Cada año unos 30 mil turistas de Europa, Asia, Norteamérica e Israel visitan Rurrenabaque, conocida como la Perla del Ecoturismo de la Amazonía que corre el riesgo de convertirse en un polvoriento y contaminado pueblo de tránsito.

En las décadas del 70 y 80 del Siglo XX, la depredación forestal y el comercio de cueros de animales silvestres movían la economía de Rurre. Luego de la creación de las áreas protegidas muchos habitantes de la región se adaptaron a las iniciativas conservacionistas y desarrollaron una economía basada en el turismo.

Rurrenabaque se ha hecho famosa como destino turístico tranquilo y alejado de la agitación de las ciudades, con una variedad de servicios turísticos de primera clase como por ejemplo expediciones de aventura en el Parque Madidi, Pilón Lajas y las Pampas del río Yacuma, reservas naturales que están entre las más biodiversas del mundo.

En Rurre se pueden encontrar restaurantes de comida internacional y típica de alto nivel, hoteles para todo bolsillo y servicios turísticos para ricos y para jóvenes mochileros. Lamentablemente, los planes de desarrollo que impulsa el gobierno en la región no son compatibles con la conservación natural ni con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El gobierno entregó en concesión a la empresa Petroandina mayores extensiones de bosques tropicales vírgenes al interior de áreas protegidas y territorios indígenas para la exploración petrolera, sin consultar previamente a sus ocupantes, un requisito establecido por la Constitución Política del Estado, las leyes y los tratados internacionales.

Además, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se propone construir un puente entre las poblaciones de Rurrenabaque y San Buena Ventura, una obra que es parte de una carretera que conectará el Norte de La Paz con el departamento de Pando y consecuentemente con Brasil y Perú.

El puente propuesto por la ABC cortaría la base de una serranía declarada Reserva Municipal de Protección de laderas y de fuentes de abastecimiento de agua de la población. La vía proyectada atraviesa zonas residenciales y el casco viejo y turístico de Rurre y pasa a 50 metros o menos de la mayor parte de las escuelas, colegios, universidades, hospitales e incluso de iglesias de Rurre y San Buena Ventura.

Se prevé que la obra de infraestructura incrementará considerablemente el tráfico vehicular en Rurre. Los mismos estudios del proyecto estiman un tráfico de 1.474 vehículos diarios para 2020, de los cuales 427 serán camiones y buses medianos a grandes. Para 2031 se estima un tráfico diario de hasta 3.278 vehículos de los cuales 912 serían camiones y buses.

Los habitantes de Rurre consideran que el puente y la vía trazada por ABC perturbarán a todo un pueblo que vive del turismo, que contribuye anualmente aproximadamente tres millones de dólares a la economía regional. Se estima que solo en pasajes aéreos se generan aproximadamente 3,8 millones de dólares al año.

Si bien las ganancias del turismo se reparten entre cinco municipios (Santa Rosa, Reyes, San Buenaventura, Ixiamas y Rurrenabaque), Rurre es el complejo paisajístico más acogedor, limpio y organizado. El paisaje y la calidad ambiental urbana no es producto de un mega proyecto, un crédito o una donación, sino un patrimonio heredado de generación en generación que se ha ido protegiendo y complementando con el esfuerzo de sus habitantes y autoridades municipales.

La construcción del puente y vías de acceso a través de zonas urbanizadas podrían convertir a Rurre en un pueblo de tránsito de camiones de alto tonelaje cargados de madera, castaña o mercadería internacional, donde proliferarían las llanterías, los comercios de carretera, los bocinazos y los gases contaminantes. Si solo uno de cada 10 visitantes dejara de visitar la zona se causaría un daño económico de por lo menos 600 mil dólares por año.

En una consulta pública realizada en 2006, el pueblo de Rurrenabaque rechazó la construcción del puente propuesto por la ABC y sugirió trazar la vía por zonas aún no urbanizadas. En 2007 se inició otro estudio con la finalidad de bajar de categoría el proyecto y así tener menos requisitos que cumplir. Este estudio exigía la realización de un Plan de Reposición e Indemnización de Poblaciones Afectadas (PRIPA) y una nueva consulta pública, requisitos que no se cumplieron.

La ABC hizo un nuevo Estudio de impacto Ambiental en 2009 y aprobó la licencia ambiental para la construcción del puente en la misma ubicación, sin ejecutar el PRIPA ni la consulta pública, vulnerando de este modo el derecho a la autodeterminación de las poblaciones afectadas y el derecho a ser consultados en forma transparente, informada y de buena fe, como establecen los artículos 11, 316 y 343 de la Constitución.

El 26 de junio de 2010, la ABC convocó al pueblo de Rurrenabaque a una reunión con presencia mayoritaria de sindicatos colonizadores y transportistas de otras poblaciones con el objetivo de imponer el proyecto y hacerlo aprobar de forma masiva.

A iniciativa de los afectados por el proyecto carretero, se creó el Comité Impulsor y Coordinador del Puente Rurrenabaque –San Buenaventura y sus Accesos, encargado de informar a la población sobre los riesgos que implica edificar un puente por el medio de la ciudad y de exigir la construcción de la obra en la zona conocida como la Isla.

Con el apoyo de FOBOMADE, el pueblo de Rurre aprobó una resolución en la que afirma que no se opone a la construcción del puente, pero exige el cambio de su ubicación para que no afecte la infraestructura urbana ni el “Vivir Bien” de la población.

Hasta la fecha, la resolución ha sido firmada por más de 4.000 personas, lo que demuestra que todo el pueblo rechaza el puente propuesto por la ABC y no solamente las autoridades municipales, como indica el Resumen Ejecutivo de los estudios del proyecto impulsado por la ABC.

La población de Rurre lamenta que el gobierno priorice la construcción de megaproyectos y la explotación de recursos naturales no renovables, vulnerando el derecho a la consulta. Evo Morales prometió gobernar con sensibilidad social y escuchando al pueblo, pero si no toma en cuenta la opinión ni los argumentos de las comunidades urbanas y rurales afectadas por megaproyectos ¿de qué democracia estamos hablando?

* Representante de Fobomade en Rurrenabaque. Fuente: Servicio de Noticias Ambientales (SENA).