(ABI).- La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) instruyó el miércoles a las empresas de transporte interprovincial e interdepartamental rebajar en un 50 por ciento el precio de los pasajes a las personas con discapacidad física o mental.

“Instruir a todos los operadores de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, sujetos a regulación de la ATT, aplicar del descuento del cincuenta por ciento en las tarifas del servicio de transporte de pasajeros en las rutas interprovinciales e interdepartamentales, a favor de personas con discapacidad calificada como grave y muy grave, con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al cincuenta por ciento (50%)”, señala el artículo 1 de la resolución difundida el miércoles en un medio de comunicación escrito de circulación nacional.

Para acceder a este servicio, los beneficiarios deben acreditar dicha condición presentando su Carnet o la Certificación de Discapacidad emitida por los Servicios Departamentales de Salud (SEDES).

Para un control más riguroso, los Operadores de los Servicios de Transporte deberán llevar un registro de los beneficiados y éste será presentado semestralmente a la ATT. El servicio de transporte público no podrá ser negado a personas con discapacidad calificada como grave o muy grave.

“El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Resolución Administrativa Regulatoria será sancionado de conformidad a lo dispuesto en la normativa sectorial en vigor”, señala en el Artículo 5.

Seguro para los viajeros

Por otro lado, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor Fernando Fuentes propuso el martes el proyecto “Móvil Seguro” con el objetivo de velar por la seguridad de los pasajeros y contener la oleada de accidentes de tránsito.

“Las medidas de prevención y seguridad vial contemplan propuestas como el proyecto Móvil Seguro que consiste en implementar un sistema de control y registro confiable de los servicios de taxis y radio taxis a nivel nacional”, dijo.

Manifestó que ante la sucesión de hechos de tránsito que cobró la vida de 160 personas en lo que va del año, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor asume medidas de prevención junto con los Viceministerios de Transportes y de Seguridad Ciudadana para precautelar por la seguridad y la vida de los usuarios del transporte público.

Señaló que el Viceministerio que conduce, como ente defensor de los derechos de los usuarios, será parte del Consejo de Seguridad Vial, desde cuya instancia asumirá acciones conjuntas de regulación y vigilancia en el servicio de transporte.

Paralelamente a este proceso se desarrollarán campañas de educación sobre los derechos del usuario de transporte y de reflexión sobre la importancia de la seguridad vial para desplegar el control social a partir de las juntas vecinales.

De esta manera y en el marco de sus atribuciones establecidas en los decretos 29894 y 420 que dispone mecanismos de control y de sanción, el Viceministerio asume acciones preventivas en el sistema de transporte público.

“Vamos a trabajar en la implementación del decreto 420 desarrollando otros factores que permitan la aplicación de esta regulación” señaló Fuentes y expresó su preocupación ante el alarmante incremento de hechos de tránsito provocados en su mayoría por errores humanos.

Las estadísticas sobre hechos de tránsito corroboran que alrededor del 89 por ciento se originan en fallas humanas, vale decir descuido, embriaguez, cansancio, exceso de velocidad y otros.

“Es en este porcentaje donde se deben desplegar mayores medidas de prevención, a diferencia del 11 por ciento correspondiente a causas mecánicas, estado de las carreteras y mala señalización”, indicó Fuentes.

El gobierno y la Policía acordaron el lunes la creación de una unidad especializada para el control de carreteras, la implantación de un sistema biométrico para conductores, la presencia de más agentes en las calles, remecidas por el crimen, y la promoción de una norma de expendio de bebidas alcohólicas, tras realizar un diagnóstico para optimar la seguridad ciudadana en el país.

“Hemos recogido los diagnósticos de la situación de la seguridad ciudadana para la planificación de las acciones que se llevaran adelante”, precisó el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

La autoridad dijo que junto al Estado Mayor, directores nacionales y comandantes departamentales de la Policía acordaron conformar esa unidad especializada a raíz del alto flujo del servicio público en las carreteras.

Policía y Gobierno se comprometieron a equipar la nueva unidad policial para hacer control, no sólo de la velocidad sino acciones que tengan que ver con la seguridad de los conductores y los pasajeros.

Llorenti mencionó la implantación de un sistema biométrico de control para chóferes contratados por empresas de transporte interdepartamental, los mismos que se instalarán en trancas de llegada, salida y puestos móviles a lo largo de las carreteras bolivianas.

De acuerdo con el funcionario, “este sistema permitirá identificar al conductor, la hora de llegada, su paso por un lugar determinado y ver si imprimió o no exceso de velocidad”.

Llorenti recordó a los gobernadores de los nueve departamentos que el dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) debe destinarse a la seguridad ciudadana.

Denunció que en Tarija, la gobernación privilegia la organización de las denominadas brigadas barriales y se “hace poco con el dinero del IDH a favor de la seguridad ciudadana y al fortalecimiento de la Policía boliviana”.

En la reunión con la cúpula de la policía, a la cabeza de su comandante Oscar Nina, coincidieron que una de las causas de la violencia, la comisión de faltas y delitos tiene que ver con el consumo de alcohol.

El Ministro anunció que se convocará a una reunión a las alcaldías “para elaborar una ley mucho más estricta de consumo de bebidas alcohólicas que pueda garantizar que los menores de edad no consuman ni tengan acceso” a los centros y formas de expendio. Se trata de normar el expendio en locales públicos, precisó.

Anunció también que para la seguridad ciudadana “habrá mayor presencia policial sostenida y continua en las calles de los nueve regiones del país”. Por su parte, Nina garantizó que la presencia policial se reforzará con estudiantes que asisten a la Escuela Superior de Policías para optar una especialidad.