Apocalíptica pero real se ha tornado la lucha por el agua, entre el Estado, los pueblos indígenas, las empresas y otros actores que entran y salen de la escena. Una lucha que tiene como antecedente la larga tensión existente hasta hoy entre gobiernos y población sobre el uso y explotación de los recursos naturales. Y que hoy muestra que el fondo no son los recursos naturales sino los derechos sobre ellos y sobre otros aspectos que encierra el concepto de Estado Plurinacional que, al parecer, por lo menos en Ecuador, deja aún mucha tela para cortar.

¿Qué hay detrás de la lucha por el agua y los recursos naturales?

La disputa por el agua en el seno de la Asamblea Nacional ecuatoriana fue álgida. La “Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua” finalmente quedó enterrada en un cajón a la espera de que alguien halle una hábil y política estratagema para revitalizarla. Su discusión se detuvo cuando, bien avanzado su análisis, algunos políticos se dieron cuenta que habían olvidado realizar la consulta previa legislativa a los pueblos indígenas. La moción no tuvo respaldo, los movimientos indígenas habían cerrado filas sobre una misma declaración que realizaron en la zona de Ambato, y comenzaron las movilizaciones para empujar la no aprobación de la mencionada norma por ser, según ellos, privatizadora y contraria a los intereses de sus bases.

El país amenazaba con incendiarse por el agua y, finalmente, la discusión se cerró en una maniobra política y la Ley fue enviada al “limbo”, un lugar del cual no saldrá mientras las tensiones se mantengan entre gobierno y pueblos indígenas, según la mayoría de líderes de opinión.

Mientras la norma duerme, en la vida real el agua es un problema diario; empresas florícolas, bananeras y productoras de brócoli buscan una manera de llegar a acuerdos duraderos con comunidades campesinas, pueblos indígenas y municipios para aprovechar ese recurso. Entre empresas mineras y de hidrocarburos el problema es similar, pero la discusión se realiza en un tono de mayor confrontación

Buscando el fondo

¿Quién tiene más derecho a usar el agua y para qué tipo de actividad? Ese es el centro de la discusión que, de alguna manera, ya zanjó la nueva Constitución, que establece una relación de prelación para el uso del agua privilegiando la soberanía alimentaria. Así, toda producción destinada a la exportación, sea alimenticia o no, se halla en el quinto lugar de prioridad al igual que la minería o la actividad hidrocarburífera.

Con ese marco, en cada comunidad indígena y campesina la vecindad con empresas de actividad agrícola de exportación o extractiva se hace muy complicada. Lo que se administra diario es la escasez y no el caudal de agua. Una escasez que ya existe o se prevé que existirá en breve. Las relaciones, por tanto, son tensas. Y aunque los términos de la discusión diaria varían, los temas principales tienen un trasfondo ampliamente distinto al que se analiza en las ciudades y en los textos legales. No se trata solamente de reglamentar el uso ante la escasez y determinar quién puede hacer uso y en qué proporción del agua, sino quién regirá las reglas en su uso diario.

El debate sobre el agua parece esconder como demanda de fondo la facultad de decidir sobre la conveniencia de actividades productivas, de forma especial, pero no irrestrictamente, en territorios de pueblos indígenas. El verdadero meollo de la discusión, por lo menos en Ecuador, se halla en qué implicaciones en la vida real -y no sólo en la retórica- tiene el concepto del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, incluido en letras resaltadas en la última Carta Magna. Así se ve en los conflictos desarrollados constantemente entre comunidades y empresas agrícolas, mineras y otras, cuando la discusión gira en torno a la facultad que tienen o de la que carecen las empresas para realizar ciertas actividades cuyas repercusiones no han sido discutidas, consensuadas o ni siquiera informadas a la población.

Sin embargo, no se debate la cantidad de agua que las empresas pueden utilizar. Ese tema salta después, cuando comienzan las negociaciones. Por ello, pareciera que el fondo está más ligado a la legitimidad de las actividades industriales -grandes, medianas y pequeñas- en zonas de alta influencia indígena y rural; y cuáles son los elementos objetivos sobre los cuales basar un diálogo hacia su consentimiento. Un panorama poco claro para todos los actores de zonas rurales y con riquezas naturales, que, al parecer, no será aclarado en el corto plazo, debido a que los temas de fondo no han sido aclarados. Mientras que para el gobierno ecuatoriano la visión de los pueblos indígenas constituye una afrenta y un intento claro de separatismo, para éstos el concepto profundo de Estado Plurinacional no quiere ser comprendido y por ello no son ahondadas ni puestas en marcha las políticas en torno a los recursos naturales, el agua y la participación ciudadana.

Estado plurinacional en cuestión

La dirigenta indígena Lourdes Tibán, de una región agrícola y ganadera ubicada al sur de Quito, hoy Asambleísta por el Movimiento Pachakutik, afirmó, en entrevista con la revista Vanguardia, que el presidente Correa sólo habría incluido la visión del Estado Plurinacional en el texto constitucional “por conveniencia política” y Raúl Ilaquiche dirigente de la Ecuarunari -máxima organización indígena de la Sierra ecuatoriana- aseguró que el gobierno no ha comprendido la profundidad de “lo que es el Estado Plurinacional”.

Ambos podrían tener razón, a juzgar por la respuesta política y con ribetes de escándalo que dio el gobierno. Caminando sobre hielo fino, los representantes de gobierno, primero movieron las fichas para dejar la Ley de aguas sin tratar; luego comenzaron a generar movimientos de desestabilización entre los actores indígenas con declaraciones de facciones contrarias a las de los dirigentes de las instituciones representativas. Más tarde, cuando las agrupaciones indígenas se reorganizaron, manteniendo un frente unido y apoyado por fuerzas de izquierda puestas en el “congelador” por el movimiento gobernante, vino la sindicación más aguda: “la resolución de Ambato constituye una provocación peligrosa porque plantea el separatismo”. Esa fue la declaración de Alexandra Ocles, Secretaria de Pueblos y Movimientos Indígenas, con rango de ministra.

La referida resolución fue concebida por los movimientos indígenas y culminó con un documento de 21 puntos en los que, entre varias demandas, niegan el diálogo con el gobierno sobre las bases preestablecidas, determinan declarar nulas las adjudicaciones mineras y petroleras, prohíben el ingreso e intromisión de los autoridades de gobierno en tierras y territorios indígenas y definen construir el Parlamento Plurinacional de los Pueblos.

Los rumores no se dejaron esperar y se generó la versión de que los dirigentes de los pueblos indígenas, en especial los de la Conaie, estarían secretamente entrelazados con la Junta Cívica de Guayaquil -entidad sin fines de lucro que vive de aportes individuales y corporativos de gran influencia en la vida cívica y municipal del principal puerto ecuatoriano- y que serían pagados por un presidente anterior, Lucio Gutiérrez, quien ha realizado algunos intentos de magros resultados por liderar una oposición fragmentada y desdibujada ante la ausencia de líderes claros y renovados.

Para muestra un botón

Aislar públicamente a los movimientos indígenas, crear instancias para mostrar al mundo y al Ecuador que el gobierno conjuga los verbos incluir y dialogar, parece haber sido la estrategia, aunque se halle cada vez más alejado de las organizaciones que representan el sentir y las demandas indígenas del Ecuador. La reunión de los países del Alba, en junio en Otavalo, tuvo un notorio vacío de representación indígena ya que los dirigentes, al mismo tiempo, instalaban la Asamblea Plurinacional del Ecuador que protestaba contra la cumbre presidencial a la cual habían acudido Chávez, Morales y Correa por no “garantizar la construcción de un verdadero Estado Plurinacional”, según informó la página Web de la Conaie. La fractura se llama Estado Plurinacional, sin embargo, sus implicaciones aún son difusas. Se habla desde separatismo y desconocimiento del Estado Nacional, hasta del derecho a la libre determinación amparada en el convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU de 2007.

Según declaraciones de Diana Atamaint, asambleísta del Movimiento Pachakutik, la nueva Constitución ecuatoriana reconoce las formas de gobierno indígenas, autonomía de territorios y formas de organización comunitaria, participación directa en las instituciones del Estado y las propias formas de ver la vida de esos pueblos. Pero más allá de los enunciados, en la práctica la fricción que posiblemente genere intensos temblores en el país será respecto a qué se entiende por autonomía de territorios y libre determinación y cómo conviven con leyes y marcos jurídicos nacionales esos conceptos.

Pregunta abiertas

Según la Conaie, el Parlamento Plurinacional del Ecuador será establecido con sede en Quito el 24 de septiembre de este año, “como un espacio sociopolítico y cultural que permita la inclusión de todos los sectores sociales, políticos, económicos y culturales, que han sido relegados históricamente”. El fin de este foro será la construcción del “Estado Plurinacional, cuyo modelo económico será comunitario, solidario, planificado y ambientalmente sustentable”, así como condenar el modelo extractivista y toda forma de exclusión y racismo.

¿Qué incidencias tendrá el concepto amplio y flexible de plurinacionalidad aplicado al Estado e incrustado en la acción y la participación ciudadana? ¿Qué causará en la vida económica y social y en las relaciones de aprendizaje que se van dando poco a poco y no sin procesos traumáticos, entre comunidades y poblaciones indígenas, gobiernos y empresas?

Los pueblos indígenas del Ecuador han marcado el reto y la tarea, quedan por establecer procesos de diálogo sobre un concepto que abarque no sólo a indígenas, porque su aplicación tenderá a transformar las relaciones de intercambio social, cultural y económico de toda la población ecuatoriana.

* Comunicadora social, consultora de Rodríguez & Baudoin, boliviana, reside en Ecuador. Fuente: www.sudamericarural.org