Al menos cinco mil comerciantes minoristas de Oruro y La Paz cercaron por segundo día consecutivo la Plaza Murillo de La Paz, el centro del poder político del país, exigiendo al gobierno que archive definitivamente el proyecto de Ley de reforma del Código Tributario y la Ley General de Aduanas, que su criterio criminaliza al comercio informal.

Gremialistas de la denominada Superferia Oruro y de los mercados paceños Uyustus y Eloy Salmón, entre otros, conformaron barreras humanas para impedir la entrada y salida de representantes políticos y empleados del Palacio de Gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Los manifestantes arrastraron y quemaron en la calle un muñeco que representaba al Presidente Evo Morales y advirtieron que “así como lo llevamos al gobierno igual lo podemos sacar“. Denunciaron que el proyecto de ley de aduanas criminaliza a los comerciantes informales, imponiéndoles penas draconianas peores que las de la Ley 1008.

El artículo 148 del proyecto de Ley de reforma al Código Tributario y la Ley General de Aduanas señala que los delitos tributarios aduaneros son “delitos colectivos de múltiples víctimas” y toma en cuenta la pena principal más las agravantes como base de la sanción penal. Asimismo, “en los casos de contrabando no se admite medidas sustitutivas como la detención preventiva…”.

La norma establece que en caso de delitos tributarios aduaneros “los instrumentos del delito y en particular las propiedades, depósitos o recintos – vehículos automotores- las lanchas y las avionetas, serán confiscadas a favor del Estado y luego de su registro, se entregarán definitivamente a las Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público u otras entidades conforme a Reglamentación”.

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural Cecilia Ayllón informó que el proyecto de ley que endurece las sanciones contra los contrabandistas será debatido esta semana en la Cámara Baja. Los comerciantes advirtieron que se movilizarán hasta que el gobierno archive el proyecto de Ley y no descartaron iniciar un bloqueo de carreteras. El Vicepresidente Álvaro García Linera respondió que la norma será aprobada pese a quien pese y prometió que sólo afectará a los “magnates del contrabando”.

“Los afectados no van a ser los comerciantes, sino una red de contrabandistas, pocas familias que tienen millones y millones de dólares que están utilizando a los hermanos comerciantes para movilizarse”, dijo García Linera y advirtió que el país no se rendirá ante un “puñado de pulpos que se quedan con el dinero que debe ir al Estado”.

El Vicepresidente aseguró que los comerciantes minoristas “igual van a recibir su mercancía a un precio muy parecido o a uno o dos pesos más, pero con ese dinero el Estado construirá carreteras, habrá Bono Juancito Pinto para los hijos de los comerciantes que están marchando, Renta Dignidad para los papas de los movilizados y escuelas”.

El viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales César Navarro declaró a la agencia ABI que “hay intereses muy grandes de gente que tiene mucho dinero y que invierte mucha plata en el contrabando, importando de manera clandestina. Ellos son los que promueven estas movilizaciones”.

El 14 de julio, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) instruyó a las 14 zonas francas del país que prohíban el ingreso de productos farmacéuticos, alimenticios y electrodomésticos y les dio plazo hasta el 6 de agosto para que tramiten la prórroga de sus concesiones. El Viceministerio de Política Tributaria estima que el Estado pierde al menos 375 millones de dólares año por la evasión tributaria del contrabando.