El último acercamiento entre el gobierno de Evo Morales y los dirigentes indígenas de tierras bajas ha vuelto a mostrar en carne viva la opresión del renombrado Estado “Plurinacional” hacia la mayoría del pueblo boliviano. El viernes 2 de julio los enviados de Evo trataron a los dirigentes indígenas como a menores de edad (“como a sus hijos”), les prohibieron hablar con la prensa y les mostraron su más sucio lado patriarcal, según denuncia de los propios dirigentes indígenas.

El gobierno de Evo Morales rebautizó al Estado boliviano como “Estado Plurinacional”, pero sólo el nombre ha sufrido el “proceso de cambio”. Una buena parte de la dirigencia indígena fue cooptada por el Movimiento Al Socialismo y se incorporó a la administración del Estado desde puestos en la Asamblea Plurinacional (diputaciones) y el Poder Ejecutivo, una vez más podemos decir que algunos de los “funcionarios” han cambiado de rostro pero no de sustancia.

Lo cierto es que el tiempo pasa, las demandas indígenas son evadidas por el gobierno y los pueblos indígenas (al margen de sus dirigentes) comienzan a reclamar un verdadero cambio en sus condiciones de vida.

Eso expresa la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que partió de tierras bajas rumbo a la sede de gobierno hace más de una semana. Los pueblos indígenas exigen el cumplimiento de la promesa hecha por el gobierno de Evo Morales: derechos democráticos y colectivos, acceso real al territorio, posesión del territorio al margen de la delimitación estatal, administración de sus recursos naturales, elección de sus propias autoridades mediante sus costumbres. Las demandas interpelan al supuesto “Estado de los indígenas” y cuestionan al “Presidente indígena”.

Lo interesante es que el gobierno del MAS utilizó esas promesas para cooptar dirigentes, y para garantizarse el apoyo electoral de las grandes masas campesino-indígenas en el país. Los jerarcas del MAS nunca les aclararon, como ahora lo hacen a viva voz, que sólo tendrían derecho a un territorio cercenado hace más de dos siglos por el viejo Estado.

Con esto queda una vez más claro que el carácter del Estado boliviano no se modifica con un cambio de nombre ni con costosas campañas televisivas sobre las bondades de un supuesto Estado Plurinacional, representante de todas las naciones de Bolivia.

Por eso es que las demandas políticas de la CIDOB, de autonomía plena, derecho a la consulta, reversión de las grandes concesiones, más escaños indígenas, entre otras, no serán resueltas ni merecen un interés sincero por parte del gobierno.

El Estado boliviano, herramienta de dominación de los sectores dominantes, no va a ceder poder pleno a los sectores oprimidos. El viejo Estado no está dispuesto a perder el control político ni el control económico de los recursos en las regiones boscosas. Por eso mismo el viejo Estado ha puesto su confianza y ha entregado temporalmente su gestión a un inofensivo administrador como es el “presidente indígena” Evo Morales.

Y Evo es un excelente administrador de los intereses de las clases dominantes, si no veamos qué pasa con el derecho a la consulta indígena (sobre proyectos de inversión y explotación extranjera en su territorio), aprobada en la Constitución Política de Estado. Los masistas han ido desde el discurso de respetar la decisión de los pueblos, han pasado por el planteamiento de que la consulta es un estorbo para el desarrollo del país, y han derivado en que sólo es una consulta y nada más (o sea, que no es vinculante). Allí donde hubo consultas se ha engañado a las poblaciones.

Los intereses del gobierno, respecto de los territorios de tierras bajas, están ligados a sus compromisos con grandes proyectos imperialistas (IIRSA, por ejemplo). Por eso es evidente que el gobierno no se va a atar las manos, dando poder a los sectores populares que viven en áreas de su interés.

La reacción lógica de los pueblos es la marcha desde el oriente, más por una presión acumulada de las bases que ha obligado, en cierta manera, a los dirigentes a llevarla adelante.

Esta movilización cuestiona la demagogia que el gobierno del “hermano” Evo usa para los indígenas, quienes aparecen como vitrina del Movimiento Al Socialismo (MAS), en calidad de florero, como dice el dirigente Adolfo Chávez, porque son utilizados como bandera para ganar opinión pública mundial.

Pero esto no es de ahora. Ya sucedió con los escaños indígenas para el parlamento. La CIDOB demandaba 34 escaños, pero sólo obtuvieron siete debido a una negociación del MAS con la oposición. El gobierno de Evo lanzó a los indígenas el cuento de que no tenían mayoría suficiente en el parlamento como para lograr su cometido. Pero hoy que el MAS es mayoría absoluta rechaza otra vez el pedido y reconfirma los siete representantes, con la promesa de volver a tratar el asunto después de un “censo de población” que demuestre cuánta población indígena existe realmente en el país. Engaño tras engaño, así se ha ido incubando la actual marcha indígena.

El gobierno ha reaccionado, usando el archiconocido argumento de que los pobres “están financiados por USAID”. El gobierno ha pagado un spot televisivo que induce a pensar que los movilizados están alineados con los terratenientes y los cívicos del oriente boliviano. La estrategia mediática para atacar rápidamente a todo movimiento o protesta que enfile contra su política.

Resulta paradójico que el Ministro de Autonomías, Carlos Romero, sea uno de los acusadores de los indígenas; cuando éste fue Ministro de Agricultura, en la anterior gestión de Evo, fue el encargado del gobierno de negociar los artículos de la Constitución Política del Estado secretamente con los terratenientes, con la Cainco y otros representantes recalcitrantes de la Media Luna, ahí negociaron más de 100 artículos a espaldas de las masas que marchaban en las calles, el resultado fue la actual Constitución, ésta que hoy el vicepresidente Álvaro García Linera dice que los “mal manejados” indígenas del oriente la quieren perforar.

Otra medida practicada por el gobierno es mover a sus sindicatos adictos para contraponerlos a los sectores que protestan. Los dirigentes cocaleros del Chapare, actualmente funcionarios del Estado, han amenazado con impedir que la marcha pase por la región cocalera porque se opone al “proceso de cambio”. La CSUTCB, las campesinas Bartolinas, y otras organizaciones también cooptadas por el MAS, han rechazado la marcha porque perjudica la imagen del “hermano Evo”. Tan simple como eso.

Enfrentar masa contra masa ha sido una práctica constante y eficaz de este gobierno, que también haría morir de envía al coorporativismo fascista europeo. Dividir a los sindicatos, cooptar sus dirigentes, aislar a los opositores, crear organizaciones paralelas, lo vemos desde el primer momento de ascenso de Evo Morales. En esta marcha el gobierno intentó como primer paso romper la unidad de los indígenas, negociando por separado con los dirigentes del Beni (filial de la CIDOB).

Entonces volvemos a la contradicción entre el viejo Estado de la clase dominante (insistentemente llamado Estado Plurinacional) y los sectores populares, una contradicción que se revela entre el viejo Estado y los pueblos indígenas, entre los que detentan el poder y el pueblo, entre los sectores dominantes y los explotados. Ésa es una contradicción objetiva y real, que estuvo en calma por un tiempo, pero que vuelve a agudizarse porque el “proceso de cambio” sólo se ve en el papel y no se traduce en una mejora sustancial, en la satisfacción de las demandas de los diversos sectores del movimiento popular.