El Presidente Evo Morales promulgó la Ley del Tribunal Constitucional (TC), la cuarta de cinco leyes estructurales que deben promulgarse antes del 22 de julio por mandato de la Constitución Política del Estado. La norma viabiliza por primera vez la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional mediante el voto.

El Tribunal Constitucional es la máxima instancia de justicia del país, creada mediante reforma de la Carta Magna en 1994. La nueva ley de 163 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final abrogatoria, faculta al Tribunal Constitucional para dirimir conflictos de competencias entre órganos de poder público y entes autonómicos.

Según el Presidente Morales, la Ley del Tribunal Constitucional será el instrumento que garantizará que ninguna Ley o norma aprobada en el futuro contradiga los mandatos de la Carta Magna.

El Tribunal Constitucional se encargará de realizar controles de constitucional de proyectos de ley, resoluciones no judiciales y no vinculadas a procesos administrativos, estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales.

La Ley del Tribunal Constitucional viabiliza por primera vez la elección de administradores de justicia mediante el voto. El 5 de diciembre, el pueblo elegirá en las urnas a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Órgano Electoral Plurinacional.

La ex magistrada Silvia Salame dijo que una debilidad de la Ley del Tribunal Constitucional es el número de magistrados, siete titulares y siete suplentes. “Las fortalezas son indudablemente casi todo lo dicho en la Ley 1836 que considera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, comentó.

El magistrado Marco Antonio Valdivieso denunció que no se tomaron en cuenta las observaciones y propuestas de los miembros del Tribunal Constitucional y reiteró que la norma pone en riesgo la democracia del país, mientras que el vocero del Tribunal Félix Mur comentó que no todos comprenden la “verdadera dimensión de este proceso de cambio”.

Ya fueron promulgadas por el Ejecutivo las leyes del Órgano Electoral, del Órgano Judicial, de Régimen Electoral y del Tribunal Constitucional, y sólo falta la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Morales destacó que con las nuevas leyes orgánicas Bolivia deja atrás al Estado Colonial para consolidar el Estado Plurinacional que respeta los derechos de todos los bolivianos. “Bolivia está encaminada para dar mayor fuerza a cambios profundos y estructurales y en democracia, lo que se constituye en un referente para el mundo”, dijo.

El mandatario admitió que la Ley Marco de Autonomías será la más difícil de consensuar, aunque “cuando hay sinceridad, transparencia y respeto a la Constitución se puede llegar a consensos”. “Los bolivianos estamos obligados a entendernos para poner en marcha las autonomías departamentales, regionales, departamentales e indígenas”.

El jefe de Estado desea promulgar la Ley Marco de Autonomías y Descentralización antes del 22 de julio. “Al no tener la suficiente experiencia, seguramente cometeremos algunos errores, pero de los mismos debemos aprender hasta perfeccionar un proceso de descentralización”, comentó.

Elección de vocales electorales

La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó el Reglamento para la designación de seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e instruyó que se emita la convocatoria pública para la elección de titulares y suplentes antes de la primera semana de agosto. De los miembros electos, al menos tres serán mujeres y dos de origen indígena- originario y campesino. El jefe de Estado designará a un miembro.

Para integrar el Tribunal Electoral es requisito no tener cargo o sentencia judicial y no pertenecer a ningún partido político o haber sido dirigente de alguna fuerza en los últimos cinco años. Los candidatos deberán renunciar de manera expresa y pública a la membrecía en cualquier logia y a cargos directivos en empresas extranjeras. Tampoco podrán ser miembros activos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Podrán ser impugnados por la población en un proceso de consulta previo.

Por otro lado, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el Reglamento para la designación de cinco vocales para cada uno de los nueve Tribunales Electorales Departamentales. Las Asambleas Legislativas Departamentales preseleccionarán a cuatro candidatos que deben ser ratificados por dos tercios de voto en la Asamblea Plurinacional y el Presidente designará a uno. Por lo menos dos serán mujeres y uno indígena.

Los postulantes no deben tener sentencia condenatoria ni militancia política o parentesco con mandatarios de Estado, magistrados o gobernadores. No son elegibles quienes hayan convocado, organizado, dirigido, supervisado, administrado o ejecutado algún proceso electoral o referéndum al margen de la Ley.

La meritocracia ya no será requisito para acceder a los cargos del TSE y de las Cortes Departamentales Electorales. “No podemos detenernos en la meritocracia, un gobierno de pocos está ligado a la aristocracia y esto tiene que ver también con la meritocracia. No podemos retroceder en los siglos para conformar órganos del Estado en términos exclusivamente meritocráricos”, anunció el senador Adolfo Mendoza (MAS).

El senador opositor Bernardo Gutiérrez denunció que el MAS busca personas afines y “amigos del Presidente y del Vicepresidente para ocupar las vacancias”, cuando lo que se necesita son “vocales amigos de la democracia, de la institucionalidad, amigos de una absoluta convicción de que ese órgano debe ser independiente”.

El periodista opositor Mario Espinoza recordó que la Corte Nacional Electoral era una institución creíble e independiente, pero “al parecer con la nueva ley del Órgano Electoral la CNE, ahora denominado Órgano Electoral Plurinacional, pasará a depender del oficialismo y será simplemente un títere del Poder Ejecutivo”.