(ABI y Erbol).- La marcha indígena que partió de Trinidad el 22 de junio con rumbo a la ciudad de La Paz se detuvo temporalmente en la localidad de Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, luego de que dirigentes de la Comisión Política de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y senadores del MAS suscribieron un acuerdo preliminar de ocho puntos.

“Hemos firmado un acuerdo por medio del cual estamos atendiendo sus demandas que están enmarcadas dentro de la Constitución Política del Estado, tras un diálogo de 15 horas sin descanso, desde las 4 horas del sábado hasta las 7 horas del domingo”, informó el senador Freddy Bersatti (MAS) que encabeza una comisión oficial integrada por los senadores oficialistas Gabriela Montaño y Adolfo Mendoza.

La CIDOB inició hace casi dos semanas una marcha desde la ciudad amazónica de Trinidad (Beni) hacia La Paz, en demanda de tierras, la anulación de concesiones forestales y mineras, una nueva delimitación regional, espacios políticos y autonomía plena, entre otros.”Ellos aceptan y están de acuerdo que la Constitución debe ser la norma máxima que debe regir los destinos de Bolivia”, apuntó el legislador y aclaró que no está en las demandas de los indígenas el tema de tierras fiscales, “no se ha tocado eso”.La demanda de traspaso de límites departamentales, también planteada entre líneas, por la CIDOB, obligó un consenso para el establecimiento de gestión con la salvedad de que no se establezca una territorialidad autonómica, según Bersatti.A su juicio, el acuerdo es atendible y espera que sean aprobados todos los puntos negociados con los líderes de los indígenas marchistas. “Vamos a tener una audiencia pública el lunes, donde estará presente la comisión política de los marchistas, para exponer sus criterios. También estarán otras personalidades del ámbito originario”, anticipó.

“El documento es sobre la base de ocho temas importantes y creemos que eso es lo que más representa los interese del sector”, manifestó José Bailaba, presidente de la Comisión Política de la marcha de CIDOB.

Indicó que si bien este documento representa un avance importante para llegar a una solución del conflicto que enfrenta a los indígenas de tierras bajas con el gobierno, no se ha logrado nada aún mientras no sea aceptado en su integridad por las autoridades del Órgano Ejecutivo.

“Llegaremos a un cuarto intermedio como corresponde, pero pediremos que se constituya una comisión para este fin y dar seguimiento al trabajo establecido”, declaró Bailaba en una entrevista concedida a la Red Erbol.

Los indígenas aceptaron la ratificación de sus estatutos autonómicos en referéndum, previamente aprobados por usos y costumbres. La marcha indígena entra en cuarto intermedio a la espera de que el gobierno considere y apruebe el documento. “La marcha no se va a mover de Asunción de Guarayos, hasta que lleguemos a La Paz y comencemos a trabajar en la Comisión Mixta de Autonomías, para intentar introducir algunos puntos acordados con los indígenas”, dijo Bersatti.

El documento

El primer punto del documento señala que el Tesoro General de la Nación (TGN) financiará las autonomías indígenas “porque no puede haber de otra forma diferenciada como lo son los gobiernos municipales, porque creemos que el gobierno está en la obligación de otorgarnos recursos”, manifestó Bailaba.

El segundo punto se refiere a la constitución de las autonomías indígenas en los límites departamentales. El dirigente aclaró que en ningún momento se tuvo la idea de modificar límites territoriales.

El tercer punto plantea la aprobación de los estatutos autónomos indígenas inicialmente por usos y costumbres, para luego ser necesariamente ratificados en referendo. Bailaba reconoció que al existir en los territorios indígenas personas y propietarios de haciendas que no lo son, respetarán su derecho a votar. “Hacemos las dos figuras, primero se votará por usos y costumbres y después se ratifica por voto”.

El cuarto punto se relaciona a la propiedad de las tierras comunitarias de origen (TCO). “No se pierde el derecho propietario sobre las TCO, porque son de los indígenas”, puntualizó el dirigente.

El quinto punto se refiere a la afectación territorial distrital. “Nosotros nos preguntamos en qué quedan los pedacitos de la jurisdicción municipal, al respecto planteamos dos salidas, uno que se sumen a la autonomía indígena o, por otra parte, que se sumen a una jurisdicción municipal con territorialidad continua, porque no puede quedar un espacio de jurisdicción municipal en el área”, precisó.

El punto seis menciona la base poblacional para la habilitación a las autonomías indígenas. “En nuestro caso es diferente con los del altiplano y valles y aquí mantenemos la posición de que para los territorios indígenas sea de 1.000 personas”, declaró Bailaba.

El punto siete considera la libertad de elección de los pueblos para que puedan asumir las autonomías indígenas o no, según la voluntad de sus comunarios. “En los casos de los pueblos podrán elegir si quieren tener autonomía y de no querer podrán declararse como distrito indígena y depender de otros más grandes con territorio fijo”, indicó.

El punto ocho se relaciona a los recursos para las autonomías indígenas. Se buscará crear un consejo, si la autonomía así lo requiere, para que apoye el manejo institucional de los ingresos.