En estos días la amazonía arde en todo el sentido de la palabra y sin oportunidad para exageración alguna, pues arden los ojos por la frondosa humareda que sale de aquellos árboles que el fuego les acaba de arrebatar su frondosidad; arde el estómago por el agua cada día más saturada de la ceniza que esparce el viento; los niños arden de fiebre por infecciones estomacales; pero también muchos ardemos por la indignación ante prácticas irresponsables que no cambian ni conmovidos ante las amenazas que emite el cambio climático, ni temerosos ante las suaves normas de un Estado apenas contemplativo en la materia.

Pero lo que más arde en estos momentos son los vastos pastizales de la sabana amazónica y sus bosques aledaños, deliberadamente incendiadas como parte de una práctica perversa de manejo de campos de pastoreo para el ganado bovino.

Y en estos ardores uno se pregunta, ¿cuál es el pecado de la amazonía? ¿Por qué estas ardorosas y dolorosas purgas ambientales, si es precisamente en esta región, con territorios indígenas establecidos, donde aún se ejerce una relación armónica con la naturaleza? Pareciera que se cierne un ensañamiento contra la amazonía efectuado desde diversos ámbitos sociales y “naturales”:

Hace poco una helada inusual nos infringió una cuantiosa matanza de peces, saurios y otras especies acuáticas como las petas (tortugas). Ríos, arroyos, lagunas y estanques de agua, se constituyeron a raíz de este suceso, en nidos de pestilencia provocada por la osamenta. Duro golpe a la naturaleza, duro golpe a los medios de vida de familias indígenas de la región.

Luego, en esta temporada, experimentamos un sol que hace estragos las pieles expuestas y ante el cual sucumben los cultivos y el ganado en general, nos referimos a la sequía que en sí misma es dura para el medio ambiente y también para la economía rural en la región.

Sin embargo, el impacto de la sequía es aún mayor debido a que va aparejada de devastadores incendios forestales causados por productores rurales con culpabilidades compartidas, pero en una jerarquía de responsabilidades muy definida, donde el sector ganadero ocupa la cúspide.

Los potreros, que suelen ser miles de hectáreas por cada familia, demandan prácticas de manejo para la renovación de pastizales y la eliminación de plagas como garrapatas y otros que atacan al ganado. Para contrarrestarlo, el método más sencillo es incendiar la pampa en la temporada más álgida de la sequía, a un costo monetario bajo porque lo subvencionan la misma naturaleza y nuestros pulmones.

Por eso arden en estos meses los pastizales, devastando la fauna que alberga, en un doloroso espectáculo donde todo es fuga para intentar salvar la vida. En ese momento donde arrecia el fuego, no cuentan los nidos tan esmeradamente cuidados por sus edificadores porque hay que huir del fuego; no cuentan las crías incapacitadas para tal travesía porque hay que salvar la propia para intentar sustituirlas en la siguiente temporada; no cuentan los roles naturales de presas y depredadores, todos fugan para salvar sus vidas de la voracidad mayor, aunque algunos, en su desesperación y confusión, huyen fuego adentro, constituyendo el último acto de búsqueda natural de sobrevivencia. Mientras la flora, solo retuerce sus hojas en espera de su fatalidad.

Pero al parecer, porque cada vez se hace más inminente, a la amazonía aún le restan purgas mayores al de estos impactos señalados y tendrán un carácter permanente y de mayor envergadura: los mentados megaproyectos, cuyas verdaderas dimensiones y efectos aún son desconocidos. ¿Cuánta resistencia más le quedará a la amazonía?

* Ismael Guzmán es investigador y sociólogo de CIPCA Beni.

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¿Incendios forestales o desastres humanos?

Equipo técnico CIPCA Santa Cruz

El oriente y la amazonia de Bolivia son regiones vulnerables a los incendios, los cuales tienen impacto en la economía de las familias afectadas, pero sin duda su efecto más traumático es la pérdida de vidas humanas y del ecosistema. Las causas principales que originan los incendios son la quema de pastizales, cañaverales y quema de rastrojos (materia orgánica) realizada por ganaderos, empresarios agrícolas y en menor escala campesinos e indígenas. Estas malas prácticas son realizadas para el control de plagas (insectos y garrapatas), renovación de pasturas y habilitación de áreas para uso agrícola, por su bajo costo económico sin tomar en cuenta el costo social y ambiental.

Este conjunto de prácticas contribuye a los efectos del cambio climático, que en los últimos años se perciben notoriamente, al punto que está modificando el calendario agrícola en la región, tal como refleja el alcalde del municipio El Puente, Santa Cruz, y productor campesino, Gabino Vaca Arinori: “he visto el cambio brusco del clima, de la noche a la mañana aparece un viento fuerte, ya no se puede calcular como antes, hoy día el viento está de norte y al otro día esta de sur, esos cambios son los que generan esto. Incluso antes sembrábamos en octubre, ahora hay que esperar noviembre, diciembre”.

Según datos históricos (2000 al 2010) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), a nivel de país los picos más altos se identificaron en 2004 con 50.464 focos de calor que afectaron más de 6 millones de hectáreas, seguido de los 29.743 de 2005 que comprometieron aproximadamente 3,5 millones de hectáreas. Hasta el 19 de agosto 2010 se tienen reportados 24.961 focos de calor que afectaron a 1,6 millones de hectáreas, superando las 1,2 millones de hectáreas dañadas por el fuego el año pasado. La ABT teme que en septiembre esta cifra supere los más de 50.464 puntos de fuego detectados hace seis años. (Fuente, ABT, agosto 2010).

Según el mapa (agosto 2010), se evidencia la concentración de los focos de calor en las macroecoregiones del oriente y amazonia de Bolivia.

Ante tal situación, por un lado es importante hacer prevalecer el ejercicio del marco jurídico vigente de manera irrestricta, como la Constitución Política del Estado (CPE) en su Art. 342 que textualmente determina: Es deber del Estado y de la población conservar, proteger de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Asimismo, el Art. 401, parágrafo I menciona: El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará al dominio y propiedad del pueblo boliviano.

Del mismo modo, la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria en el Art. 2, parágrafos II y XI; Art. 28 y 29 de la Ley agraria 3545, referido a la obligación de cumplir con la función Económica Social, que textualmente determina:

II. La función económica social en materia agraria,… es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.

XI. Los desmontes ilegales son contrarios al uso sostenible de la tierra y no constituyen cumplimiento de la función social ni de la función económica social.

Art. 28. … serán revertidas al dominio originario de la Nación sin indemnización alguna, las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo…

Art. 29. …es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la Función Económico Social….

En otras palabras, si se identifican predios con cañaverales, pastizales, desmontes mecanizados y manuales, y áreas con vocación forestal que son quemadas, deben ser revertidos por el Estado sin ninguna indemnización porque son prácticas contrarias al uso sostenible de la tierra y negativas al interés colectivo de la sociedad y el de sus propietarios.

Por otro lado, estos desastres deben interpelar, principalmente a los actores rurales vinculados con el acceso y tenencia de la tierra y recursos naturales a un cambio de mentalidad y de prácticas de manejo de las quemas, que por ahora son consideradas como parte de sus sistemas de producción agrícola y pecuaria.

En el marco de la construcción de nuevas normas, basadas en la Constitución Política del Estado, el contexto es oportuno para incidir en el acceso, uso y manejo sostenible de los recursos naturales a nivel nacional, departamental y municipal.