(Enlared).- La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia envió a la Asamblea Legislativa 11 nuevas observaciones al régimen competencial, fiscal-financiero y administrativo de la última versión del proyecto de la Ley Marco de Autonomías.

Cuando aún se mantiene la suspensión del alcalde a causa de la sola acusación de un fiscal, la FAM-Bolivia demanda que se incluya a un juez en el proceso. En caso de que se trate de una suspensión temporal: “El Alcalde Municipal será suspendido temporalmente de su cargo, una vez que el Juez o Tribunal de Sentencia dicte, en el marco del art. 342 del Código de Procedimiento Penal, auto de apertura del juicio por delitos de orden público cometidos en el ejercicio de sus funciones y que conlleve el cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad”.

La suspensión definitiva del alcalde – complementa la FAM – podrá proceder sólo “cuando exista en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad o pliego de cargo ejecutoriado”.

En el Artículo 68, en el que se habla de las Leyes de Compatibilización (que antes eran las Leyes de Armonización), normas según las cuales la Asamblea Legislativa podrá resolver, mediante una ley nacional, un conflicto legal de competencias entre las distintas autonomías, la FAM propone que esta potestad de la Asamblea sea ejercida sólo sobre las competencias compartidas y concurrentes, no cuando se trate de competencias exclusivas.

El principio que defiende la FAM es que los conflictos de competencias entre autonomías y entre éstas y el poder central deben ser resueltas por el Tribunal Constitucional, tal como establece la Constitución.

En el artículo 81, cuando se señala la competencia de los municipios en salud, el ente federativo propone dar un mayor rol a las alcaldías en la administración y control de los recursos humanos.

En el artículo 96, relativo al Transporte, FAM-Bolivia pide que el permiso de circulación de los automotores también sea potestad de las alcaldías o, en coordinación con la policía, pero siempre como atribución edil.

Tributación

En el artículo 105, cuando se establece la participación de los municipios en las regalías mineras departamentales, la Federación demanda que esto sea formulado de manera más clara: ya en una ley vigente (3787) se señala que los municipios productores reciben un 15% de las regalías departamentales.

Una demanda básica de los municipios ha sido que en la Ley Marco se respete el “dominio tributario” municipal, los impuestos y tributos que actualmente ya cobra. Para la FAM esto no está explícitamente reconocido en el proyecto; por lo cual demanda la respectiva aclaración. Además que no se limite la potestad tributaria local mediante disposiciones administrativas (como se hace en la actual Disposición adicional segunda).

En el orden tributario también se pide una mejor precisión en el tema del 3% de los recursos de coparticipación tributaria que los municipios deben destinar al desarrollo deportivo en su jurisdicción.

Administración

Cuando en el artículo 114 del proyecto de Ley Marco se dice que las alcaldías tienen 10 días para presentar, ante el Ministerio de Economía, su informe económico mensual, tanto en medio magnético como impreso, la FAM demanda que este plazo sea tratado en un ley o reglamento, flexibilizando los términos.

Otra observación es la referida a la cantidad de representantes de los municipios en el Consejo Nacional de Autonomías: si bien la situación mejoró algo en la última versión del proyecto (sube de 2 representantes a 5), para la Federación esto aún es insuficiente, y demanda 11 representantes, pues detrás de estos están al menos 326 municipios del país.

Cuando en el artículo 135 del proyecto se dispone que las autoridades de las autonomías están obligadas a presentarse a la Asamblea Legislativa Plurinacional para rendir informes, la FAM recuerda que estas autoridades ya tienen sus propias instancias de fiscalización.

Aparte de los consensos alcanzados con el Gobierno sobre la Ley Marco de Autonomías, para los municipios aún existen temas pendientes, francos desacuerdos, en importantes aspectos de la futura Ley, señala la Declaración de Tarija, documento emitido por los alcaldes de capital de departamento reunidos en Tarija el reciente fin de semana. Los desacuerdos que se tiene con el Gobierno, señala la Declaración, serán “trasladados a las negociaciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, a la cual ya fueron enviadas las correspondientes propuestas.

Desacuerdos en cuanto a las competencias de las autonomías, al régimen fiscal financiero de las mismas, a los distritos indígenas, a la coordinación con el gobierno central, y en torno a la suspensión judicial de las autoridades locales.

Distritos indígena originario campesinos

Con respecto a los distritos indígena originario campesinos (IOC) que se constituyan al interior de un municipio, la Declaración de Tarija, en primer lugar cuestiona la preferencia que el proyecto de Ley Marco tiene hacia el distrito IOC en desmedro del distrito no indígena: mientras el distrito IOC es descentralizado (Art.28), el distrito no indígena sólo es desconcentrado (Art.27).

La descentralización del distrito IOC – señala la Declaración – podría significar incluso la transferencia de competencias, lo cual va más allá de lo constitucionalmente reconocido para el distrito indígena; reconocimiento que consiste en la elección de sus autoridades según normas y procedimientos propios.

Hay que tomar en cuenta, destacan los municipios, que incluso la elección de manera distrital, territorializada del concejal indígena (a la que accederán los distritos IOC), es ya una excepción dentro de la forma generalizada de elección de concejales, que es por circunscripción única municipal.

Además, el proyecto de Ley Marco no señala desde cuándo el concejal indígena empieza a ejercer como tal: teóricamente debe hacerlo desde que es electo o designado por las comunidades, pero para poder entrar al concejo lo más probable es que deba haber una recomposición del concejo, mediante la reforma de la Carta Orgánica, lo cual debe ser aprobado por dos tercios del concejo, pasar el control de constitucionalidad e ir a referendo.

Tampoco está claro el punto en que en el proyecto de Ley se habla de la posibilidad de que distritos indígenas se agreguen a entidades territoriales indígena originario campesinas colindantes (Art.46.III).

A los municipios también les preocupa cómo queda compuesto el Consejo Nacional de Autonomías en el Proyecto. “El municipalismo estaría incorrectamente representado con sólo dos miembros – de veintiún totales con los que contaría el Consejo -, tomando en cuenta que existen actualmente 326 municipios; la representación es especialmente observable si se la compara con aquella de otros niveles de gobierno”. (Art. 126)

En cuanto al Servicio Estatal de Autonomías, reclama la Declaración, permanentemente se reiteró el carácter no vinculante de todos los dictámenes que emita, no sólo de aquellos referidos a conflictos de competencias. Esta determinación no está correctamente reflejada en el proyecto de ley. (Art.132)