Los ciudadanos Juan Calisaya y Mario Hernani, padres de los estudiantes Fidel Calisaya y David Hernani fallecidos en un enfrentamiento con la Policía durante el desbloqueo de la carretera la Paz-Caranavi entre el 7 y 8 de mayo, iniciaron una querella formal contra el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, el comandante General de la Policía Oscar Nina y el ex director departamental de la FELCC Ciro Farfán, entre otros, todos ellos acusados de cometer el delito de asesinato.

“Hemos formulado una querella por el delito de asesinato en contra de Sacha Llorenti, Gustavo Torrico, Oscar Nina y otros comandantes que ordenaron la operación policial para el desbloqueo carretero de Caranavi, donde murieron los dos jóvenes”, informó Jorge Quiroz, abogado defensor de los familiares de las víctimas, luego de presentar la querella al fiscal Sergio Céspedes.

Quiroz solicitará al Ministerio Público que llame a declarar a los parlamentarios del MAS Fidel Surco y David Quispe en calidad de testigos, sin descartar la posibilidad de que ambos también sean incluidos en la querella.

El principal sustento de la querella planteada por los familiares de los jóvenes asesinados es un reciente informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) que confirma que el gobierno recurrió a la fuerza para desbloquear el camino y desechó el diálogo.

Según el informe de la APDHB, el “plan represivo policial” violó los derechos humanos, dejó más de 30 personas heridas y 33 detenidas, y causó la muerte de los estudiantes Mario Fidel Hernani y David Callizaya en la ciudad de Caranavi, luego del desbloqueo del camino.

“El primero ha recibido un disparo de fusil FAL 9 milímetros que le provocó muerte cerebral y luego su deceso en el Hospital del Clínicas de esta ciudad, según el informe médico. El segundo fue herido por siete perdigones según autopsia que se practicó en Caranavi”, detalló la presidenta de la APDHB Yolanda Herrera.

Herrera dijo que el informe “concluye que se han dado instrucciones, que se han ejecutado esas instrucciones, que las muertes ocurrieron luego del desbloqueo del camino La Paz-Caranavi y en un lugar que no fue en ningún momento centro del conflicto, y que amerita una investigación profunda de estos hechos”. Pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Bolivia envíe una comisión investigadora.

El ministro Llorenti aseguró que el gobierno hizo todos los esfuerzos para que los colonos de Caranavi se reúnan con el Presidente, pero decidieron bloquear la vía debido a una pugna interna. “La intervención policial fue para evitar un enfrentamiento entre civiles, porque de la zona de Alto Beni y Larecaja se movilizaban los cooperativistas y colonizadores para desbloquear la carretera”, justificó.

El Ministro de Gobierno recordó que durante los enfrentamientos los bloqueadores dispararon armas de fuego, hirieron al ex comandante Óscar Farfán e incendiaron las instalaciones del Comando Regional de la Policía y la Escuela Básica Policial de Caranavi. La comisión investigadora de la APDHB no encontró ningún indicio de la “existencia de un grupo político armado” en la región.