Washington, Guatemala y México (PL).- El gobierno de Estados Unidos presentó ayer una demanda contra la ley antiinmigrante de Arizona al considerar que interfiere la autoridad federal. Los gobiernos de Guatemala y México manifestaron su beneplácito por la decisión del Ejecutivo norteamericano.

El 23 de abril, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, proclamó la ley SB 1070 que, por primera vez en la historia del país, declara a la inmigración ilegal como un delito estatal. La legislación debe entrar en vigor a partir del 29 de julio y hasta hoy ha causado las más diversas protestas de los grupos pro inmigrantes estadounidenses.

La demanda del gobierno de Estados Unidos, presentada en un tribunal federal en el estado fronterizo con México, plantea que “la Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país”.

Además alega que ese tipo de iniciativas “perturbarían seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias”, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia.

En Estados Unidos residen alrededor de 12 millones de personas que carecen de un status migratorio regular, y aún Obama no ha cumplido su promesa electoral de lograr una reforma integral sobre el tema, algo que anunció cumpliría en su primer año de gobierno.

El gobierno de Guatemala consideró positivo el anuncio de su par de Estados Unidos de impugnar la Ley antiinmigrante promulgada por el estado de Arizona al declararla inconstitucional. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que ese recurso interpuesto por el Departamento de Justicia este martes tiene como propósito impedir la vigencia de esa norma desde el próximo 29.

Reitera el respeto por la soberanía de cada país, pero considera que dicha ley “amenaza las nociones básicas de justicia y afecta a la comunidad migrante” en aquel país.

Asimismo, afirma que ésta normativa en Arizona no coincide con la política del presidente estadounidense, Barack Obama, “sobre trabajar en una revisión integral de la situación migratoria”.

El gobierno guatemalteco dará seguimiento a este proceso de impugnación y mediante la Cancillería y su red consular seguirá brindando protección y asistencia a los connacionales, señala el texto. Esto “para garantizar el debido respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales independientemente de su situación migratoria”.

México también expresó su beneplácito por la decisión del gobierno de Estados Unidos de tratar de impedir la entrada en vigor de la ley anti-inmigrantes SB1070, por su potencial perjuicio a los derechos humanos.

El pronunciamiento del Ejecutivo federal fue dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para ratificar también el “firme compromiso con la protección de los connacionales en el exterior”.

La SRE enfatizó “el beneplácito del Gobierno de México por la decisión del gobierno de Estados Unidos de interponer acciones legales para impedir la entrada en vigor de la ley SB1070 en el estado de Arizona y declarar su inconstitucionalidad”.

Esta decisión del Ejecutivo estadounidense se suma a otras acciones contra de la norma jurídica, incluida la demanda interpuesta por un grupo de organizaciones civiles, a la que el gobierno mexicano apoyó bajo la figura de Amigo de la Corte o Amicus Curiae, el pasado 22 de junio, recordó la cancillería.

Disputa sigue en la palestra

La nueva ley de Arizona ha generado polémicas entre la administración del presidente estadounidense y el territorio norteño, afirmó Tamar Jacoby, presidente de ImmigrationWorks. Expresó que “el país ya está dividido en dos por esta legislación, tanto que ambos lados no pueden escucharse ni entenderse”.

La disputa subió de tono luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara este martes una demanda en el Tribunal de Distrito en Phoenix para objetar la constitucionalidad de la medida.

Este martes los senadores por Arizona John McCain y Jon Kyl calificaron de “demasiado prematura” la decisión del gobierno de Obama de establecer la demanda contra la ley migratoria aprobada en su estado.

Ambos legisladores acusaron a la actual administración de “no hacer todo lo que puede” por proteger a Arizona de la “violencia y crimen que lleva la inmigración ilegal”.

Para Jacoby “la demanda del gobierno sólo atizará las llamas del debate”. La Casa Blanca sostiene que la legislación constituye una usurpación de funciones federales pues “un estado (del país) no puede establecer sus propias leyes de migración” según lo enunciado en la proclama.

Turistas, inmigrantes legales, o ciudadanos estadounidenses que no puedan probar su estatus sufrirán innecesariamente las consecuencias de la aplicación del estatuto firmado por Jan Brewer, gobernadora de Arizona.

Los partidarios de la ley consideran razonable su implementación ante la supuesta inactividad del gobierno frente a la inmigración ilícita.

El 50 por ciento de los estadounidenses encuestados por Today/Gallup piensan que las autoridades federales deben concentrarse más en frenar el flujo de inmigrantes indocumentados. La misma pesquisa revela que el 45 por ciento de los entrevistados cree que lo más oportuno es trazar un plan sobre el destino de los que ya pisan suelo anglosajón.