Estremece saber que algunas leyes del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada siguen vigentes en el país, entre ellas la Ley Forestal y el Decreto 27024 que disminuyó las patentes forestales en beneficio de muchos propietarios que pertenecen a partidos políticos de derecha.

El último informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) confirma que el poder del ex presidente fugado continúa vigente en el país, favoreciendo a sectores empresariales, acólitos y políticos que concentran el 68% de las concesiones forestales en Bolivia. En total son 14 familias que tienen en su poder 2,5 millones de hectáreas (2.538.266).

Y es que continúa vigente la Ley Forestal 1700 del 12 de junio de 1996 (primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada) que define la concesión de uno de los principales pulmones que tiene Bolivia. Pero no solo es la concentración de recursos naturales, sino que además son favorecidos con un Decreto (27024 de mayo de 2003) que disminuye las patentes forestales en casi tres millones de dólares sin que hasta el momento nadie haga algo por frenar estas irregularidades.

Según el informe de la ATB, existe una superficie forestal inicial de más de cinco millones de hectáreas (5.300.536), con un total de 87 concesiones, de las cuales 51 tienen licencia, 22 entraron en caducidad, siete están en proceso de extinción y otras siete están en proceso de renuncia.

Casi cuatro millones de hectáreas (3.724.568) fueron concedidas al amparo de la Ley 1700, siendo el departamento de Santa Cruz el que concentra la mayor parte de ellas, con el 58%, Pando el 26%, Beni el 10% y La Paz el 6%.

Pese a los discursos revolucionarios de 1952, la lógica de entregar recursos naturales estuvo siempre enmarcada en un principio de lograr la mayor concentración posible en beneficio de unos cuantos y Sánchez de Lozada no fue la excepción a esa regla.

La propia Ley Agraria de 1953 apuntó al latifundio, al igual que el Decreto Ley 3464 de 3 de agosto de 1953, que consolidó la dotación de grandes superficies de tierra para la crianza de ganado, particularmente vacuno. Cabe recordar que la Reforma Agraria del predecesor de Goni distribuyó desde 1953 a 1993 alrededor de 57,3 millones de hectáreas. El 68% del total de esta tierra fue distribuido como propiedades medianas y empresas correspondientes a tan sólo el 18% de la población beneficiaria, mientras que el 29% de la superficie alcanzó al solar campesino y propiedad comunaria correspondiente al 80% de la población beneficiaria, según un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Arrancar la tierra de manos de sus verdaderos dueños para entregarla en bandeja de plata a unos cuantos es una vieja práctica. En 1864, don Juan Vicente Dorado argumentaba las ventajas de la ex vinculación. Consideraba que “arrancar estos terrenos de mano del indígena ignorante o atrasado, sin medios, capacidad o voluntad para cultivarlos y pasarlos a la emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades, es efectivamente la conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia” (Boletín Somos Tierra del INRA).

Uno de los más grandes terratenientes de la historia de Bolivia, Nicolás Suárez, “dueño” de seis millones de hectáreas en Pando y parte del Acre a comienzos del siglo XX, parece competir con los actuales propietarios de grandes extensiones de tierra y bosques, como los Saavedra Bruno, los Monasterio, los Antelo Gil, etc. La Ley INRA, aprobada en 1996, y la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria promulgada en el Gobierno de Evo Morales nada pudieron hacer hasta el momento para frenar tanto abuso.

Pero la ambición de apoderarse de extensas zonas forestales no queda satisfecha con la entrega incontrolada, sino que además se logra eludir el pago de impuestos con el beneplácito del Estado “benefactor”. En este sentido, los empresarios forestales lograron que Sánchez de Lozada promulgue el Decreto 27024, cinco meses antes de que huyera fuera del país.

Hasta entonces, las empresas forestales tenían acumulada una deuda de aproximadamente 10,3 millones de dólares debido a que pagaban un dólar por patente de hectárea concedida para aprovechamiento. La mencionada norma modifica el reglamento de concesiones y establece la Tarifa de Regulación Forestal (TRF) anual por hectárea regulada para los productos maderables y define el procedimiento operativo para su aplicación.

El Decreto evitó que los empresarios cumplan su amenaza de devolver la totalidad de sus concesiones, porque consideraban que mantenerlas representaba una obligación económica muy grande, como si la explotación irracional de los recursos naturales fuera una bendición.

Leonardo Tamburini, abogado del CEJIS, advertía en su momento que con esta norma “se consolidará el inequitativo acceso y uso del bosque, puesto que ya no sería posible recuperar las áreas objeto de caducidad y reversión, para ser redistribuidas a otros actores sociales o empresariales, con lo que se generará además la concentración de los mejores bosques en pocas manos, y a un precio módico. Además de mantenerse en pocas manos grandes áreas sin uso ni pago por ellas, se perfila una asonada de licitaciones internacionales que acapararán grandes extensiones de tierras forestales, anulando definitivamente las aspiraciones de que esas tierras sean redistribuidas para indígenas, campesinos y campesinos sin tierra, incorporándolos al aprovechamiento forestal sostenible”.

En la Ley Forestal de Goni se establecía que la patente empresarial debe ser calculada sobre la totalidad del área concesionada, pero con el Decreto sólo se cobra sobre el “área de intervención anual”. Es decir que una empresa maderera que tiene una concesión de 22 mil hectáreas, por ejemplo, no paga por toda esa superficie, sino sólo por la que declara que trabaja en el año, pero mantiene el derecho sobre la totalidad de la concesión.

¡Y los favorecidos son!

Ahora veamos en cifras lo que nos dice la ABT: antes del Decreto 27024 se recaudaba en Santa Cruz más de un millón y medio de dólares (1.595.492 exactamente), pero con el perdonazo tributario se recauda sólo 68.151 dólares, es decir una disminución de 1.527.341 dólares.

En Pando hubo una disminución de 852.505 dólares; en Beni bajó la recaudación en 216.628 dólares y finalmente en La Paz la diferencia del pago de patente a consecuencia de la norma 27024 equivale a 186.506 dólares americanos. En total, el Estado boliviano dejó de percibir 2.782.981 dólares.

Ahora veamos quiénes son los favorecidos con la enorme concentración forestal en Bolivia. El informe de la ABT indica que en primer lugar se encuentra Larry Grant Hansler Bell, quien tiene 509.911 hectáreas. Es socio de la Cámara Forestal de Bolivia y principal propietario de la empresa maderera CIMAL IMR SA. Tiene una demanda por no depositar al Fondo de Pensiones los recursos para que una de sus empleadas se jubile.

En las concesiones otorgadas por persona le sigue Augusto Gutiérrez Ramírez, quien posee 365.122 hectáreas. Según un artículo de Fortunato Esquivel del Foro Bolivia, pertenecería a la “Logia Toborochi” (Organización del Gran Grigotá), de cuyos miembros se dice que “ocultan sus verdaderos propósitos bajo el discurso del “cruceñismo”, de la lucha “anticolla”, el “peligro comunista” y últimamente la “Autonomía”. Con tales justificativos controlan actualmente todos los espacios del poder político, económico y social de Santa Cruz.

Otro de los favorecidos es Fernando Antelo Gil, quien tiene en sus manos nada más que 239.669 hectáreas. Fue demandado por restringir el paso por su propiedad “La Unión”; fue mencionado como uno de los “palos blancos” del banco Unión en un artículo de Elizabeth Salguero Carrillo. La denuncia publicada por la ahora Concejal del municipio paceño se basa en el Informe SB/ISB/11516, efectuado por inspectores de la Superintendencias de Bancos, que establece la existencia de créditos vinculados en el Banco Unión, otorgados a “palos blancos” de Andrés Petricevic, Jorge Valdez y Luis Fernando Saavedra Bruno. Parte del artículo señala que “entre los créditos vinculados a Jorge Valdez otorgados por el Banco Unión se encuentran Gregorio Huanca Cruz (portero de Bolivian Automotors, empresa vinculada al diputado del MNR y Jhonny Salvatierra); a Guillermo Flores Alvarez (empleado de la empresa Agroindustrial La Chonta, vinculada a Jorge Valdez Añez y Fernando Antelo Gil), crédito a favor de la Compañía Maicera SA (COMASA), empresa vinculada a Andrés Petricevic y Luis Saavedra Bruno”.

Continúan en la lista de beneficiarios Edgar Díaz Alemán y Luis Antonio Rigo Nico, quienes tienen 175.637 hectáreas por tres concesiones. El primero fungió como Director de la Cámara Forestal, institución privada sin fines de lucro y con alcance nacional. Es el órgano matriz de las empresas forestales de Bolivia y su sede se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Cruz.

Posteriormente se ubican Luis Vaca Venegas y Hugo Fernando Endivil Ortiz con 154.495 hectáreas. Finalmente, en esta lista de concesiones por persona se encuentra Sandro Stefano Giordano García quien posee 152.522 hectáreas en dos concesiones, Jeffre Scott Atkin con 150.944 hectáreas y Mario Barbery Sciaroni con 40.004 hectáreas.

Por familia

Las dotaciones por familia se distribuyen entre Mauricio Eloy Etienne Solares, cuya dotación alcanza a 282.439 hectáreas con cuatro concesiones. Tiene bajo su mando la empresa Maderera Boliviana Etienne “MABET” SA., domiciliada en Riberalta – Beni y sus productos son exportados a Chile, China, España, Estados Unidos y otros.

Siguen en la lista de los favorecidos Juan Abuawad Chahuan con 181.902 hectáreas, el empresario figura entre los principales dirigentes de la Falange Socialista Boliviana (FSB) que se alineó contra el Gobierno de Evo Morales.

También se encuentra Fernando Roig Justiniano, que tiene 157.492 hectáreas; Federico Sauto Diaz y Jorge Paz Rivero, quienes poseen 122.081 hectáreas; Nayib Yureidini N., con 120.143 hectáreas; y finalmente aparece en la lista de la ABT Martinez Salguero Julio y Martinez Salguero Felix con 67.870 hectáreas.

Para completar la lista de favorecidos se encuentran quienes detentan a la vez concesiones forestales maderables y no maderables por familia. En primer lugar se ubica Carlos Alberto Sonnenschen Antelo, quien tiene una concesión de 183.727 hectáreas. Sonnenschen fue elegido Diputado uninominal del MNR por el departamento de Beni y actualmente es Senador en la Asamblea Legislativa por el Plan Progreso para Bolivia (PPB).

El primer secretario de la Cámara de Diputados de la anterior legislatura, Martín Mollo, denunció que fue el congresista más faltón de toda la anterior gestión, “en los últimos cuatro años, Carlos Saneheshein se ha faltado entre un 95 y 98% de las veces. Casi nadie lo conoce en el hemiciclo”.

Le sigue Pedro Colanzi Serrate, que en total recibe 114.157 hectáreas, reelegido como presidente de la Cámara Forestal de Bolivia por la gestión 2009-2010.

En tercer lugar se ubica José Agustín Vargas Rivera, que tiene una concesión de 81.035 hectáreas. Como Subprefecto de la provincia Vaca Díez protestó por las acciones que inició el Gobierno de Evo Morales de poblar algunas regiones de Pando y Beni.

En cuarto lugar se encuentran Gustavo Peñaranda Guardia y Francisco Peñaranda Guardia, éste último fue diputado suplente de Mario Duri Guayao del MIR-Nueva Mayoría, y entre ambos poseen 56.142 hectáreas. También se encuentran Alcides Nacimento Becerra, Lidia Becerra de Oliveira, Edilio Nacimento Becerra y María Ibeth Becerra Roca, quienes reciben en total 45.294 hectáreas.

Finalmente aparece en esta lista Armando Cabrera Rosado y Luis Ernesto Cabrera Rosado, a quienes les entregan en total 3.171 hectáreas de concesión forestal maderable. En total son seis Familias que detentan 523.528 hectáreas forestales maderables y no maderables.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

El Gobierno anunció la reformulación de la Ley Forestal 1700 que apunta a modificar cuatro aspectos vinculados que son: El incremento de las sanciones por la quema de áreas forestales de forma ilegal, reposición del costo de la patente por hectárea de tierra, el desmonte de bosques de forma controlada y el control de las concesiones.

El director Ejecutivo de la ABT Cliver Rocha dijo que la nueva Ley Forestal normará las autorizaciones para el desmonte de bosques, que deberán estar relacionados a un plan de uso del suelo. Además, la nueva ley repondrá la patente por hectárea de concesión forestal que fue rebajada por el ex presidente Sánchez de Lozada.

Indicó que uno de los aspectos que también amerita ser modificado es la multa que pagan las personas por la quema de pastizales sin ninguna autorización: en la actualidad sólo pagan 20 centavos de dólar por hectárea, pues considera que se debe incrementar la sanción porque un productor agropecuario que causa una quema ilegal de 200 hectáreas paga la suma de 400 dólares.

Y precisamente son Beni y Santa Cruz, donde se concentran las mayores concesiones de tierra y zonas forestales, los departamentos donde se registraron los mayores focos de calor. El último informe de la ABT y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua señala que en el primer departamento se registraron 12.027 focos de calor y 11.931 en Santa Cruz durante esta gestión.

* Fuente: Boletín N. 78 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA)-Fobomade.