Lima, (SEMlac).- Un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre el gobierno y los defensores de los indígenas y el medio ambiente comenzó a desarrollarse en el Perú con la decisión de las autoridades de expulsar del país al sacerdote católico, de nacionalidad británica, Paul John Mc Auley, bajo la acusación de soliviantar a la población amazónica.

Los indicios apuntan a que Mc Auley no sería el único religioso al que se le revocaría la visa de residencia en el país. El vicepresidente de la república y también congresista, almirante Luis Giampietri, ha pedido la expulsión del sacerdote italiano Mario Bartolini, párroco de un poblado de la selva.

“Cualquier político se quedaría chico con este señor. Yo he revisado sus discursos y allí se insulta al Presidente (…) Lamentablemente, utiliza al pueblo católico para sus fines”, declaró a un diario local y agregó que los extranjeros que tienen este tipo de actitud “no son dignos de permanecer en el país”.

Y el ex ministro de justicia y congresista oficialista Aurelio Pastor ha anunciado que las actividades de diversos sacerdotes “que se entrometen en la vida pública del país” ya ha sido puesta en conocimiento de la Conferencia Episcopal Peruana.

Las y los religiosos católicos que trabajan en el Perú, especialmente en zonas urbano-marginales y comunidades remotas de los Andes y la Amazonía , son considerados uno de los sectores más progresistas de la iglesia en América Latina, por su defensa de los derechos humanos y su permanente acompañamiento a la población, incluso participando activamente en marchas y acciones de protesta.

Tales actividades son respaldadas por buena parte de los obispos. La Conferencia Episcopal Peruana, la máxima sede que los agrupa, constantemente emite denuncias sobre la situación del país. La más reciente, del 3 de julio, era un llamado de atención sobre la corrupción y se titulaba “La corrupción afecta a los más necesitados”. Exhortaba a los niveles más altos del gobierno a asumir su lucha “institucionalmente”.

Durante y después del enfrentamiento entre nativos y la policía en Bagua, en junio de 2009, donde murieron 34 personas, monjas y sacerdotes acogieron a los nativos en sus sedes religiosas y les posibilitaron el retorno a sus comunidades de origen. Desde entonces han venido reclamando un entendimiento entre ambas partes y el respeto a sus territorios, lo que les ha causado no pocos problemas con las autoridades.

Defensa de los nativos y del medio ambiente

Mc Auley vive en el Perú desde hace más de 20 años y preside la Red Ambiental Loretana, una asociación civil que, según afirma en su página web, “tiene como objetivo vigilar los recursos naturales de la región, la defensa del medio ambiente y proponer soluciones en beneficio de la población local y de la humanidad”.

Desde allí, el sacerdote se dedicaba a educar a los pueblos nativos en sus derechos fundamentales, según declaró a la prensa su abogada Rita Ruck, y han ratificado pobladores, dirigentes indígenas y sacerdotes y monjas de otras congregaciones.

Pero para los voceros del gobierno, Mc Auley es un agitador que solivianta encubiertamente a la población para protestar y quebrantar los valores democráticos, según el primer ministro Javier Velásquez Quesquén.

El congresista Aurelio Pastor fue más allá, al negarle su condición de sacerdote en declaraciones a una radio local, lo que motivó el rechazo unánime incluso de sectores no religiosos, por no corresponder a la verdad, pues él pertenece a la orden religiosa de La Salle. “(Mc Auley) no es un sacerdote, es un laico que solicitó ingresar al Perú bajo la calidad migratoria de religioso -para apoyar labores pastorales- sin embargo, se dedicó a actividades fuera de los parámetros que le señalaba la ley e incluso soliviantaba a la población contra el gobierno”, afirmó.

“Esto se basa en pruebas e informes verídicos. Ellos (los sacerdotes) hacen trabajo político que no sólo es pastoral, porque organizan y levantan a poblaciones. Yo, siendo ministro, conversé con el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, sobre el tema”, indicó.

Según la abogada Rita Ruck, las “pruebas” presentadas contra Mc Auley consisten en charlas, conversatorios y opiniones vertidas por el religioso sobre temas medioambientales, especialmente sobre cómo las acciones de las petroleras en la selva atentan contra la naturaleza y la vida de las poblaciones nativas.

Se condena la protesta, pero no la contaminación

“Me preocupa que se consideren delitos que alteran el orden público el trabajo que algunos misioneros realizan a pedido de comunidades e instituciones para informarles sobre sus derechos nacionales e internacionales en cuanto a sus territorios y a la preservación de sus recursos naturales como patrimonio para sus descendientes, acompañarlos en sus protestas y marchas”, dijo en un comunicado público Monseñor Alberto Campos, obispo-vicario de San José del Amazonas, a donde pertenece el sacerdote expulsado.

“Y, por otro lado, no se consideran delitos la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y la corrupción para ofrecer algunas concesiones para el enriquecimiento injusto de algunas personas o empresas en perjuicio de los habitantes de la Amazonía, la negligencia de algunos profesionales que reciben un sueldo para trabajar en la Selva y no se presentan a sus puestos de trabajo, en detrimento de la educación y salud de los que deberían ser beneficiados”, añadió.

“¿Qué es lo que más altera el orden público? ¿El cumplimiento de la legislación nacional e internacional que garantiza una vida digna para los habitantes de un país y donde sus autoridades deberían ser sus principales promotores o el incumplimiento de las normas y leyes que protegen el patrimonio de la Nación para un desarrollo sostenible para varios años más?”, reflexionó al ser abordado telefónicamente por SEMlac.

Para el Instituto de Defensa Legal, la medida adoptada por el gobierno busca proteger un bien jurídico constitucional como es el orden público. “Sin embargo, los autores de la resolución olvidan que las marchas y protestas a favor de la protección del medio ambiente, no son actos ilegales e inconstitucionales, sino todo lo contrario, son actos que gozan de cobertura y protección”, señala en un comunicado remitido a SEMlac.

“La libertad de reunión es un derecho constitucional fundamental reconocido en la Constitución, y consiste en la posibilidad que tiene un conjunto de ciudadanos de agruparse temporalmente con un objetivo común. En el ámbito político, la libertad de reunión se manifiesta en actividades como manifestaciones públicas, marchas de protesta, mítines realizados con fines político partidarios o electorales”, recuerda.

“La participación de Paul Mc Auley en marchas de protesta social pacífica constituye el ejercicio legítimo del derecho constitucional de reunión, y la resolución analizada no ha demostrado que se haya habido una afectación objetiva y probada”, concluye.

¿Y el Opus Dei?

Y mientras la solidaridad con Mc Auley crece y prácticamente todas las instancias religiosas protestan contra su expulsión, no pasa inadvertido el silencio del Arzobispo de Lima, Cardenal

Juan Luis Cirpriani, miembro conspicuo del Opus Dei y siempre presto a defender las posiciones más conservadoras en materia de población y derechos humanos.

El sacerdote Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad, expresó públicamente su temor de que la arremetida contra los sectores progresistas de la Iglesia Católica sea parte de un acuerdo entre sectores ultraconservadores de la misma, el gobierno y ciertos intereses económicos.

“En este caso, ¿qué dice el Opus Dei frente a un hermano caído? ¿Es su prójimo o no el hermano Paul? ¿O esto implica que podría existir un acuerdo entre sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica y el sector más conservador del Gobierno y ciertos intereses económicos detrás? Aquí también hay un tema ético que involucra a los sectores más conservadores de la Iglesia”, afirmó a la prensa.