(Agencias).- La Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos descubrió que la fuerza militar privada Blackwater continúa adjudicándose millonarios contratos del gobierno de Estados Unidos a través de red de 30 compañías filiales, varias de ellas ubicadas en paraísos fiscales offshore.

La empresa Blackwater fundada en 1997 en Carolina del Norte es un ejército paramilitar privado que llegó a tener más de 40 mil mercenarios a su servicio. Fue contratada por la Casa Blanca después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para proteger a los soldados del Pentágono en Afganistán e Irak, y en la actualidad es considerada la contratista más importante del Departamento de Estado.

Blackwater es una de las tres empresas militares que operaron en Irak, junto a Triple Canopy y DynCorp International, beneficiándose con un contrato de dos mil millones de dólares concedido por Washington. Se estima que cerca del 90 por ciento de sus beneficios actuales proceden de los convenios con el gobierno estadounidense.

Blackwater tiene muy mala reputación en todo el mundo, se le acusa de contrabandear armas y sus mercenarios están implicados en varios casos de asesinato y torturas en cárceles secretas de la CIA.

El 16 de septiembre de 2007, mercenarios de Blackwater asesinaron a 17 civiles iraquíes, entre ellos mujeres y niños, en la Plaza Nisoor de Bagdad, razón por la cual el gobierno iraquí expulsó a la empresa de ese país árabe.

La Comisión de Servicios Armados del Senado norteamericano descubrió que efectivos de Blackwater se apoderaron de cientos de armas suministradas por Estados Unidos al ejército afgano. Uno de los mercenarios habría firmado la recepción de las armas en un búnker estadounidense utilizando el nombre de un personaje de dibujos animados, informó el medio alternativo Democracy Now.

Las armas terminaron en manos de cuatro mercenarios borrachos que dispararon a un vehículo afgano en mayo de 2009. “Las acciones de los contratistas la noche del 5 de mayo viola claramente las políticas de la empresa y tienen que rendir cuentas”, informó el portavoz de Blackwater Mark Corallo, y ahora dos de ellos, Justin Cannon y Christopher Drotleff, están acusados de matar a dos afganos y de herir a un tercero en el tiroteo.

Varios empleados de Blackwater fueron convocados a declarar ante el Comité de Servicios Armados del Senado para que informen sobre sus operaciones en Afganistán. El panel consideró “inquietante” el panorama de anarquía con que opera la entidad en la nación centroasiática, resaltó el periódico The Washington Times.

“Blackwater opera en Afganistán sin suficiente supervisión o vigilancia, y sin ninguna consideración de las normas que estaba legalmente obligada a seguir”, observó el senador demócrata Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado.

La empresa enfrenta varias acusaciones penales por los cientos de faltas en que incurrió. Se le acusa de brindar asesoría para la formación de francotiradores de la policía de Taiwán, de enviar ilegalmente armas a Afganistán y de formular propuestas no autorizadas para entrenar a tropas en el sur de Sudán.

En un arreglo conciliatorio con el Departamento de Estado con el objetivo de eludir posibles cargos criminales, Blackwater aceptó pagar una multa de 42 millones de dólares por violaciones del control de las exportaciones en Estados Unidos, divulgó The New York Times.

A pesar de las acusaciones penales en su contra, la empresa “se esforzó mucho para conseguir trabajos lucrativos a través de la administración estadounidense”, declaró el senador Carl Levin al The New York Times.

Hace dos años Blackwater intentó vender sus servicios bajo el alias de “Xe Services LLC”, y en febrero de este año se promocionó con el seudónimo Paravant para obtener contratos de un consorcio militar estadounidense, precisó el sitio digital Democracy Now.

Levin pidió al Departamento de Justicia que evalúe si Blackwater renombrada como “Xe” engañó a la Casa Blanca utilizando sucursales para obtener contratos.

En febrero del año pasado la secretaria de Estado Hillary Clinton opinó que “en la medida de lo posible” Washington debería reducir su dependencia de las empresas privadas de seguridad. Sin embargo, en junio el director de la Agencia Central de Inteligencia Leon Panetta dijo que la CIA no tuvo más remedio que contratar a Blackwater para tareas de seguridad en Afganistán y pagarle 100 millones de dólares por sus servicios.