(Resumen Latinoamericano-La Ceiba).- El periodista Israel Zelaya Díaz fue encontrado muerto el martes en las inmediaciones de San Pedro Sula al noroeste de Honduras con tres heridas de bala. Se trata del décimo asesinato cometido contra profesionales de la información desde el golpe de Estado en 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya.

Autoridades policiales de Honduras presumen que Zelaya Díaz, conocido como “Chacatay”, fue abandonado sin vida en una carretera por varios desconocidos que se transportaban en un taxi. Los funcionarios mantienen la hipótesis porque en el lugar “no se encontraron casquillos u otros indicios” de este hecho. A la víctima le encontraron entre su ropa, la billetera y otras pertenecías incluido el carnet del gremio al que pertenecía.

Recientemente, el comunicador social había participado en una asamblea, donde denunció que fue objeto de un atentado criminal, cuando unos sujetos desconocidos prendieron fuego a su casa. En esa oportunidad, Zelaya Díaz logró salvar su vida, gracias a los ladridos de un perro.

Hace unos años desconocidos balearon el vehículo de Zelaya en San Pedro Sula. También había sufrido un hecho similar cuando sujetos armados le quitaron la vida a uno de sus hijos en el barrio Medina, en esa ciudad.

Este es el décimo profesional de la comunicación que es asesinado en lo que va de año en Honduras. El pasado 18 de febrero, el periodista Nicolás Asfura, de 42 años, fue hallado muerto atado de pies y manos en la bañera de su vivienda. Seguidamente, el 1 de marzo, Joseph Hernández Ochoa, de 26 años, fue abaleado cuando iba en su vehículo.

El 11 de marzo es acribillado, David Meza, de 51 años de edad, quien se desempeñaba como corresponsal del Canal 10. Tres días después, el 14 de marzo, es asesinado el periodista Nahum Palacios Arteaga, de 34 años cuando también se desplazaba en su carro.

El junio de este año el director de Canal 19, Luis Arturo Mondragón, fue ultimado cuando estaba sentado con su hijo en la acera de su casa minutos después de salir de su programa, según los informes.

Los otros periodistas hondureños asesinados durante el año son: Georgino Orellana (el 20 de abril), Luis Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo).

CIDH pide al Estado adoptar las medidas necesarias para juzgar a los responsables de los asesinatos.

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, había señalado el pasado 24 de abril que la institución había denunciado los crímenes y exhortado al Estado a adoptar las medidas necesarias para investigar y juzgar a las personas que cometieron los asesinatos, “para que de una vez por todas la prensa pueda realizar su trabajo de manera libre y desinhibida” en la nación centroamericana.

El 16 de junio de este año, la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) sostuvo que denunciará ante el Tribunal Penal Internacional y otros organismos internacionales al cuestionado gobernante de Honduras, Porfirio Lobo por ignorar los múltiples asesinatos a periodistas que se han perpetrado en Honduras y que suman diez en lo que va de año.

El gremio había expresado que el actual Gobierno hondureño ha demostrado un total desprecio por los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos, particularmente la de los profesionales del periodismo.

Adicionalmente a los crímenes cometidos en contra de los comunicadores sociales, también existen denuncias por el asesinato de más de 50 abogados, políticos, empresarios y gente del pueblo a manos de bandas armadas que, presuntamente trabajan para el Estado.

Según la OPI, esta cantidad de fallecidos son contabilizados a partir del golpe de Estado orquestado por el entonces presidente de facto Roberto Micheletti.

Miguel Facussé: destabilización social y autoritarismo

La represión que vienen padeciendo los habitantes originarios de Zacate Grande, como consecuencia de la intervención de Miguel Facusse y sus sicarios, resalta la infatigable tarea del empresario de origen sirio, en crear el caos social en Honduras, con el propósito de continuar acaparando tierras para incrementar su imperio.

La entrega de cien “títulos de propiedad” que efectuó el pasado mes de julio a los “habitantes” de las comunidades de Puerto Grande y La Flor, han inducido a una confrontación entre los habitantes originarios de Zacate Grande y los súbditos del empresario conocido como el palmero de la muerte.

El nombre de Miguel Facusse ha resonado en los últimos meses como el propietario de mas de 20.OOO hectáreas de tierra cultivadas con palma africana a lo largo del Valle del Aguan, en donde existe un enorme conflicto relacionado con la tenencia de tierra de ese fértil paraje. Más de tres mil familias desposeídas, que se han organizado como el Movimiento Unificado del Aguan (MUCA), han recuperado la tierras que se apropió el palmero de la muerte en la década de los años 90.

Facussé aprovechó de sus conexiones con el régimen del cuestionado Leonardo Callejas, en cuya administración se repartió el país la elite de poder, muchos de ellos asociados con los previos gobiernos militares que controlaron Honduras. Desde el asalto al CONADI – empresa estatal de donde Facussé adquirió buena parte de su fortuna – hasta las compras a precio de gallo muerto de las cooperativas del Bajo Aguan, fue el inicio de la contrarreforma agraria en el país.

Honduras se ha convertido en un país cautivo de un grupúsculo de empresarios, en su mayoría descendientes de libaneses-cristianos maronitas, los que han logrado mantener el país sumido en la pobreza administrandolo como un feudo familiar.

La inducción a una confrontación entre los habitantes originarios de Zacate Grande y las huestes de Facussé, demuestra su capacidad de desestabilización social además de la falta de ética, la que maquilla con su máscara de filántropo protector de la naturaleza.

En el caso del pueblo garífuna, Facussé logró apoderarse de Punta Farallones, en el municipio de Limón en el año de 1993, lugar que ha sido utilizado frecuentemente para el aterrizaje de avionetas con cargamentos de sustancias ilegales, según han reportado los medios de comunicación nacional en diversas ocasiones.

La “compra” de Punta Farallones por Facusse, nunca ha sido esclarecida, a pesar de las múltiples denuncias presentadas por el otrora alcalde del municipio de Limón, Lombardo Lacayo, el que se rehusó a registrar a Farallones como propiedad de Facusse, señalando el dolo cometido por el palmero de la muerte en detrimento del pueblo garífuna.

El conflicto del Bajo Aguan ha sido manipulado de forma irresponsable por los medios de comunicación nacional afines a la elite golpista, señalando a los campesinos organizados del MUCA como un foco subversivo, con el propósito de soterrar la presencia en Honduras de paramilitares colombianos como fue señalado el año pasado en octubre por expertos de Naciones Unidas.

Los periódicos propiedad de Jorge Larach Canahuati, Carlos Flores Facussé (sobrino del palmero de la muerte) y Jaime Rosenthal Oliva, han venido defendiendo la posición de Miguel Facussé, en cuanto al precio estratosférico que pretende por cada hectárea, triplicando la oferta de la actual administración de Pepe Lobo.

Desde Zacate Grande hasta el Bajo Aguan, Facussé ha demostrado ser una rapiña de tierras y contaminador ambiental que ha sido financiado por el Banco Mundial y el FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola) con el objetivo de intensificar la producción de agrocombustibles en detrimento de la seguridad alimentaria del país.

Honduras en la actualidad es un laboratorio político del imperio estadounidense. Con el golpe de estado se han intensificado las contradicciones ademas de las violaciones a los derechos humanos. En el caso de Facussé podemos señalar que su actitud feudal contribuye a intensificar la bomba de tiempo en que se ha convertido el país, el que se encuentra cada día mas cerca de una explosión social sin precedentes. El filántropo que nos pintan los medios de comunicación locales se comporta como un coprófago insaciable sin ninguno tipo de responsabilidad social. Es hora de solucionar la problemática de tenencia de tierra de los campesinos de Zacate Grande hasta el Bajo Aguan.