El 9 de agosto se recordó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un marcado retroceso en cuanto al respeto de los derechos indígenas en varios países de Latinoamérica, lamentaron la alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay y el vicepresidente del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas Bartolomé Clavero.

Las naciones gobernadas por partidos de izquierda o centro izquierda han tomado distancias de Estados Unidos y han logrado convertir a América Latina en una fuerza geopolítica relativamente autónoma en la escena mundial. Su mayor logró fue apuntalar políticamente a los movimientos indígenas y reconocer su derecho a organizar su vida política y social de manera autónoma, destaca Immanuel Wallerstein.

Sin duda, “tenemos motivos para celebrar el progreso alcanzado para hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es también una ocasión para recordar que no podemos conformarnos con ese logro. Las continuas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en todas las regiones del mundo merecen nuestra máxima atención y acción”, afirma la alta Comisionada Navi Pillay.

Pillay afirma que aún existe una amplia brecha entre los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la realidad, ya que los indígenas continúan sufriendo discriminación y marginación, extrema pobreza, desplazamiento de sus tierras tradicionales, indiferencia ante sus preocupaciones ambientales y todavía no participan de manera efectiva en la toma de decisiones.

Según Clavero, en el último año “la situación ha empeorado incluso en los mismos Estados donde ha habido reconocimientos constitucionales importantes”. Atribuyó dicho retroceso a la presión que ejercen las empresas transnacionales dedicadas a la explotación de recursos naturales ignorando los derechos de los pueblos indígenas.

Los políticos de la región se dejaron “encandilar” por la lógica del “desarrollo a ultranza” de las transnacionales extractivistas, enfatizó Clavero. Ese es el caso de Perú, uno de los países con más conflictos violentos contra los pueblos originarios, seguido por Argentina, Brasil, Chile y Ecuador.

El principal objetivo de los gobiernos “progresistas” es el desarrollo económico mediante un mayor control de sus propios recursos y mejores acuerdos con las empresas, mientras que los movimientos indigenistas reclaman un mayor control sobre sus propios recursos y mejores relaciones con sus propios gobiernos nacionales, y afirman que su objetivo no es el crecimiento económico, sino la convivencia armónica con la Pachamama. De ahí la confrontación entre movimientos indígenas y gobiernos de centro izquierda como Brasil, Venezuela, Ecuador e incluso Bolivia, explica Wallerstein.

A Clavero le sorprenden los cambios políticos en sectores de “centro derecha y centro izquierda”, que han empezado a “infravalorar la presencia indígena” y a facilitar el acceso al territorio a las corporaciones extranjeras.

Los Presidentes Rafael Correa, Evo Morales y Hugo Chávez dicen marchar hacia el socialismo del siglo XXI, pero en realidad consolidan una suerte de neo extractivismo del siglo XXI. Es bastante aventurado hacer más de lo mismo y creer que van a cambiar los resultados simplemente porque ahora ellos están al frente de procesos transformadores, critica el economista ecuatoriano Alberto Acosta.

Para Pillay es especialmente desconcertante la persecución política y el hostigamiento a organizaciones defensoras de los derechos indígenas. Lo que más preocupa es la criminalización de movimientos indígenas que reivindican sus derechos a la autodeterminación territorial y a la consulta previa.

Los partidos de izquierda tienden a acusar a los grupos indigenistas de actuar como peones de los partidos de la derecha nacional y de determinadas fuerzas externas, en particular de Estados Unidos. Morales y Correa difaman a los “conspiradores financiados por think tank, ONGs y transnacionales de extrema derecha, e incluso agencias de inteligencia”.

En los hechos, los gobiernos de “izquierda” actúan como los gobiernos conservadores del pasado, sin considerar realmente las consecuencias ecológicas del neoextractivismo. Según Acosta, el socialismo del siglo XXI vaciado de varios elementos fundacionales como por ejemplo la lucha de clases es un ejercicio bastante retórico, incluso inconsecuente y hasta aberrante.

Con información del boletín SENA del Fobomade, Agence Globale y Rebelión.