En un texto anterior he señalado varios argumentos sobre el DDHH al agua (Crespo, 2009); estos van como “yapa”, a propósito de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobada el miércoles 28 de julio, a propuesta del gobierno boliviano, para que el agua y el saneamiento sean declarados como un derecho humano.

“No estamos contra la privatización como principio. Nuestra principal preocupación es que el Estado asuma su responsabilidad de regular y supervisar las actividades del sector privado para que todo el mundo tenga agua potable y corriente y saneamiento. No es relevante si el servicio lo brinda una empresa pública o privada, pero sí que el agua y el saneamiento sean considerados derechos humanos”, declaración de Ann-Mari Karlsson del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI). Definitivamente la estrategia del DDHH al agua no es contradictoria con los enfoques mercantilistas del agua (privatización y/o su articulación a la disciplina del mercado).

Un rasgo de los movimientos sociales y las nuevas formas de activismo antiglobalización es su autonomía frente al Estado; con sus acciones, estos no quieren tomar el poder ni fortalecer el estado, sino reducir todas las formas y relaciones de dominación. Por otro lado, los derechos remiten al Estado; de hecho, el enfoque de derechos, económicos y sociales, busca proteger y promover estos derechos frente al Estado, por ello se habla de “exigencia de derechos”. Pregunto, será posible articular desde el movimiento social una reivindicación estatalista?

La historia larga de las luchas indígenas en Bolivia, es por defender su autonomía y contra las diversas formas de dominación que se han establecido, antes que por la exigencia de derechos. En casos, para lograrlo, la negociación con el estado ha sido en busca de “pactos de reciprocidad”.

A primera vista, llama la atención la alianza entre activistas y ONGs del agua y gobiernos en del lobby por la aprobación de la resolución de NNUU. Esta alianza ya se selló en la cumbre del agua de Estocolmo (2009). No existe el riesgo de legitimar a gobiernos, como los que han impulsado la resolución, que no están aplicando en sus propios países este principio?

La coherencia de medios y fines en la iniciativa boliviana. Existen suficientes evidencias mostrando que el gobierno boliviano incumple el derecho humano al agua como guía de sus decisiones en el sector:

El DDHH humano al agua no es contradictorio con la participación privada, vía empresa mixta.
La gestión del agua no ha mejorado. SEMAPA es el paradigma de la corrupción y la ineficacia, y mientras tanto los más pobres (la zona sur) siendo careciendo de acceso al agua, luego de casi cinco años de gestión.
Se legitima y fortalece una política económica extractivista de los RRNN (minería, hidrocarburos particularmente), que demanda grandes cantidades de agua, afectando a sectores más pobres y vulnerables.
Se promueve la construcción de megapresas en el norte amazónico, a pesar de los impactos irreversibles que suponen para comunidades ribereñas, indígenas y ecosistemas.
un marco jurídico que reproduce y profundiza la desigualdad socioeconómica y genera nuevos escenarios de conflictos, como es el caso de la ley de riego.

Mientras que el discurso del DDHH al agua plantea un escenario ideal, en el mundo material operan relaciones de poder, donde unos actores ejercen relaciones de poder sobre otros. Se espera que el Estado aplique el principio en sus políticas públicas, pero en la realidad el estado y las corporaciones del agua están haciendo lo contrario; de esta manera, el DDHH al agua corre el riesgo de operar como un dispositivo para legitimar procesos, por lo menos contradictorios, como el boliviano respecto al agua, antes que para un acceso universal e igualitario.

Bibliografía

Crespo, Carlos (2009) ”Apuntes sobre Estado y DDHH al agua en el foro alternativo del agua en Estambul 09’”; Boletín Todo sobre el Agua; Cochabamba: CGIAB. www.aguabolivia.org.