El ascenso al poder, para administrar el Estado con todas las ventajas que esto implica, está condicionado a la otorgación de empleos al mayor número posible de los que apoyaron, correspondiendo que con algo se pague el costo de este intercambio de favores: tasas sobre las importaciones. Estas encarecen el costo de vida del habitante común. Lo que suscita el contrabando que nos conduce a la pregunta ¿Más Estado, más contrabando?

Las manifestaciones contra la Ley de Aduana reflejan un orden económico, difícil de ser cambiado desde la creación de Bolivia. En el fondo, sus protagonistas son los contrabandistas o quienes se benefician de ellos. No nos referimos únicamente a los gremialistas, premiados con el régimen simplificado a su característica de enlace del contrabando, que ahora se denominan trabajadores independientes. Es verdad que los muchos, trabajan para otros pocos y en ese orden decreciente, todos terminan en unos cuantos que manejan montos considerables de mercaderías y ventas, en varios casos, verdaderos clanes con sus sectores definidos. Entre los cuales no faltan empresarios que se quejan abiertamente del contrabando y piden se lo combata, pero que le compran insumos o bienes intermediarios, cuando no productos, que son parte corriente de sus operaciones comerciales, de servicios o industriales. Ahí están los ejemplos, fábricas de artefactos de plástico que optan por el producto contrabandeado, al que le ponen su marca local. Llegan al mercado boliviano legalmente e incluso, como si en sus mercaderías sólo tuvieran materias primas nacionales, siendo que el “Hecho en Bolivia” es únicamente la manufactura o la marca registrada.

Se trata de todo un esquema que al final se alimenta por sí mismo y genera corrupción oculta hasta en quienes no quieren practicarla, porque termina en las facturas compradas que entregan los asalariados en sus declaraciones del IVA, a falta que los gremialistas se las den por cada compra que realizan. Estamos ante consumidores finales de un proceso que va desde las fronteras hasta el comedor de los hogares. (Lo que también funciona en sentido inverso, como es el caso del GLP subvencionado que contrabandean de Bolivia al Perú, lo que sucede otro tanto con la gasolina). Todo porque el Estado necesita ingresos para pagar a sus 250.000 funcionarios públicos en una población de 10 millones de habitantes. Sus sueldos, en importante porcentaje, son pagados con las tasas aduaneras sobre importaciones, por lo que el combate al contrabando es primordial. Pero si tenemos un servidor público por cada 40 habitantes !!!!! en un país que funciona sin eficiencia, parece que no resulta el imponer tasas a los importadores, para atender al clientelismo político que vive del poder, el que debe retribuir por lo que le permiten administrar el Estado, lo que al final se convierte en dar empleo a sus partidarios, sin el cual difícilmente sobrevivirían.