La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner calza los pantalones que no tuvo su marido: le ha puesto freno al monopolio mediático del Grupo Clarín. Ha hecho algo que el propio Lula no tuvo el coraje de hacer en Brasil con el monopolio de O Globo, y que ningún gobierno mexicano se ha animado siquiera a intentar: ponerle límites al poderío de Televisa.

Nos puede caer mal Cristina y su marido, una pareja ambiciosa que se ha hecho con el poder en Argentina según muchos para avanzar en un proyecto personal de enriquecimiento económico, pero no cabe la menor duda de que la gestión de Cristina con relación al monopolio de la información en Argentina ha sido valiente y ejemplar en la región.

El gobierno de Fernández de Kirchner, aún sin tener mayoría en el congreso, alentó una ley de medios que limita la concentración de centenares de radios, periódicos, revistas, servicios de cable, de telefonía, etc., en manos de un grupo monopólico. La ley, siguiendo el ejemplo de la uruguaya, establece que 33 por ciento del espectro radioeléctrico para radio y televisión, tanto en frecuencias analógicas como digitales, se reservará para las radios comunitarias, de interés social y cultural.

Cualquiera que revise la ley (y yo aconsejo que lo hagan los que la critican sin leerla, para que no sean tan ignorantes) puede constatar que incluso es conservadora en cuanto a los límites que pone a la constitución de monopolios de información. Las medidas que implementa la ley no aniquilan en absoluto el poderío de las grandes empresas, simplemente garantizan que no sean unas pocas las que lo controlan todo.

Por supuesto que se vio afectado el Grupo Clarín, pero basta informarse un poco sobre todo lo que este grupo controlaba (y controla todavía), para entender que cuando se refieren a él como un “pulpo”, no es ninguna exageración. Y cuando se dice que Clarín se fortaleció y creció durante las dictaduras militares, tampoco es una exageración.

Los tentáculos de Clarín cubren áreas de las más diversas en la industria de las comunicaciones y en los sistemas de información, medios e internet. Clarín tenía incluso la exclusividad nacional para la transmisión de los partidos de futbol, lo cual le aseguraba ingresos multimillonarios y privaba a la población con menos recursos, de disfrutar de su deporte favorito.

El escándalo que ha estallado en días pasados cuando la presidenta argentina, en persona, denunció la manera como el Grupo Clarín se apropió de la empresa Papel Prensa durante la dictadura de Videla, es parte de este proceso en el que el Estado argentino quiere actuar con dignidad, a pesar del riesgo político que ello supone. Clarín no ha negado sus vínculos con la dictadura (que además están claros si uno lee el diario Clarín de aquellos años), simplemente está tratando de ocultar que la apropiación de Papel Prensa se produjo a través de las presiones que los organismos de seguridad de la dictadura ejercieron (instigados por Clarín), sobre la familia Graiver, propietaria entonces de Papel Prensa y de entidades bancarias.

Clarín y La Nación, en perfecta coordinación (que deja mucho que pensar sobre su independencia como medios de información), han usado la estratagema de promover y publicar una carta solicitada firmada por Isidoro Graiver (el hermano de David Graiver, principal accionista de Papel Prensa en los años 1970s) donde afirma que no hubo presiones, y que la empresa fue vendida “al mejor precio posible” en tiempos de la dictadura. Chantajearon a Isidoro Graiver? Le ofrecieron una suma que no podía rechazar?

El caso es que al día siguiente el diario “Tiempo Argentino” publica una relación de las conversaciones sostenidas en junio de este año con el mismo Isidoro Graiver, donde narra en detalle las presiones que sufrió su familia para vender Papel Prensa. Sirviendo los propósitos de Clarín y en virtud de las buenas relaciones que mantenía con ese grupo, la dictadura secuestró y torturó a miembros de la familia Graiver, en momentos en que la negociación para la venta de Papel Prensa no había sido aún aprobada por el juez.

Las revelaciones detalladas de Isidoro Graiver -en el Bar Finisterra de Palermo- a “Tiempo Argentino” (que decidió romper el acuerdo de confidencialidad con él a raíz de sus contradicciones en la carta publicada por Clarín) son demoledoras porque muestran los nexos de Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la dictadura, con el Grupo Clarín. Las presiones de Clarín comenzaron con artículos pidiendo a la dictadura que investigue a la familia Graiver por “actividades ilegales”, es decir, por una parte una supuesta responsabilidad en la quiebra de entidades bancarias, y por otra nexos con la resistencia de los Montoneros contra la dictadura, algo que en esa época era el equivalente de una sentencia de muerte.

Sugiero a los lectores revisar esa “cronología de presiones” de que fue objeto la familia Graiver, acosada por Clarín, La Nación y otros medios del grupo, para debilitar su posición y acceder a la venta de Papel Prensa:

http://tiempo.elargentino.com/notas/clarin-y-nacion-nos-humillaron-fue-afano-dijo-isidoro-graiver

El Grupo Clarín está en la mira, pero no porque sea un abanderado de la libertad de expresión, como sugieren los periodistas más conservadores y reaccionarios alineados con un mundo empresarial arrogante y corrupto (entre ellos Patricia Janiot y Daniel Viotto de CNN en Español) sino porque con su monopolio limita el derecho a la comunicación, controla sectores estratégicos que deberían ser regulados por el Estado (como la producción de papel, internet o la telefonía celular), y porque tiene un prontuario que destaca por la falta de ética y la inmoralidad.

Esto último es importante porque revela la falta de escrúpulos de la familia que detenta el poder en el Grupo Clarín, cuyo apellido en sí constituye una gran falsedad: Noble. No solamente tuvo una relación muy cercana con la sangrienta dictadura militar a fines de los años 1970s, lo cual le permitió hacerse con la empresa Papel Prensa de la manera más sucia, sino que en su vida personal ha llegado al extremo –también durante la dictadura militar del General Videla- de apropiarse de hijos de detenidos desaparecidos, como lo han denunciado las asociaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas la Abuelas de Plaza de Mayo.

La posición de Clarín es indefendible, desde cualquier punto de vista que se mire. Legalmente, la posición del Estado argentino es incuestionable, por mucho que haya motivaciones políticas, que son por otra parte legítimas, puesto que las actuaciones de Clarín con relación al gobierno han sido también llevadas por intereses políticos. No hay ni ha habido antes en el Grupo Clarín ningún ejercicio equilibrado del periodismo, no nos engañemos, ni tampoco defensa de la libertad de expresión, sino más bien un despliegue arrogante de poderío mediático para querer aplastar las decisiones que salvaguardan el derecho a la comunicación de la población.