“Varios hombres y mujeres de nuestro país, se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias acciones de resistencia y protesta;…algunos de ellos han sido reprimidos y luego han sido enjuiciados por delitos políticosy comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos…”.

“Las personas enjuiciadas se han visto en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente sano y libre de contaminación… Esta amnistía beneficia a las personas procesadas por los hechos sucedidos…”. Tomado del texto de Amnistía General otorgada a los defensores de la naturaleza, Montecristi, 14 de marzo de 2008.

En aquel día las ecuatorianas y ecuatorianos nos alegramos mucho por el acto de justicia efectuado por la Asamblea Constituyente. Este hecho se dio en un contexto de cambios profundos en la institucionalidad del país y en el que se exaltaba la necesidad de luchar por la defensa de la naturaleza, a quien además se le reconocería sus derechos. Sin embargo, esta alegría ha desaparecido, pues a muchos de los defensores de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos, frente a la minería, las actividades petroleras, industria maderera, la construcción de hidroeléctricas o el acaparamiento del agua, se los está nuevamente criminalizando.

Hoy se usan nuevas armas como la cooptación para colaborar con el régimen, la amenaza y el miedo que se quiere utilizar para acallar las voces de demanda, la persecución política para desmovilizar o la criminalización para detener la marea de protestas que crecen cada día.

Es así que en las últimas semanas, se ha presentado una nueva ola de acusaciones, órdenes judiciales o re-apertura de casos legales, a lo largo y ancho del país. Desde los dirigentes de la CONAIE y CONFENIAE que son acusados de realizar actos de sabotaje y terrorismo hasta líderes comunitarios que defienden sus recursos.

Simultáneamente han aparecido en el país varios puntos de criminalización. Esto no es una coincidencia. Es una muestra de la política de control social que quiere ejercer el gobierno del Ecuador sobre las organizaciones comunitarias que levantan una a una su voz de rechazo a las políticas que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos. Algunos ejemplos de represión son contra pobladores de las Naves en Bolívar, dirigentes del Azuay que se oponen al acaparamiento del agua, o contra opositores a la minería en Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Imbabura.

Con la criminalización de su accionar no solamente que se alienta el racismo, sino que se discrimina a todos quienes viven en el campo, cuidan el bosque y el agua y cultivan la tierra con sus manos. También a quienes apoyamos estos procesos y defendemos los derechos de la naturaleza desde las organizaciones no gubernamentales se nos acusa de infantiles y de obstaculizar el desarrollo y se nos amedrenta de diversas maneras. A esto se suma el Decreto 982 de control y fiscalización de las fundaciones y corporaciones de la sociedad civil y que también limita fuertemente la acción en defensa de la naturaleza y los derechos humanos.

La visita del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias, la primera semana de julio del presente año, fue un momento que sirvió para presentar la situación de indefensión y violación a lo derechos de los defensores de la naturaleza.

Uno de los casos que se presentaron fue el de nuestra organización, Acción Ecológica, debido a la constante persecución y hostigamiento -e incluso amenazas contra la vida de nuestros miembros-, que hemos sufrido en los últimos años. Por estos motivos, la CIDH brindó medidas cautelares a nuestro integrantes y requirió del Estado medidas para investigar y sancionar a los responsables de dichos atentados, robos, amenazas, y asegurar la adecuada reparación. Hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta en ese sentido, más aún la escalada de hostigamientos continúa.

Sin embargo, el caso de Acción Ecológica es uno más de las decenas de casos que estremecen a los ecuatorianos y ecuatorianas y que fueran presentados al Relator Especial. Por ejemplo, las ejecuciones y amenazas en el cordón fronterizo son cotidianas; también se conoce del asesinato de líderes que se oponen a proyectos de hidroenergía en la provincia de los Ríos o el desplazamiento forzado por amenazas de muerte de quienes se oponen a la industria camaronera en Esmeraldas.

Ante el relator se destacó la extrema vulnerabilidad de las comunidades, organizaciones y líderes que se oponen a la extracción de recursos, basados en sus derechos y en los de la naturaleza. Por este motivo se pidió al Relator que incluyera en su informe un llamado al “Estado ecuatoriano para que se abstenga de emitir discursos o políticas que tiendan a aumentar la vulnerabilidad de las comunidades, organizaciones y los líderes que reivindican sus derechos colectivos y los de la naturaleza y que proceda de manera pública y urgente a resaltar la legitimidad de las reivindicaciones de tales derechos”.

También se solicitó que el “Estado ecuatoriano proceda de manera inmediata a implementar medidas dentro de la administración de justicia para priorizar las investigaciones de ataques contra la integridad y la vida de las comunidades, organizaciones y líderes que reivindican sus derechos colectivos y los de la naturaleza”; y que se tomen las medidas necesarias para evitar que la impunidad en estos hechos (1).

El señor presidente ha dicho que la mayor amenaza a su proyecto “viene de lo que él denomina la izquierda infantil y grupos ambientalistas e indígenas que se niegan a la modernidad” (2). Este último es un término cargado de contenido que utilizado por un gobernante al definir su régimen es una señal clara y contundente de que hay un desprecio por lo ancestral, por el mundo indígena, por el campo, o por las culturas del bosque, en definitiva por el buen vivir.

Por eso trata como delincuentes a quienes nos oponemos a la modernidad y luchamos por la diversidad cultural, por la plurinacionalidad y por ser disidentes del progreso y el desarrollo extractivista como un modelo de muerte. La criminalización de la protesta y de quienes disentimos y proponemos otra forma de vida es, en la práctica, la criminalización y la pena de muerte al Sumak Kawsay.

Quito, 8 de julio del 2010

Notas:

1. Carta presentada por Acción Ecológica al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Misión oficial al Ecuador. 7 de julio del 2010

2. Agencia Reuters. “Correa cree en una política económica socialista, pero con aires mercantilistas”. 06 / Jul / 2010.