El Presidente Evo Morales ya ha sancionado las cinco leyes denominadas estructurales: Tribunal Constitucional, Órgano Judicial, Régimen Electoral, Órgano Electoral y Ley Marco de Autonomías. Sin duda, que el hecho merece atención previa por parte de mirada indígena, y lo merece en cuanto el proceso de desarrollo constitucional, particularmente el del sistema judicial (Ley del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial), ambos constituyen un campo jurídico, donde las tensiones, los consensos y las concesiones reflejan los avances, retrocesos y vacíos de la descolonización en el derecho y la justicia.

Así que conviene hacer algo de historia…

En la gestión de la Ministra Celima Torrico y por nota interna de la Viceministra Cecilia Rocabado se encarga -o mejor dicho se ordena- al abogado Sergio Paz elaborar borradores de las leyes del Tribunal Constitucional, Órgano Judicial, y Consejo de la Magistratura, hecho que sucedió efectivamente. Luego estas leyes fueron entregadas a consultores contratados por el Min. Justicia y bajo el auspicio de la cooperación danesa, que tuvieron la tarea de “mejorar” dichos borradores, este proceso culminó con una consulta nacional por departamentos. Posteriormente en la Unidad Especializada de Desarrollo Constitucional dependiente de la Vicepresidencia se “mejoran nuevamente” los borradores del Ministerio de Justicia (a cargo ya de la Ministra Nilda Copa). En diversas reuniones bajo el método de pizarra y texto revisado artículo por artículo se elaboran los documentos que serán la base de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿El resultado?: Tribunal Constitucional y Órgano Judicial sancionados y promulgados.

Todo este proceso adoleció de un vacío profundo, en un dato de poder demasiado importante como para dejarlo de lado: La colonialidad del sistema judicial en Bolivia.

La reforma judicial de los noventa -en pleno auge del modelo neoliberal-, usó como argumento central de todo ese proceso de profundización de la colonialidad contemporánea del sistema judicial, la falta de “acceso a la justicia”. En el camino se elaboraron sendos diagnósticos bajo el control y dominación de la cooperación internacional norteamericana, alemana, española, el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo y otras agencias menores.

¿El resultado a casi una década y media?, promesas incumplidas. La justicia tiene índices de credibilidad alarmantes para cualquier democracia, la formación de jueces sigue siendo de nivel escolar, la corrupción judicial es el pan nuestro de cada día, las formas procesales se ponen por encima de la verdad, las sentencias son parte de un mercado negro.

La enseñanza del derecho proviene de dos currículas la una, la oficial, llena de derechos, la segunda -la subterránea- es con todo la negación de la primera (profesores y auxiliares venales, cogobierno de corruptela acordada en consejos de carrera y facultativos, graduación profesional mercantilizada en extremos inimaginables y producción intelectual grado cero).

Finalmente, la reducción de la demanda profesional y la explosión demográfica de los licenciados en derecho, la constante creación de carreras de derecho en universidades publicas y privadas, la ausencia total de conocimientos en materia de jurisdiccionalidad indígena o derechos humanos de género y generacional, son un problema escasamente abordado por los hacedores de políticas públicas y los hacedores de leyes.

Todos estos vacíos en el conocimiento del campo jurídico en el sistema judicial, son en conjunto y por separado los componentes que nos muestran la colonialidad del sistema judicial.

Dominación colonial en envase de cooperación internacional, reproducción de los hábitos coloniales al interior de los edificios judiciales, reproducción de la colonialidad del saber al interior de las facultades de derecho y la colonialidad del ser en el proyecto de vida del abogado, son datos que no han sido trabajados, diagnosticados para enfrentar los mecanismos contemporáneos de reproducción de la colonialidad judicial.

Si esto es así, ¿qué valor podemos asignarle a la declaración del Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Héctor Arce, acerca de que las nuevas leyes, Tribunal Constitucional y Órgano Judicial van a “descolonizar la justicia”?.

Inicialmente tiene razón en cuanto los resultados así lo dicen, veamos:

a) Elección de Magistrados por voto popular, que no es una novedad en sí misma, en los EEUU, existe tanto la elección vía partido político como aquel de candidatura no partidaria, en ambos casos el voto es el sustento de legitimidad de la justicia. Suiza el modelo que conoció el Presidente Morales fue en realidad el que marcó el debate sobre la descolonización de la justicia atrapada en manos de dos poderes políticos: Ejecutivo y Legislativo. En el fondo es la resolución de una hipocresía histórica sobre la independencia judicial, al menos en los países que provenimos de la tradición jurídica continental conocida también como tradición del “tutelaje eurocéntrico”

b) Composición del Tribunal Constitucional, donde lo indígena originario campesino tiene al menos dos representaciones. Esto no debiera extrañar ya que los derechos indígenas, como los derechos de las mujeres provienen de una vertiente reparatoria a daños históricas en las relaciones sociales y nos están planteando un efecto reparatorio, es decir estamos ante un derecho reparatorio que se contrapone a aquel derecho de privilegios.

c) Menos formas procesales y más verdad material, efectivamente la colonialidad del poder judicial se encuentra en un grave lapsus mentalis sobre la distancia entre forma procesal y verdad material, así que la promesa es aquella largamente esperada: Justicia

d) Paz social Vs. Acceso a la justicia, no es cuestión de acceso a la justicia es cuestión de generar condiciones de paz social y gestionar la conflictividad social desde un ángulo de preferencia a la dignidad humana, dicho de otra forma, no se trata de privilegiar al poderoso, sino de generar condiciones de igualdad material entre partes, aquí la gratuidad de la justicia ya no es una promesa sino cuestión de políticas públicas, una obligación del Estado.

e) Acciones constitucionales para hacer cumplir los derechos que se encuentran en la constitución, efectivamente, las acciones populares y de cumplimiento abren la posibilidad de que sea este órgano de cierre de la justicia constitucional, quien le recuerde tanto al legislativo como al ejecutivo la obligatoriedad que tienen de cumplir la constitución, pero muy particularmente la obligatoriedad inmediata en lo que hace a los derechos tanto de personas como de pueblos, así también lo establece el mismo preámbulo constitucional, que en el caso de Bolivia, no es una parte bonita sino la línea que dirige la elaboración de políticas públicas, de este modo pasamos de la hipocresía liberal al estado integral que cumple lo que promete, y promete solo lo que va a cumplir.

¿Qué nos queda a los indios?

Primero, tener la certeza de que en el primer tiempo de este proceso de desarrollo constitucional, el liberalismo y la modernidad nos han ganado la partida, no hay otra…

Segundo, partir de una confesión, los argumentos de la descolonización en profundidad, suenan a radicalismo indígena en algunas esferas oficiales, y esto es así porque el Estado uninacional, monocultural, de matriz liberal que pretende ser moderna, tiene todavía una fuerte dosis de emisión ideológica al interior del naciente Estado plurinacional.

Tercero, aceptar que el liberalismo y la modernidad no son malas en sí mismas, sino que tienen varias promesas históricas que han sido invisibilizadas y que hoy recogidas desde el Estado Plurinacional constituyen datos de poder emancipatorios y efectivización de derechos vía ejercicio jurisdiccional.

Cuarto, visibilizar la colonialidad del sistema judicial, no tanto desde el discurso sino desde la preparación de un diagnóstico y la realización del mismo por parte de las organizaciones que hacen al pacto de unidad.

Quinto, profundizar el debate sobre la justicia ordinaria y sus males, es decir visibilizar la colonialidad del sistema judicial a los ojos y cerebros del pueblo boliviano, solo de esta forma se hace más comprensible la jurisdiccionalidad indígena y su valor igualitario ante la jurisdiccionalidad ordinaria y agroambiental.

Sexto, poner en su lugar a los que los piensan que los indios no pensamos, que piensan que somos pachamámicos o algo por el estilo… ponerlos en el Partenón de los racistas…

Revolución Judicial: justicia y plurinacionalidad…

A la pregunta si habrá mas justicia? Debemos responderle que esa es una promesa con base constitucional, pero es una promesa que requiere de enorme esfuerzo por parte del Estado para su cumplimiento.

Si Bolivia es más plurinacional? Aquí, y tenemos que decirlo, existen demasiados temas pendientes, que responden al grado de profundidad en el proceso de descolonización.

La ley no cambia la realidad por sí sola, pero es un poderoso instrumento para transformarla, y este proceso de descolonización esta sustentado en eso precisamente, no en el retorno romántico a un pasado idílico desconocido además, y en todo esto la exigencia de mayor debate ideológico y político sobre los horizontes normativos y las políticas publicas plurinacionales, es inevitable, al menos si se quiere dar consistencia histórica al Estado Plurinacional.

Las leyes no son inmutables en el tiempo, son perfectibles, y aquí nos encontramos, entre desarrollo constitucional emancipatorio y supremacismo cultural, el primero que responde a las aspiraciones del Estado Plurinacional y el segundo que se mantiene en la esclavización liberal y aspirante a una modernidad siempre esquiva, aquella que es históricamente hipócrita.

El sistema judicial se mueve hoy en esos dos campos de lucha, entre emancipación plurinacional o continuidad de la dominación uninacional…

Dixit et salvavi animan meam (He dicho y salvado mi alma)

* Abogado indígena, autor de varios documentos relativos a la descolonización de la justicia y el derecho, Director General deAdministración Pública Plurinacional.