Empresarios madereros, funcionarios públicos y algunos caudillos indígenas conformaron al menos tres grupos mafiosos que se dedican al tráfico de madera en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo Mosetén ubicada al norte del departamento de La Paz, confirmaron funcionarios de la Dirección de Desarrollo Forestal y de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

A fines de junio, el ex presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) Daniel Gigasi envió una carta a la ministra de Medio Ambiente María Esther Udaeta denunciando un monumental tráfico de aproximadamente 500 mil pies madera en el Bloque B de la TCO.

El cacique indígena identificó a los cabecillas del negocio ilegal Efraín Loza, Federico Villa real, Humberto Vásquez y algunos dirigentes indígenas, quienes instalaron dos parqueterias y una carpintería al interior de la TCO OPIM, un área protegida por Ley.

Gigasi pidió que una comisión interinstitucional integrada por representantes del Defensor del Pueblo, ABT La Paz, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal y de otras instancias públicas visite la zona para verificar la denuncia.

A finales de julio funcionarios de la ABT constataron en una inspección ocular que cada día salen de la zona hasta ocho mil pies de madera y que es difícil combatir a la red de traficantes, indígenas y algunos funcionarios encargados del control de trancas.

El director de Desarrollo Forestal Weimar Becerra reveló que en Palos Blancos y en otras áreas operan decenas de barracas, pero sólo una es legal. “Nosotros hemos podido identificar a tres grupos que operan en estas regiones y que dirigen y financian estas actividades desde lejos”, informó el funcionario al Servicio de Noticias Ambientales (SENA).

Los inspectores evidenciaron que al menos siete barracas y parqueterías instaladas en Covendo y Tucupí transforman la madera en parquet y luego la trasladan en vehículos pequeños; “de 20 a 30 camiones salen cada día desde esa zona trasladando entre seis y ocho mil pies de madera, tanto cortada como en bloques, de los que sólo 30 por ciento tiene papeles otorgados por la ABT; camuflan la madera ilegal con la madera con autorización de aprovechamiento”, explicó Becerra.

Según el inspector forestal Fernando Altamirano, mucha gente está involucrada en la extracción ilegal de madera, incluidos funcionarios públicos e indígenas. “Son grandes mafias que trabajan de manera organizada”, precisó Becerra.

Los traficantes asociados con algunos indígenas derrocaron al presidente de la OPIM Daniel Gigasi por haber denunciado el negociado; tomaron el control de la zona, no permiten el tránsito de vehículos extraños y evitaron que los inspectores de la ABT ingresen a la población de Covendo. “Esperamos dos horas para que abran la tranca y vimos que entraron seis camiones cargados de madera”, presenció Altamirano.

Los traficantes abrieron caminos clandestinos en la TCO para transportar madera en movilidades pequeñas y corrompieron a los empleados públicos encargados de las trancas de control. A veces la policía forestal decomisa madera sin permiso de explotación, luego la remata y en muchos casos la madera es comprada por los mismos contrabandistas, denunció Altamirano.

En la TCO alrededor de 3.000 familias indígenas se dedican a la comercialización de productos agrícolas y forestales en pequeña escala. Gigasi aclaró que no todos los mosetenes están involucrados en la explotación ilegal, sino pequeños grupos que “se dejaron convencer por madereros que les han financiado el bloqueo de la comisión gubernamental”.

Los grupos mafiosos golpearon a varios dirigentes indígenas que se oponían a la actividad ilícita y amenazaron en repetidas oportunidades al cacique Daniel Gigasi, quien teme que los madereros contraten sicarios para dañar a su familia.

Gigasi alertó que “no hay una determinación que prohíba la tala indiscriminada de madera, y ellos (los traficantes) continúan deforestando; si las autoridades no se pronuncian esto no se va a frenar; si el gobierno está a favor del medio ambiente ahora es su oportunidad de demostrar que se frene la tala de árboles, porque de lo contrario se convertiría en cómplice de estos madereros”.