Instituciones de Santa Cruz -la plaza más importante para las recaudaciones aduaneras del país- respaldaron a la Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en una reunión sostenida en la ciudad oriental buscando aunar esfuerzos para lograr una facilitación del comercio exterior a cortísimo plazo, sin descuidar el control y fiscalización del comercio exterior del país. Se vislumbra una coordinación sinérgica con CAINCO, Despachantes de Aduana, IBCE, transportistas y otras entidades

La presidenta de la ANB Marlene Ardaya Vásquez, en el marco de la Reunión Ampliada de Directorio de CAINCO que cobijó a representantes institucionales en Santa Cruz, y en la que se coincidió que si bien era bueno la persecución de los contrabandistas -asimismo resultaba importante el hacer más fácil el proceso de importación en el país- dio a conocer la inminente implementación de una “Central de Riesgo” precisamente para la facilitación de las importaciones a través del mecanismo SEA (Servicio de Enlace Aduanero).

Este dispositivo consistirá en el registro de las empresas que cumplan los récords exigidos de “buen comportamiento tributario” durante los últimos años, para ser beneficiarias de controles más expeditos en el despacho aduanero. La Presidenta garantizó un 95% de posibilidades de “canal verde” para las empresas ejemplares que demuestren estar cumpliendo la Ley.

De otra parte está el sistema UTIL (Ubicación, Tiempo e Inversión en Línea) a lanzarse el próximo mes, que radicará en la posibilidad de hacer el seguimiento al trámite de importación vía mail y mensajes telefónicos en “tiempo real”.

La presidenta de la ANB informó de la mejora en los sistemas de control aduanero reflejado en un récord de incautaciones (11 millones de bolivianos en 2009, y 10 millones en lo que va de 2010), dando cuenta que el aumento de la “sensación de riesgo” aumentó la propensión a importar por la vía legal.

Dijo que para profundizar aún más el proceso, se optará por utilizar dispositivos de ubicación satelital (GPS) con “chips” en los camiones que ingresan y circulan en “tránsito aduanero” por el territorio, logrando así un mayor control, pero a la vez la facilitación en la gestión y una mayor “sensación de riesgo”, tanto para los funcionarios de la Aduana, así como para los contrabandistas.

Además, la implementación de “dispositivos no invasivos de control” (Scanners) para modernizar la ANB, para lo cual se cuenta ya con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con sede en Bruselas, Bélgica.

Para aumentar la capacidad de almacenamiento de los recintos aduaneros, se gestiona ampliar los galpones de ALBO en Santa Cruz, quedando en claro que el precario manejo de los recintos aduaneros -a cargo de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) dependiente del Ministerio de Economía- se debe a que no se efectuaron inversiones para mejorar la infraestructura ni los equipos logísticos, algo que excede a la propia gestión de la Aduana.

De igual forma, para alivianar la carga de importaciones se está proponiendo la alternativa de “nacionalización en frontera”, a efecto de lo cual se va a efectuar primero un “ejercicio” en Yacuiba, y luego en Tambo Quemado, con lo que se espera desahogar los almacenes de las Aduanas interiores.

Respecto a las zonas francas, Ardaya enfatizó que éstas no se cerrarán, sino que deberán adecuar su funcionamiento a lo que establece el Decreto 0470.

Otro paso importante señalado por la presidenta de la ANB fue la implementación de “Aduanas integradas”, primero en Yacuiba y Tambo Quemado, así como en Desaguadero y Puerto Suárez (Arroyo Concepción), lo que permitirá ejercitar un “control cruzado” sobre lo que sale de cada país (valor y volumen) y lo declarado al momento de ingresar a Bolivia.

Finalmente, respecto al problema de la ropa usada, artículos de “línea blanca” y “línea negra” (computadoras, DVD, TV, etc.), habrá una reunión con autoridades aduaneras de Chile para ejercer el control en la misma Zona Franca de Iquique, lo que pondrá coto al principal foco de contrabando hacia Bolivia.

La economía boliviana deja de percibir 375 millones de dólares cada año por evasiones tributarias. Anualmente se movería entre 400 y 1000 millones de dólares como resultado del comercio ilegal, estimó la viceministra de Política Tributaria Susana Ríos.

Ríos confirmó el inicio de una lucha frontal contra ese delito mediante una rigurosa Ley que contempla drásticas sanciones administrativas y penales. La ropa usada y los automóviles son los productos que más se comercializan de manera ilegal.