La Habana, (PL).- Los acontecimientos recientes parecen indicar que nuevamente Costa Rica se prepara para servir de base de ataques contra otros países de la región, como antes lo hiciera contra Cuba y Nicaragua. El acuerdo para que 46 naves artilladas, 200 helicópteros, siete mil hombres y 10 aviones de combate Harriet, entren a territorio costarricense en los próximos seis meses como parte del convenio de patrullaje conjunto con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos firmado en 1999, apunta en ese sentido.

La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 12 expresa que: “Se proscribe el ejército como institución permanente” y más adelante señala: “Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”. Más adelante el citado artícolo concluye afirmando: ” Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”. Este es el argumento esgrimido por quienes defienden la presencia intervencionista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el territorio de un país que, durante años basó su política exterior en la particularidad que le da su carencia de ejército y la de ser amante de la paz. Cuesta suponer que la presidenta Laura Chinchilla, quien comenzó sus funciones hace sólo dos meses, armó en tan poco tiempo el entramado de este “permiso”. Fiel a su personalidad escurridiza y doble y a su incontrolable deseo de protagonismo, el ex presidente y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias negoció el mencionado “permiso”. Para ello adquirió compromisos en el capítulo de seguridad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que le generaba a Costa Rica obligaciones de hecho. Otro Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, ha dado la orden para la ejecución del convenio. Tal como Eisenhower dejó minuciosamente organizado un proyecto para que fuera Kennedy quien ordenara invadir a Cuba por Playa Girón en 1961, Arias como nuevo paladín enmascarado de la guerra, estructuró el plan para que su sucesora asumiera los riesgos políticos de la alianza bélica de un país pacífico con la primera potencia militar del planeta. Pero los antecedentes vienen de más atrás. La intervención militar de Estados Unidos en Costa Rica, se inscribe dentro de la ofensiva de restructuración de las fuerzas militares del Pentágono en el hemisferio occidental articulada a través del Plan Colombia. El combate contra el narcotráfico fue el instrumento que Estados Unidos utilizó al finalizar la guerra fría y antes del 11 de septiembre de 2001 para este objetivo. Costa Rica tenía un papel que jugar en este plan. El periodista costarricense José Meléndez, en el N° 3 de de la revista chilena FASOC del año 2000, afirma ya en ese año que en un informe del Comando Sur se señalaba a Costa Rica como un país susceptible de instalación de un Centro de Operaciones de Avanzada para la lucha contra el narcotráfico. Desde esa época, el tema se ha estado considerando hasta ahora que la presidenta Chinchilla le ha dado el vamos. El argumento utilizado es ya recurrente en América Latina. Este “Convenio de Patrullaje Conjunto” es a Costa Rica lo que el Plan Colombia es a ese otro país. Es la continuación del programa de despliegue de las fuerzas militares de Estados Unidos a nuestro continente, que ya incluye, bases en Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Antillas Holandesas y el territorio ocupado de Puerto Rico. A ello se suma la reactivación de la Cuarta. Flota de la Armada de Estados Unidos en el Caribe para dar continuidad a su proyecto de cerco militar contra los gobiernos democráticos y progresistas del continente, en especial, contra Cuba y Venezuela. Al igual que en Colombia, el subterfugio de la lucha contra el narcotráfico no resulta creíble al observar la naturaleza bélica de sus componentes militares. Por otro lado la nota oficial de la Embajada en Costa Rica especifica que dicho personal “podrá disfrutar de libertad de movimiento y derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión, lo cual incluye portar su uniforme mientras se encuentra ejerciendo sus funciones oficiales” (pp. 33 y 42 de Acta Legislativa N° 39), lo que contradice el precitado Artículo 12 constitucional. Al respecto, Chris Pueble, experto en el tema, director de Estudios de Política Exterior en el Cato Institute, y veterano de la Guerra del Golfo habiendo servido a bordo del USS Ticonderoga (CG-47), afirma que “Uno no persigue narcotraficantes con portaaviones”, y aseguró que “la naturaleza de las embarcaciones no es propia para esta lucha”. Ante el argumento de la Presidenta Chinchilla de que las naves “entrarán bajo el mando del Servicio de Guardacostas”, el analista Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute de Washington D.C. cita a su colega Preble, quien calificó ese argumento como absurdo. “Si bien tal vez alguien del Servicio de Guardacostas de Costa Rica podría abordar las embarcaciones y permanecer en éstas durante su tránsito por aguas nacionales, las naves en todo momento serán de la Marina de Estados Unidos y permanecerán bajo el comando de ésta”, afirmó. “Por lo tanto, se puede argumentar que su entrada a aguas nacionales contraviene la naturaleza del convenio de patrullaje conjunto de 1999. Se puede autorizar su entrada al país, pero de otra manera (una autorización a la vez por cada nave), y no dentro de un convenio que no corresponde a esta situación”, comentó Pueble. La presencia militar de Estados Unidos en Costa Rica ha causado la repulsa de importantes sectores de la sociedad tica. En julio de 1979 ante la avasalladora ofensiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Estados Unidos instaló tropas en el aeropuerto de Liberia en la norteña provincia de Guanacaste, fronteriza con Nicaragua. Entonces se trató del último intento del gobierno de Estados Unidos para evitar una salida revolucionaria que pusiera fin a la dictadura somocista, esperando el apoyo que pretendió lograr en la OEA. La gigantesca movilización del pueblo costarricense que rodeó desarmado el aeropuerto de Llano Grande convertido en base aérea de Estados Unidos fue una extraordinaria acción de solidaridad internacional y jugó un papel decisivo para evitar la intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua. Hoy los hijos de Juan Santamaría despliegan decenas de iniciativas para expresar su repudio a la presencia de las tropas estadounidenses en su territorio y anuncian que lucharán hasta lograr el objetivo de ver a su patria libre de las fuerzas militares extranjeras.

* El autor es académico venezolano y colaborador de Prensa Latina.