El Poder Ejecutivo en pleno y la bancada del MAS en el Congreso salieron en defensa del ministro de Gobierno Sacha Llorenti, acusado por la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) de ser el principal responsable de la muerte de dos personas abatidas a balazos en la brutal represión policial de Caranavi. El Defensor Rolando Villena denunció que el gobierno politiza el caso e interfiere en la investigación judicial; su único objetivo es proteger y encubrir las tropelías de Llorenti, el “mariscal de Caranavi”, criticó el presidente del Comité pro Santa Cruz Luis Núñez.

El ministro Llorenti y la Policía son los principales responsables de la vulneración de los derechos humanos más elementales y de la muerte de dos personas en los violentos enfrentamientos entre bloqueadores y policías el 7 y 8 de mayo en Caranavi, confirmaron dos comisiones investigadoras de la Defensoría del Pueblo y de la APDHB. Una tercera investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados controlada por el MAS libró de culpa a Llorenti y a los policías.

El miércoles, el Vicepresidente Álvaro García Linera salió en defensa de Llorenti y ratificó que goza de la confianza plena del Ejecutivo. Más tarde, cinco ministros de Estado descalificaron la versión “incompleta y subjetiva” de Villena, y luego la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Marianela Paco (MAS) restó crédito y veracidad a los “parcializados” informes de la APDH y del Defensor del Pueblo.

“Consideramos que el informe que ha presentado el Defensor del Pueblo es parcial, incompleto y subjetivo”, dijo el Canciller David Choquehuanca; “no reconocer el hecho de que varios bloqueadores portaban armas de fuego y no valorar que la operación policial ha servido para evitar un enfrentamiento entre civiles es un hecho que tiñe de dudas el informe de la Defensoría del Pueblo”, agregó Llorenti.

La investigación no es transparente porque no considera la “totalidad de los hechos del conflicto”, observó la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo; en Caranavi “hubo una “acción política armada de conspiración contra el gobierno legal y legítimamente constituido”, sentenció el ministro de Defensa Rubén Saavedra.

Llorenti aseguró que los más de 700 efectivos de la policía que participaron en el operativo no usaron armamento letal. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y la APDHB confirmaron que Mario Fidel Hernani y David Callizaya Mamani murieron por disparos de armas de fuego.

Villena denunció la presunta parcialización de los investigadores del Ministerio Público asignados al caso, que aparentemente se niegan a tomar en cuenta los informes de la APDHB y de la Defensoría.

“Vemos que hay un camino que está contaminado con un alto grado de politización que es peligroso para la administración de la justicia”, alertó Villena, y amenazó con quejarse al fiscal General Mario Uribe si el Ministerio Publico no toma en cuenta su informe y no descartó pedir ayuda a organismos internacionales.

Según el líder cívico cruceño Luis Núñez, el gobierno de Evo Morales “protege y encubre al mariscal de Caranavi, Sacha Llorenti, un estalinista de línea dura que está acabando con la democracia, el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas, promoviendo acciones violentas, la persecución política y acciones judiciales inhumanas e implacables con el único afán de exterminar a los que piensan diferente”.

Este jueves, el comandante nacional de la Policía Óscar Nina acusó al asesor a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz Jorge Wilder Quiroz Quispe de desplegar una campaña de desprestigio en contra de la Policía. Según Nina, Quiroz es un ex policía peruano que fue dado de baja “por delitos contra la salud pública y narcotráfico”, y obtuvo la nacionalidad boliviana al contraer matrimonio con la funcionaria de la APDHLP Claudia Rosario Lecoña Camacho.

Quiroz admitió que trabaja como abogado de la APDHLP y que renunció a la policía peruana “de forma voluntaria”, junto a otros 20 mil efectivos que se sentían hostigados por el gobierno de Fujimori.