La Habana, (PL).- Cárceles en Arizona podrían convertirse en grandes campos de concentración para inmigrantes si finalmente prevalece una intención legal que criminaliza la estancia de indocumentados en ese estado norteamericano. Muchos ojos en el mundo siguen de cerca las polémicas decisiones tomadas en ese sureño departamento estadounidense, mientras miembros de la comunidad hispana amenazaron con protestas masivas como vehículo de denuncia.

Este jueves 29 de julio fue la hora cero para la legislación SB 1070 y aunque la jueza federal Susan Bolton limitó los efectos de la normativa, una gran amenaza aún pende para mal de muchas familias extranjeras asentadas en el territorio. Arizona confirmó que planea apelar la decisión judicial que inhabilitó algunos acápites de la nueva ley.

La gobernadora republicana Jan Brewer precisó que presentará la demanda ante el Noveno Circuito Judicial de San Francisco, California. Brewer subrayó que si es necesario se abrirá paso además hasta la Corte Suprema de Justicia, en Washington, con la meta de invalidar el veredicto de la autoridad que censuró parcialmente al programa.

El miércoles 28 en una resolución de última hora la magistrada Bolton restringió el efecto de la controvertida ordenanza, sin alterar el punto relacionado con la contratación laboral de inmigrantes ilegales.

Por ende, bajo la norma activa desde el jueves 29 es considerado un delito ofrecer trabajo a un extranjero asentado en el sureño departamento sin documentos migratorios en regla.

Recién se conoció que el estado de Arizona también sopesa un proyecto de ley dirigido contra los hijos de los indocumentados.

John Kavanagh, un republicano conservador del Congreso estadal, defendió la iniciativa que según él no contradice preceptos de “la Constitución redactada por los padres fundadores de la nación”.

Los hijos de los inmigrantes ilegales no deben tener derecho a certificados automáticos de ciudadanía o naturalización porque así no aparece escrito en los textos originales de la carta magna, apuntó Kavanagh. Durante la administración del presidente Obama han sido deportados más inmigrantes que durante el último año del gobierno de George W. Bush, calculó una agencia federal estadounidense.

En el periodo del actual ejecutivo norteamericano las redadas anti inmigrantes se han multiplicado sin mucha publicidad al tiempo que aumentó la persecución de empresas que contraten a ilegales, reseñó el sitio digital National Public Radio.

Según informe del Buró de Inmigración y Aduanas (BIA), más de 400 mil extranjeros fueron o están en camino de ser repatriados en lo corrido del año, un ocho por ciento más que en 2008 bajo el mandato de Bush.

Adicionalmente a estas medidas, los funcionarios del BIA están incrementando el acoso de los inmigrantes sin papeles que violen otras reglas menores, como leyes de tránsito o de urbanidad, señaló la fuente.

De acuerdo con la institución federal, alrededor del 50 por ciento de los individuos expulsados en 2010 tenían algún tipo de expediente criminal, hecho que representa un alza de 30 por ciento respecto a 2008. Sin embargo, organizaciones cívicas pro-hispanas como La Raza criticaron al gabinete de Obama porque argumentan que el gobierno norteamericano jamás explica que tipo de delitos cometieron los deportados.

Estados Unidos desplegará a partir del 1 de agosto mil 200 soldados de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza, confirmó la Casa Blanca. Los escuadrones fueron asignados principalmente para la frontera Sur, con México, y comenzaron la movilización a partir del 27 de julio, indicaron fuentes oficiales. El grueso del contingente militar está compuesto por elementos del Ejército, aunque además quedaron citados especialistas de la Fuerza Aérea.

Unos 16 millones de inmigrantes indocumentados viven en ese país sin perspectivas seguras de naturalización. Obama prometió desde 2008 que adelantaría una reforma legislativa para resolver la situación.

Recientemente un pueblo al norte de Chicago convirtió al inglés en idioma oficial y emitió un comunicado para respaldar a la polémica ley anti inmigrante de Arizona. La decisión de autoridades en Homer, con una población de 30 mil personas, ha sido calificada por analistas como un gesto simbólico de carácter xenófobo y una prueba del reforzamiento de esa tendencia en el ámbito nacional.

A partir de la entrada en vigor de la resolución, todos los documentos oficiales en esa ciudad serán totalmente redactados en inglés, sin explicaciones en otras lenguas, explicó el diario Chicago Tribune.

No somos racistas, simplemente queremos que la gente que venga a nuestra región aprenda y hable solamente en inglés, comentó Steve Balich, un parlamentario local quien propuso la medida. Estados Unidos no tiene por constitución ningún idioma oficial a nivel federal, aunque de facto el inglés es considerado la lengua nacional.

Los dioses de la hipocresía

La decisión de la jueza Susan Bolton de bloquear preliminarmente las secciones más racistas y abusivas de la ley SB 1070 es importante pero en la práctica sólo es una victoria parcial del movimiento favorable a los indocumentados en Estados Unidos que no debe dejarse confundir o silenciar por esta medida.

La confluencia de estas acciones migratorias, con movimientos de tropas hacia la frontera y la utilización de aviones no tripulados ha convertido a Arizona en el principal laboratorio de lo que puede considerarse un “apartheid global” apunta el grupo NACLA.

El republicano Pat Buchanan lo ve como parte de una cruzada sagrada necesaria para que Estados Unidos no sea invadido por “hordas bárbaras de hambrientos extranjeros portadores de enfermedades exóticas”. La decisión fue adoptada en momentos en que hay movilizaciones, vigilias y acciones callejeras en las principales ciudades, así como un amplio movimiento destinado a iniciar un contundente boicot contra el estado de Arizona.

La banda norteamericana Rage Against the Machine presidirá un concierto cuyas recaudaciones se entregarán a organizaciones opuestas a esa ley anti-inmigrantes. El espectáculo es una de las principales iniciativas del llamado Soundstrike (Golpe de sonido), que agrupa a personalidades que impugnan esa ley discriminatoria, y contará con grupos como Nine Inch Nails, Billy Bragg, Steve Earle y Ry Cooder, entre otros.

Por primera vez en 10 años los intérpretes de March of Death actuarán en su ciudad natal, en lo que se considera un llamado a la sociedad estadounidense para luchar por la erradicación del código draconiano SB 1070, que ampara la represión contra cualquier persona de aspecto extranjero.

El gobierno del presidente Barack Obama aunque se opone a la ley ha realizado irónicamente la mayor cantidad de deportaciones y de persecuciones de los empleadores de indocumentados de toda la historia, apunta la coalición pacifista ANSWER.

En lugar de las deportaciones masivas, el gobierno del presidente Obama debe trabajar en favor de una reforma migratoria abarcadora y justa que ofrezca a más de 12 millones de indocumentados sus derechos constitucionales fundamentales, publica el sitio Drudge Report.

Otros estados observan con atención la batalla en Arizona para implementar ellos también medidas legislativas inconstitucionales similares, apunta el New York Times. El Departamento de Justicia inició bajo la presión popular un proceso de impugnación de la SB 1070 por considerar que ese estado se atribuye poderes de competencia federal.

La Agencia Federal de Inmigración y Aduanas, conocida por sus siglas ICE, espera deportar este año más de 400 mil irregulares, o lo que es un 25 por ciento más que los deportados en el 2007 durante el gobierno del ex presidente George W. Bush.

Ya en el 2005 se crearon las condiciones para la implementación de leyes inconstitucionales racistas cuando el Departamento de Seguridad de la Patria lanzó la Operación Streamline que criminalizaba la inmigración ilegal y dejaba de asumirla como una violación menor.

Con esta modalidad se procesaban masivamente a los capturados al ritmo de más de 70 en una hora que podían recibir sentencias de 30 días a 6 meses de prisión y si eran reincidentes entre dos y hasta 20 años.

Todos ellos quedarían con serios antecedentes penales en Estados Unidos de por vida lo que impediría que pudieran emigrar legalmente.

Los condenados irían a prisiones privadas en Arizona las cuales son una de las pocas industrias florecientes en ese estado golpeado severamente por la actual depresión social y financiera según el Wall Street Journal.

De acuerdo con Carolina Isaacs, directora de la organización cuáquera American Friends Service Comitee tanto la Operación Streamline como la ley SB 1070 provocaron que se apliquen injustamente a empobrecidos irregulares, soluciones similares a la que se toman contra connotados delincuentes.

Las mismas desataron una innecesaria e injusta guerra contra los ilegales que ahora hasta deben pagar los gastos carcelarios en que incurran mientras que están detenidos según apunta el sitio Portside.

Los pagos que deben hacer los detenidos al sistema carcelarios privado incluyen también penas adicionales por contrabando, por esconder o emplear a los ilegales. Issac dice que cuando se analiza la SB1070 se nota que han comprimido dentro de la misma al menos otras 40 legislaciones destinadas a hostigar y deportar a los extranjeros sin documentación. En 1993 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lanzó una serie de operaciones de búsqueda y captura como por ejemplo La Operación Define la Linea en El Paso, la Operación Portero de la Verja en San Diego y la Operación Salvaguarda en todo el estado de Arizona.

Esto dio por resultado que con la utilización de artefactos de alta tecnología la Patrulla cerró los principales cruces que utilizan los inmigrantes en las ciudades de Nogales y Douglas donde se levantó un muro de 16 pies de altura.

Los Acuerdos de Libre Comercio desataron un éxodo masivo de mexicanos que cruzaban la frontera hacia Estados Unidos a un promedio de 500 mil anuales durante el gobierno de Bill Clinton y muchos de ellos perecieron en el desierto de Arizona a un promedio de 200 cada año según NACLA.

Al convertirse Arizona en el laboratorio contra inmigrantes por excelencia aparecieron las prisiones privadas y los grupos paramilitares como los Ranch Rescues y los Minuteman compuestos por blancos de tendencias nazistas.

El sheriff del Condado de Maricopa, Joseph Arpaio, en lugar de reprimir las actividades de los extremistas paramilitares comenzó a imitarlas y creó una partida de voluntarios para literalmente salir a cazar familias enteras de indocumentados.

Este señor creó una ciudad de carpas con capacidad para dos mil prisioneros y los obligaba a ponerse uniformes rosados para burlarse de la masculinidad de los encartados por sus huestes.

En una entrevista con la cadena televisiva Fox News, Arpaio declaró que levantaría una ciudad de carpas desde Arizona hasta México si fuera necesario.

El Phoneix Times apunta que la SB 1070 sencillamente legaliza la brutalidad represiva que ya Arpaio llevaba a cabo con absoluta impunidad de las autoridades estatales.

El Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutú, declaró que los rencores como el apartheid no empiezan por toda la población que de pronto se vuelve inhumana, sino que comienzan discriminando por características raciales.

El geógrafo Joseph Nevins dijo en una entrevista con la revista Znet que las políticas raciales dirigidas contra un segmento poblacional relativamente pobre y de color que deben arriesgar sus vidas para poder conseguir el sustento en los países ricos, contrasta con aquellos privilegios de los que son blancos, que pueden viajar legalmente a través de las fronteras internacionales.

El gobierno del presidente Obama aunque impugna la SB1070 sigue comprometido con la deportación masiva de indocumentados y con las políticas de militarización fronteriza.

Lo cierto es que esa ley no detendrá la inmigración ilegal sino que canalizara a miles de prisioneros a las cárceles particulares otorgándole a estas la materia prima humana para obtener sus ganancias, señala Todd Miller editor asistente en NACLA.

* Jefe de la Redacción Norteamérica y jefe del Departamento de Difusión de Prensa Latina.