalcanzables, defendió argumentos débiles y sin sustento, y terminó aislado y arrinconado en la discusión y deliberación política en todas las comisiones del Congreso.

Los dirigentes del Comité Ejecutivo saliente no tuvieron la capacidad de presentar a la comisión orgánica un informe escrito que refleje el trabajo de la Confederación manteniendo el criterio de unidad en torno a una clara orientación política y sindical. El ejecutivo Pinaya se limitó a brindar un informe verbal, desordenado, incoherente y anecdótico que fue duramente criticado ya en la primera plenaria.

Gran parte del aparato oficialista se concentró en la comisión política con la finalidad de aprobar el documento del PCB y aislar el documento de URMA, y de esta forma evitar el debate en la plenaria. Pero no ocurrió así: el documento del PCB –sin ningún fundamento político sólido– fue aprobado por mayoría y el documento de URMA, por minoría. Se planteó nuevamente el debate en la plenaria, pero el “aparato” logró imponer el documento del oficialismo.

En la comisión educativa se impuso el documento de La Paz que sustancialmente critica las bases y fundamentos de la Ley “Siñani – Pérez”, denuda su naturaleza anticientífica y antidocente y concluye rechazando su aplicación en el país.

Pese a que el mandato de la gran mayoría de las delegaciones era rechazar la ley “Siñani – Pérez”, la alianza MAS-PCB insistió en consensuar la norma con el gobierno; en la plenaria rechazó el documento por mayoría e impuso el documento del PCB con una mínima diferencia de votos. Además, eliminó del informe de conclusiones el punto que señala el rechazo categórico al proyecto de ley “Siñani – Pérez”.

La comisión económica aprobó por mayoría el documento de La Paz que plantea un sueldo igual al costo de la canasta familiar y la complementación con la escala móvil de sueldos como eje central de la lucha del magisterio. El oficialismo no se atrevió a plantear su modificación y la plenaria ratificó el informe de la comisión.

El “aparato” tampoco pudo modificar en la plenaria el informe de la comisión social, el cual plantea las ideas centrales del documento de La Paz: una renta que cubra las necesidades vitales del trabajador jubilado que fluctúe entre el 70 % del sueldo referencial (como mínimo) y el 100 % como máximo; incrementar el aporte patronal de 3 al 5 %; e incorporar un aporte estatal del 1,5 %.

La elección del Comité Ejecutivo

Según los estatutos, la dirección del gremio se elige mediante voto secreto. Si en la primera elección no se logra 2/3 de los votos del Congreso, se repite la votación hasta la tercera ronda. Si en ésta se mantiene la mayoría relativa, se confirma como ganadora a la plancha que tenga mayor cantidad de sufragios.

En el XII Congreso de Cobija disputaron la dirección de la Confederación dos planchas, la oficialista conformada por la alianza PCB – MAS y la antioficialista encabezada por URMA.

La primera votación terminó en empate, pese a la anulación de cuatro votos antioficialistas, y se contabilizó una veintena de votos blancos y nulos. El aparato oficialista no pudo ocultar su desazón y de inmediato activó todos sus mecanismos de control.

En la segunda ronda el oficialismo logró una ventaja de aproximadamente 13 votos; y en la tercera votación, la definitiva, se impuso con una diferencia de apenas cuatro votos, una victoria pírrica.

Cuando los delegados votaban de forma directa en las plenarias (elección de la comisión de poderes, del presídium, la aprobación de documentos en plenarias, etc.), el bloque oficialista se imponía invariablemente con una diferencia de entre 20 y 25 votos, pero cuando la votación era secreta (elección del nuevo Comité Ejecutivo), la diferencia se reducía a cuatro votos. Esto muestra que el control oficialista sobre los delegados fue realmente policiaco.

El gobierno del MAS agotó todos los recursos para mantener a sus instrumentos serviles en la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana, creyendo que así podrá contener los durísimos conflictos sindicales que se avecinan.

El gobierno está decidido a aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional la nueva ley de pensiones –que mantiene inconfundibles rasgos pro empresariales y sigue cargando sobre las espaldas de los trabajadores todo el peso de las jubilaciones–, y también la reforma educativa “Siñani – Pérez”, cuyas características reaccionarias, anticientíficas y antidocentes ya son percibidas por el grueso del magisterio.

Sin embargo, la historia no la escriben los burócratas encaramados en las direcciones sindicales, sino las bases movilizadas en las calles, como lo demuestra la reciente rebelión de los explotados que rebasaron a los agentes oficialistas de la COB y continuaron con sus medias de presión desnudando la verdadera naturaleza del gobierno.

Si bien el PCB logró mantener el control de la dirección de la CTEUB, la tendencia antioficialista de URMA estuvo a un paso de expulsar a los oficialistas traidores, por primera vez amplió su influencia a nivel nacional, y demostró que puede convertirse en la dirección real del magisterio boliviano en un futuro inmediato.

* Profesor de Filosofía y dirigente de URMA y del POR.