Toda constitución sintetiza un momento histórico. En toda constitución se cristalizan procesos sociales acumulados. Y en toda constitución se plasma una determinada forma de entender la vida. Una constitución, sin embargo, no hace a una sociedad. Es la sociedad la que elabora la constitución y la adopta casi como una hoja de ruta.

“Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan como fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos la libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana”. José Martí

Además, una constitución no puede ser simplemente el resultado de un ejercicio de jurisprudencia avanzada, vista desde la lógica de los entendidos en materia constitucional. Tampoco una constitución resulta de la inspiración de un individuo o grupo de individuos iluminados. Una constitución, más allá de su indudable trascendencia jurídica, tiene que ser un proyecto político de vida en común, que debe ser elaborado y puesto en vigencia con el concurso activo de toda la sociedad.

Desde esta perspectiva, la reciente constitución ecuatoriana -redactada en Montecristi, pueblo en donde nació el general Eloy Alfaro (1842-1912)- (1), fiel a las demandas acumuladas en la sociedad, consecuente con las expectativas creadas, se proyecta como medio e incluso como un fin para dar paso a cambios estructurales. En su contenido afloran múltiples propuestas para transformaciones de fondo, construidas a lo largo de muchas décadas de resistencias y de luchas sociales. Transformaciones, muchas veces, imposibles de aceptar (e inclusive de entender) por parte de los constitucionalistas tradicionales.

Es más, quienes ven amenazados sus privilegios con la Constitución de Montecristi o quienes se han asumido como los únicos portadores de la verdad constitucionalista, no descansarán en su empeño para combatirla.

Como punto básico de la nueva constitución ecuatoriana tenemos que resaltar la declaración de un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Con esta amplia definición se abre la posibilidad de un nuevo pacto de convivencia, de múltiples entradas. Sin pretender agotar los alcances de esta declaración, cabría resaltar que lo plurinacional conduce a repensar el Estado en tanto toma en cuenta definitivamente la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, así como de otras comunidades nacionales, lo que significa un salto cualitativo de la mirada monocultural eurocéntrica imperante hasta ahora.

Por ello es preciso reformular las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos / las ciudadanas para que sean éstos los auténticos poseedores de la soberanía; ciudadanos y ciudadanas en tanto individuos viviendo en colectividad, se entiende.

La crisis de representación política que ha afectado y aún afecta a las instancias parlamentarias, implicó una crisis del derecho constitucional en la medida que la “soberanía popular” estuvo sometida (y todavía lo está) a varios apetitos privados. Esta contradicción con las exigencias ciudadanas creó un conflicto en el sistema de legitimación. Entonces, no sorprende que el derecho constitucional muchas veces y en muchas partes haya sido letra muerta.

La tarea planteada en Montecristi fue la de superar la constitución neoliberal de 1998. Es decir aquel conjunto de normas acordadas explícita o implícitamente por los grandes agentes económicos. Fueron estas regulaciones emanadas desde los intereses privados, incluso transnacionales (sea el FMI, la OMC o los TLC, para mencionar apenas un par de fuentes de este derecho transnacional), las que determinaron las relaciones políticas con el Estado. Esto implicó una desvalorización del derecho constitucional, con la consiguiente pérdida de soberanía por parte del pueblo. Y es por esto que esta declaración de un Estado constitucional resulta vital para la recuperación de la soberanía nacional.

El buen vivir como una oportunidad

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, uno de los puntos medulares del debate fue el cuestionamiento al régimen de desarrollo imperante. La discusión avanzó hacia propuestas que recogen elementos planteados dentro y aún fuera del país. Allí, desde la visión de los marginados por la historia de los últimos 500 años, se planteó el buen vivir o sumak kausay (en kichwa) como una oportunidad para construir otra sociedad, a partir del reconocimiento de los valores culturales existentes en el país y en el mundo. Una concepción que, además, desnuda los errores y las limitaciones de las diversas teorías del llamado desarrollo.

La pregunta que cabe en este punto es si será posible y realista intentar un desarrollo diferente dentro del capitalismo. Se entiende un desarrollo impulsado por la vigencia de los derechos humanos (políticos, sociales, culturales, económicos) y los derechos de la naturaleza, como base de una economía solidaria. ¿Seguirá siendo acaso el desarrollo un fantasma que nos continúe atormentando o utopía que nos oriente?

La propuesta del buen vivir, que cuestiona el llamado desarrollo, fue motivo de diversas interpretaciones en la Asamblea Constituyente y en la sociedad. En un debate, que en realidad recién empieza, primó el desconocimiento e incluso el temor en ciertos sectores. Algunos asambleístas, contando con el eco perturbador de gran parte de una prensa mediocre e interesada en el fracaso de la Constituyente, acostumbrados a verdades indiscutibles, clamaban por concreciones definitivas. Para otros, el buen vivir, al que lo entendían ingenuamente como una despreocupada y hasta pasiva dolce vita, les resultaba inaceptable. No faltaron algunos, temerosos de perder sus privilegios, que no dudaron en anticipar que con el buen vivir se proponía el retorno a la época de las cavernas. Inclusive algunos que alentaron con su voto este principio fundacional de la Constitución de Montecristi, al parecer no tenían clara la trascendencia de esta decisión… Y unos cuantos, opuestos desde una izquierda autista, se aferraron a tradicionales conceptos de cambio, en realidad huecos, carentes de trascendencia al no haber sido cristalizados en la práctica de las luchas sociales.

Para entender lo que implica el buen vivir, que no puede ser simplistamente asociado al “bienestar occidental”, hay que empezar por recuperar la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas; planteamiento que también se cristaliza en la Constitución de Bolivia. Eso, de plano, no significa negar la posibilidad para propiciar la modernización de la sociedad, particularmente con la incorporación en la lógica del buen vivir de muchos y valiosos avances tecnológicos de la humanidad. Es más, una de las tareas fundamentales recae en el diálogo permanente y constructivo de saberes y conocimientos ancestrales con lo más avanzado del pensamiento universal, en un proceso de continuada descolonización del pensamiento. Además, recuérdese las diversas instituciones de producción e intercambio indígenas: minga, maquipurarina, maquimañachina, ranti-ranti, uniguilla, uyanza, chucchina, etc., cuya connotación y vigencia podrían ser analizadas y hasta recuperadas si lo que se quiere es potenciar las raíces culturales de una sociedad tan diversa y culturalmente rica como la ecuatoriana.

Adicionalmente, esto nos lleva a reconocer, a partir de la realidad y complejidad de cada país, la necesidad de aceptar instituciones que podrían ser vistas como de transición o que incluso podrían ser el pivote para repensar otras formas de organización de lo que normalmente se entiende como una economía de mercado capitalista. Y en ningún caso es posible esperar que la copia de experiencias foráneas rinda los frutos esperados en otro contexto, pues un aspecto fundamental para crear y consolidar buenos mercados en función de satisfacer las demandas y necesidades de una sociedad radica en el ámbito cultural de dicha sociedad.

Dicho lo anterior, entendamos que en la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas, en las sociedades indígenas no existe el concepto de desarrollo, tal como nos recuerda el indígena amazónico Carlos Viteri Gualinga, quien ha confrontado los temas del llamado desarrollo con el buen vivir. Es decir, no hay la concepción de un proceso lineal que establezca un estado anterior o posterior. No hay aquella visión de un estado de subdesarrollo a ser superado. Y tampoco un estado de desarrollo a ser alcanzado. No existe, como en la visión occidental, está dicotomía que explica y diferencia gran parte de los procesos en marcha. Para los pueblos indígenas tampoco hay la concepción tradicional de pobreza asociada a la carencia de bienes materiales o de riqueza vinculada a su abundancia.

Desde la cosmovisión indígena el mejoramiento social -¿su desarrollo?- es una categoría en permanente construcción y reproducción. En ella está en juego la vida misma. Siguiendo con este planteamiento holístico, por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el buen vivir, los bienes materiales no son los únicos determinantes. Hay otros valores en juego: el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros. El buen vivir aparece como una categoría en la filosofía de vida de las sociedades indígenas ancestrales, que ha perdido terreno por efecto de las prácticas y mensajes de la modernidad occidental. Su aporte, sin embargo, sin llegar a una equivocada idealización, nos invita a asumir otros “saberes” y otras prácticas.

Pero la visión andina no es la única fuente de inspiración para impulsar el buen vivir. Incluso desde círculos de la cultura occidental se levantan cada vez más voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con esta visión indígena y viceversa. En el mundo se comprende, paulatinamente, la inviabilidad global del estilo de desarrollo dominante.

Frente a los devastadores efectos de los cambios climáticos, se plantean transformaciones profundas para que la humanidad pueda escapar con vida de los graves riesgos ecológicos y sociales en ciernes. El crecimiento material sin fin podría culminar en un suicidio colectivo, tal como parece augurar el mayor recalentamiento de la atmósfera o el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de fuentes de agua dulce, la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre, la degradación de suelos o la propia desaparición de espacios de vida de las comunidades locales…

Para empezar el concepto mismo de crecimiento económico debe ser reubicado en una dimensión adecuada. Crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. Valga traer a colación la visión crítica del crecimiento económico que tiene Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1997. Para reforzar la necesidad de una visión más amplia, superadora de los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, él afirma

“que las limitaciones reales de la economía tradicional del desarrollo no provinieron de los medios escogidos para alcanzar el crecimiento económico, sino de un reconocimiento insuficiente de que ese proceso no es más que un medio para lograr otros fines. Esto no equivale a decir que el crecimiento carece de importancia. Al contrario, la puede tener, y muy grande, pero si la tiene se debe a que en el proceso de crecimiento se obtienen otros beneficios asociados a él. (…) No sólo ocurre que el crecimiento económico es más un medio que un fin; también sucede que para ciertos fines importantes no es un medio muy eficiente”.

Por lo tanto, no es la única vía a la que debería darse necesariamente prioridad. Incluso a escala global, la concepción del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un mercado capaz de absorber todo lo producido, no ha conducido al desarrollo. Lo que se observa -como señala José María Tortosa, uno de los mayores sociólogos europeos, es un “mal desarrollo” generalizado, inclusive en los países considerados como desarrollados. Tortosa va más allá. El afirma que:

“el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es “maldesarrollador” (…) La razón es fácil de entender: es un sistema basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital. Ésa es la regla de juego que para nada es atemperada por la “mano invisible” de los sentimientos morales de que hablaba Adam Smith, es decir, por el sentido de la responsabilidad. Si “todo vale”, el problema no es de quién ha jugado qué cuándo, sino que el problema son las mismas reglas del juego. En otras palabras, el sistema mundial está maldesarrollado por su propia lógica y es a esa lógica a donde hay que dirigir la atención.”

Eso no es todo, a más de no obtener el bienestar material, se están afectando la seguridad, la libertad, la identidad de los seres humanos. Ese maldesarrollo, generado desde arriba, sea desde los gobiernos centrales y sus empresas transnacionales, o desde las élites dominantes a nivel nacional, tan propio del sistema capitalista, implica entonces una situación de complejidades múltiples que no pueden ser explicadas a partir de versiones monocausales. Por ello está también en cuestión aquella clasificación de países desarrollados y subdesarrollados, tanto como el mismo concepto de desarrollo tradicional. Y, por cierto, aquella lógica del progreso entendida como la acumulación permanente de bienes materiales.

En esta línea de reflexión, sobre todo desde la vertiente ambiental, podríamos mencionar los reclamos de cambio en la lógica del desarrollo, cada vez más urgentes, de varios pensadores de gran valía, como fueron o son aún Ernest F. Schumacher, Nicholas Georgescu-Roegen, Iván Illich, Arnes Naess, Herman Daly, Vandana Shiva, José Manuel Naredo, Joan Martínez Allier, Roberto Guimaraes, Eduardo Gudynas, entre otros. Sus cuestionamientos a las estrategias convencionales se nutren de una amplia gama de visiones, experiencias y propuestas extraídas de diversas partes del planeta, inclusive algunas desde la misma civilización occidental. Sus argumentos prioritarios son una invitación a no caer en la trampa de un concepto de “desarrollo sustentable” o “capitalismo verde” que no afecte la revalorización del capital. También alertan sobre los riesgos de una confianza desmedida en la ciencia, en la técnica. En definitiva, estos pensadores cuestionan la idea tradicional del progreso material acumulativo e indefinido, y para superarlo proponen nuevas formas de organización de la vida misma.

La búsqueda de estas nuevas formas de vida implica revitalizar la discusión política, ofuscada por la visión economicista sobre los fines y los medios. Al endiosar la actividad económica, particularmente al mercado, se han abandonado muchos instrumentos no económicos, indispensables para mejorar las condiciones de vida. La resolución de los problemas exige una aproximación multidisciplinaria. Y eso es lo que se propuso en Montecristi.

Buen vivir para todos, no dolce vita para pocos

De ninguna manera es aceptable un estilo de vida fácil para un grupo reducido de la población, mientras el resto, la mayoría, tiene que trabajar para sostener los privilegios de aquel segmento privilegiado y opresor. Esta es la realidad del régimen de desarrollo actual, una realidad propia del sistema capitalista. Ya lo apuntó -en su obra clásica, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 1776- Adam Smith, profeta del liberalismo:

“Allí donde existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos”.

El capitalismo ha demostrado una gran capacidad productiva. Ha podido dar lugar a progresos tecnológicos sustanciales y sin precedentes. Ha conseguido incluso reducir la pobreza en varios países. Sin embargo, produce también procesos sociales desiguales entre los países y dentro de ellos. Sí, se crea riqueza, pero son demasiadas las personas que no participan de sus beneficios.

Aquí cobra renovado vigor la propuesta de Amartya Sen, para quien el

“poder de crear riqueza” equivaldría a la posibilidad de “ampliación de las capacidades” del ser humano. No cuentan tanto las riquezas o sea las cosas que las personas puedan producir durante sus vidas, sino lo que las cosas hacen por la vida de las personas: el desarrollo debe preocuparse de lo que la gente puede o no hacer, es decir si pueden vivir más, escapar de la morbilidad evitable, estar bien alimentados, ser capaces de leer, escribir, comunicarse, participar en tareas literarias y científicas, etc. En palabras de Marx, se trata de ‘sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos, por el dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias‘”.

Lo que se busca es una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y sin tener a éstas como la meta final. Esta es, a no dudarlo, una visión equiparable con el buen vivir.

Por este motivo resulta inapropiado y altamente peligroso aplicar el paradigma desarrollo tal y como es concebido en el mundo occidental. No sólo que este paradigma no es sinónimo de bienestar para la colectividad, sino que está poniendo en riesgo la vida misma de la humanidad. El buen vivir, entonces, tiene una trascendencia mayor a la sola satisfacción de necesidades y acceso a servicios y bienes. En este contexto, desde la filosofía del buen vivir se precisa cuestionar el tradicional concepto de desarrollo. La acumulación material permanente de bienes materiales no tiene futuro. Desde esa perspectiva, al tan trillado desarrollo sustentable habría que aceptarlo como una etapa de tránsito hacia un paradigma distinto al capitalista, en el que serían intrínsecas las dimensiones de equidad, libertad e igualdad, incluyendo por supuesto la sustentabilidad ambiental.

El desarrollo, mejor digamos un renovado concepto de desarrollo, visto desde esta perspectiva -planteada por connotados tratadistas latinoamericanos Aníbal Quijano, Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde, Jürgen Schuldt, José Luís Coraggio, entre otros- implica la expansión de las potencialidades individuales y colectivas, las que hay que descubrir y fomentar. No hay que desarrollar a la persona, la persona tiene que desarrollarse. Para lograrlo, como condición fundamental, cualquier persona ha de tener las mismas posibilidades de elección, aunque no tenga los mismos medios. El Estado corregirá las deficiencias del mercado y actuará como promotor del desarrollo, en los campos que sea necesario. Y si el desarrollo exige la equidad y la igualdad, éstas sólo serán posibles con democracia -no un simple ritual electoral- y con libertad de expresión, verdaderas garantías para la eficiencia económica y el logro del buen vivir, en tanto camino y en tanto objetivo.

El buen vivir, más que una declaración constitucional, se presenta, entonces, como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo, digámoslo más claramente, una nueva forma de vida.

Constituye un paso cualitativo importante al pasar del desarrollo sustentable y sus múltiples sinónimos, a una visión diferente, mucho más rica en contenidos y por cierto más compleja.

Su contenido, entonces, no se refleja simplemente en una sumatoria de artículos constitucionales en donde se mencionan estas tres simples palabras: el buen vivir. Es mucho más que la posibilidad de introducir cambios estructurales a partir del cumplimiento de los diferentes artículos constitucionales en donde se aborda expresamente o no el buen vivir. Esta propuesta, siempre que sea asumida activamente por la sociedad, en tanto recepta las propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como de amplios segmentos de la población, puede proyectarse con fuerza en los debates de transformación que se desarrollan en el mundo.

El buen vivir, en definitiva, tiene que ver con otra forma de vida, con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También está plasmado en los principios orientadores del régimen económico, que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la naturaleza. En esencia busca construir una economía solidaria, al tiempo que se recuperan varias soberanías como concepto central de la vida política del país.

Igualmente, con esta propuesta del buen vivir, al cuestionar los tradicionales conceptos del llamado desarrollo, se convoca a construir sistemas de indicadores propios. Estos nuevos indicadores constituyen una gran oportunidad no sólo para denunciar las limitaciones y falacias de los sistemas de indicadores dominantes, que recrean permanentemente nuevas inequidades e incertidumbres, sino que, al discutir metodologías para calcular de otra manera y con renovados contenidos otros índices de desarrollo (es decir, del buen vivir), se avanzará en el diseño de nuevas herramientas para intentar medir cuán lejos o cuán cerca estamos de la construcción democrática de sociedades democráticas y sustentables.

Con el buen vivir se pretende buscar opciones de vida digna y sustentable, que no representen la reedición caricaturizada del estilo de vida occidental y menos aún sostener estructuras signadas por una masiva inequidad social y ambiental. Mientras que, por otro lado, habrá que incorporar criterios de suficiencia antes que sostener la lógica de la eficiencia entendida como la acumulación material cada vez más acelerada (frente a la cual se rinde la democracia, como reconoce certeramente Boaventura de Sousa Santos).

Desde esa perspectiva, el buen vivir, en tanto nueva forma de vida en construcción y como parte inherente de un Estado plurinacional, tal como se aprobó en Montecristi y fue ratificado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en un plebiscito en septiembre del 2008, propone incluso una nueva arquitectura conceptual. Es decir, se requieren conceptos, indicadores y herramientas propias, que permitan hacer realidad esa nueva forma de vida equilibrada entre todos los individuos y las colectividades, con la sociedad y con la naturaleza. No se puede olvidar que lo humano se realiza (o debe realizarse) en comunidad; con y en función de otros seres humanos, sin pretender dominar a la naturaleza.

La naturaleza también en el centro del debate

La acumulación material -mecanicista e interminable de bienes-, apoltronada en “el utilitarismo antropocéntrico sobre la naturaleza”- al decir del uruguayo Eduardo Gudynas-, no tiene futuro. Los límites de estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del progreso son cada vez más notables y preocupantes. El ambiente, es decir los recursos naturales no pueden ser vistos como una condición para el crecimiento económico, como tampoco pueden ser un simple objeto de las políticas de desarrollo.

Esto nos conduce a aceptar que la naturaleza, en tanto una construcción social, es decir término conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada íntegramente. Para empezar la humanidad no está fuera de la naturaleza. La visión dominante, que pretende ver al ser humano por fuera de la naturaleza, incluso al definirla como naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma, ha abierto la puerta para dominarla y manipularla. Se le ha transformado en recursos naturales e incluso en “capital natural” a ser explotados. Cuando, en realidad, la naturaleza hasta podría existir sin seres humanos…

En este punto hay que rescatar las verdaderas dimensiones de la sustentabilidad. Esto exige, desde la perspectiva del brasilero Roberto Guimaraes, tener

“como norte una nueva ética del desarrollo, una ética en la cual los objetivos económicos de progreso estén subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la dignidad humana y de mejoría de la calidad de vida de las personas”. Para él, “el crecimiento, definido como incremento monetario del producto y tal como lo hemos experimentado, constituye un componente intrínseco de la insustentabilidad actual”. Esto, siguiendo al mismo autor, nos conduce al “desplazamiento del crecimiento como un fin último hacia el desarrollo como un proceso de cambio cualitativo”.

Y eso -pensando desde ya en lo que podría ser una economía de postcrecimiento, como lo entiende Enrique Leff- se logrará, para volver a Guimaraes,

“en la medida que se logre preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la biosfera y, a la vez, se preserve la biodiversidad del planeta”. Para lo que habrá de “transitar del actual antropocentrismo al biopluralismo, otorgando a las especies el mismo derecho ‘ontológico’ a la vida”.

Estos planteamientos de Guimaraes ubican con claridad por donde debería marchar la construcción de una nueva forma de organización de la sociedad, si realmente pretende ser una opción de vida, en tanto respeta la naturaleza y permite un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos. La naturaleza, en definitiva, debe tener la necesaria capacidad de carga y recomposición para no deteriorarse irreversiblemente por efecto de la acción del ser humano. He aquí una aproximación ética explicativa de los derechos que se otorgaron a la naturaleza en Montecristi.

Estos derechos de la naturaleza, que constituyen “una hecatombe para la tradición jurídica francesa-romanista”, fueron y son vistos aún como un “galimatías conceptual”. A los conservadores del derecho (¿defensores de los privilegios de las oligarquías?), en esencia incapaces de entender los cambios en marcha, les resulta difícil comprender que el mundo está en movimiento permanente. A lo largo de la historia legal, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos civiles a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños fueron una vez rechazadas por las autoridades por ser consideradas como un absurdo. Para la abolición de la esclavitud se requería que se reconozca“el derecho de tener derechos” y se requería también un esfuerzo político para cambiar aquellas leyes que negaban esos derechos. Para liberar a la naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad, es necesario un esfuerzo político que reconozca que la naturaleza es sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que, como afirmaba Arnes Naess, el padre de la ecología profunda, “todos los seres vivos tienen el mismo valor”. Esta lucha de liberación es, ante todo, un esfuerzo político que empieza por reconocer que el sistema capitalista destruye sus propias condiciones biofísicas de existencia.

Dotarle de derechos a la naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliación de los sujetos del derecho, como recordaba ya en 1988 Jörg Leimbacher, jurista suizo. Lo central de los derechos de la naturaleza, de acuerdo al mismo Leimbacher, centra la atención en el “derecho a la existencia” de los propios seres humanos. Un derecho que ya fue recogido por Italo Calvino en el siglo XIX, como consecuencia de la revolución francesa, cuando el barón Cosimo Piovasco de Rondò, conocido como “el barón de los árboles”, propuso un

“proyecto de constitución para un ente estatal republicano con la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos de las mujeres, de los niños, de los animales domésticos y de los animales salvajes, incluyendo pájaros, peces e insectos, así como plantas, sean éstas árboles o legumbres y yerbas”. (2)

No será fácil cristalizar estas transformaciones. Sobre todo en la medida que éstas afectan los privilegios de los círculos de poder, pues éstos harán lo imposible para tratar de detener este proceso de cambios. Una situación que, lamentablemente, también se nutre de algunas acciones y decisiones del mismo gobierno del presidente Rafael Correa, quien alentó con entusiasmo el proceso constituyente y la aprobación de la Constitución de Montecristi… pero que ahora, con algunas de sus propuestas de ley, por ejemplo con la ley de Minería o la ley de Soberanía Alimentaria, aprobadas a poco de entrar en vigencia la nueva constitución, atenta contra varios de sus principios constitucionales.

Este conflicto, aunque pueda sorprender a algunos, puede ser positivo para la sociedad, en tanto convoca a la acción organizada de amplios sectores de la misma. Aceptemos que los avances constitucionales fueron logrados por la lucha de diversas organizaciones sociales y que no son dádiva de ningún individuo. Entonces, como parte de la construcción colectiva de un nuevo pacto de convivencia social y ambiental, es necesario construir nuevos espacios de libertad y romper todos los cercos que impiden su vigencia.

Por eso, en forma pionera a nivel mundial, en la nueva constitución se ha establecido que la naturaleza es sujeto de derechos. Esta definición enfrenta la actual crisis civilizatoria, cuando ya se ve la imposibilidad de continuar con el modelo industrialista y depredador basado en la lucha de los humanos contra la naturaleza. No va más la identificación del bienestar y la riqueza como acumulación de bienes materiales, con las consecuentes expectativas de crecimiento y consumo ilimitados. En este sentido es necesario reconocer que los instrumentos disponibles para analizar estos asuntos ya no sirven. Son instrumentos que naturalizan y convierten en inevitable lo existente. Son conocimientos de matriz colonial y eurocéntrica, que pretenden convencer de que este patrón civilizatorio es natural e inevitable, como acertadamente afirma el venezolano Edgardo Lander.

Al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese necesario equilibrio entre la naturaleza y las necesidades y derechos de los seres humanos, enmarcados en el principio del buen vivir, se estaría superando la clásica versión por la que la conservación del medioambiente es entendida simplemente como un derecho de los seres humanos a “gozar de un medioambiente sano y no contaminado”. Los derechos de la naturaleza tienen que ver con el derecho que tienen la actual y las siguientes generaciones de gozar un ambiente sano. Pero estos derechos acogen criterios de justicia ambiental que superan la visión tradicional de justicia, lo que provoca varios conflictos conceptuales entre los constitucionalistas y juristas tradicionales.

De esta nueva concepción jurídica -todavía en construcción- se derivan decisiones trascendentales. El agua es asumida como un derecho humano fundamental, que cierra la puerta a su privatización; en concreto se reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado (3), en tanto constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos; así la Constitución de Montecristi plantea prelaciones en el uso del agua: consumo humano, riego para la producción de alimentos, caudal ecológico y actividades productivas, en ese orden. La soberanía alimentaria, que incorpora la protección del suelo y el uso adecuado del agua, que representa un ejercicio de protección a los millares de campesinos que si viven de su trabajo, se transforma en eje conductor de las políticas agrarias e incluso de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad. Incluso se plasma aquí la necesidad de conseguir la soberanía energética, sin poner en riesgo la soberanía alimentaria o el equilibrio ecológico.

En suma, el buen vivir debe ser sustentable ambientalmente en tanto compromiso con las generaciones futuras. En esa línea de pensamiento, si aceptamos que es necesaria una nueva ética, hay que incorporar elementos consustanciales a un verdadero proceso de transformaciones radicales, como son la igualdad, las diversas equidades (4), la libertad y la justicia social (productiva y distributiva), tanto como la ambiental, así como elementos morales, estéticos y espirituales. En otras palabras, los derechos humanos se complementan con los derechos de la naturaleza, y viceversa, dentro de un esfuerzo de democratización permanente de la sociedad, a partir de la construcción de ciudadanías sólidas.

Hacia la construcción de una economía solidaria

El valor básico de la economía, en un régimen de buen vivir, es la solidaridad. Se busca una economía distinta, una economía social y solidaria, diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera. A partir de esa definición constitucional se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sustentadas en la solidaridad. Se habla de productividad y competitividad sistémicas, es decir medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades sumadas muchas veces en forma arbitraria.

El ser humano, al ser el centro de la atención, es el factor fundamental de la economía. Y en ese sentido, rescatando la necesidad de fortalecer y dignificar el trabajo, se proscribe cualquier forma de precarización laboral, como la tercerización; incluso el incumplimiento de las normas laborales puede ser penalizado y sancionado. Por otro lado se prohíbe toda forma de persecución a los comerciantes y los artesanos informales.

El mercado por si solo no es la solución, tampoco lo es el Estado. El subordinar el Estado al mercado, conduce a subordinar la sociedad a las relaciones mercantiles y al egolatrismo individualista. Lejos de una economía sobredeterminada por las relaciones mercantiles, se promueve una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad, tal como lo planteó hace muchos años Franz Hinkelammert. Se busca construir una sociedad con mercado, para no tener una sociedad de mercado, es decir mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores, como en la época neoliberal. Tampoco se promueve una visión estatista a ultranza de la economía.

El mercado, tanto como el Estado, requieren una reconceptualización política, que conduzca a regulaciones adecuadas. El mercado es una relación social sujeta a las necesidades de los individuos y las colectividades, entendida como un espacio de intercambio de bienes y servicios en función de la sociedad y no sólo del capital. Es más,

“el buen funcionamiento de los mercados, para los fines instrumentales que la sociedad les asigna, exige que no sean completamente libres. Los mercados libres nunca han funcionado bien y han acabado en catástrofes económicas de distinta naturaleza”. Sin un marco legal y social adecuado, “los mercados pueden ser totalmente inmorales, ineficientes, injustos y generadores del caos social”, nos recuerda el economista español Luis de Sebastián.

De ninguna manera se puede creer que todo el sistema económico debe estar inmerso en la lógica dominante de mercado, pues hay otras muchas relaciones que se inspiran en otros principios de indudable importancia; por ejemplo, la solidaridad para el funcionamiento de la seguridad social o las prestaciones sociales. Similar reflexión se podría hacer para la provisión de educación pública, defensa, transporte público, servicios de banca central y otras funciones que generan bienes públicos que no se producen y regulan a través de la oferta y la demanda. No todos los actores de la economía, por lo demás, actúan movidos por el lucro.

Por lo tanto, siguiendo el pensamiento del gran pensador norteamericano Karl Polanyi -“el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”-, al mercado hay que organizarlo y controlarlo, pero no asumirlo como mecanismo de dominación. El Estado deberá, en definitiva, ser ciudadanizado, mientras que el mercado habrá de ser civilizado, lo que, en ambos casos, implica una creciente participación de la sociedad. (5)

Para enfrentar la gravedad de los problemas existentes en la economía hay que desarmar las visiones simplificadoras y compartamentalizadas. El éxito o el fracaso no es solo una cuestión de recursos físicos sino que depende decisivamente de las capacidades de organización, participación e innovación de los habitantes del país. Existen sobradas razones para afirmar que un factor de estrangulamiento para asegurar una vida mejor, en un mundo mejor, para todos y todas, radica en la ausencia de políticas e instituciones (6) que permitan fortalecer e impulsar las capacidades humanas de cada una de las culturas existentes.

Está claro que en esta constitución, no está en juego simplemente un proceso de acumulación material. Se precisan respuestas políticas que hagan posible un desarrollo impulsado por la vigencia de los derechos fundamentales (Derechos Humanos en términos amplios y derechos de la naturaleza), como base para una sociedad solidaria, en el marco de instituciones que aseguren la vida.

Se persigue una economía que garantice el derecho de propiedad bien habida. Pero sobre todo el derecho a la propiedad de quienes nada o muy poco tienen. Esta nueva economía consolida el principio del monopolio público sobre los recursos estratégicos, pero a su vez establece una dinámica de uso y aprovechamiento de esos recursos desde una óptica sustentable, con la necesidad de disponer de mecanismos de regulación y control en la prestación de los servicios públicos. Igualmente considera diversas formas de hacer economía: estatal, pública, privada, mixta, comunitaria, asociativa, cooperativa… Busca, con esto, ampliar la base de productores y propietarios, sobre todo colectivos, en un esquema de economía solidaria que articule activa y equitativamente a todos los segmentos productivos. En esta línea de reflexión habrá que fortalecer los esquemas de cogestión en todo tipo de empresas, para que los trabajadores y las trabajadoras sean también actores decisivos en la conducción de las diversas unidades productivas.

La redistribución de la riqueza (de la tierra, por ejemplo) y la distribución del ingreso, con criterios de equidad, así como la democratización en el acceso a los recursos económicos, como son los créditos, están en la base de esta economía solidaria. Así, las finanzas deben cumplir un papel de apoyo al aparato productivo y no ser más simples instrumentos de acumulación y concentración de la riqueza en pocas manos; realidad que alienta la especulación financiera. Los bancos, por lo tanto, en un plazo perentorio, tendrán que desligarse de todas sus empresas no vinculadas a la actividad financiera, incluyendo sus medios de comunicación.

La constitución propone también la construcción de una nueva arquitectura financiera, en donde los servicios financieros son de orden público. Allí se reconoce a las finanzas populares como promotoras del desarrollo y se incentiva la creación de una banca pública de fomento, como aglutinadora del ahorro interno e impulsadora de economías productivas de características más solidarias. Un tratamiento preferente a las cooperativas de ahorro y crédito, así como a las diversas formas de ahorro popular, también está reconocido constitucionalmente.

En lo social, se priorizaron las inversiones en educación y salud. (7) En tanto derechos humanos, la educación y la salud serán servicios gratuitos; se incluyó específicamente la gratuidad de la educación en el nivel universitario. La gratuidad en el acceso a la justicia es otro de los derechos consagrados en la constitución. Se aprobó la universalidad de la seguridad social, de ninguna manera su privatización. Todo este esfuerzo en lo social se complementa con una serie de disposiciones para superar tanto el machismo como el racismo, así como toda forma de exclusión social.

Todas las personas tienen por igual derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios Todos estos derechos, para su cumplimiento, exigirán ajustes en la distribución de la riqueza y del ingreso, puesto que su vigencia no sólo puede estar garantizada por posibles ingresos petroleros u otros similares. Los derechos deben ser garantizados por la sociedad para todos sus miembros, en cualquier tiempo o circunstancia, no sólo cuando hay excedentes financieros.

En el nuevo texto constitucional existe una sección completa sobre derechos y garantías para personas con discapacidades, que constituyen, además, una temática transversal a toda la constitución.

En esta carta magna se consolidan los derechos de los y las emigrantes. No sólo que podrán votar en las elecciones nacionales y que tendrán representantes a la Asamblea Nacional, elegidos por ellos, sino que podrán impulsar varias iniciativas políticas, inclusive de ley. El Estado generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, para que dichos recursos se orienten hacia la inversión productiva de calidad decidida por los propios emigrantes. También se estimulará su afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; para lograrlo se contará con el aporte de las personas domiciliadas en el exterior. En un gesto de coherencia con la defensa de los derechos de los compatriotas en el exterior, esta constitución asegura similares derechos a los extranjeros y a los nacionales: los extranjeros que tengan residencia de cinco años en el Ecuador -por ejemplo- podrán ejercer el derecho al voto, sin necesidad de acuerdos bilaterales con sus países de origen; no podrán ser devueltos o expulsados a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. En esa línea de compromiso se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados.

Como se deja constancia en el párrafo anterior, no se espera a que cambie el mundo para recién entonces avanzar en el campo de la migración, se actúa para provocar el cambio del mundo…

En sintonía con estas propuestas en el ámbito de la movilidad humana se impulsa el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. Para lograrlo se promueve la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en dicha región; la instrumentación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y, la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.

Con esta constitución, a diferencia del pensamiento neoliberal todavía dominante, se quiere recuperar lo público, lo universal, lo gratuito, la diversidad, como elementos de una sociedad que busca sistemáticamente la libertad, la igualdad y la equidad, así como la solidaridad en tanto elementos rectores del buen vivir. En su articulado, más allá de las simples interpretaciones que hacen los constitucionalistas frustrados, encontramos borradores de una utopía por construir. Una utopía que implica la crítica de la realidad desde los principios plasmados en la Constitución de Montecristi. Una utopía que, al ser un proyecto de vida en común, nos dice lo que debe ser…. alternativa imaginaria, políticamente conquistada, a ser ejecutada por la acción de la sociedad.

Esta constitución, la más ecuatoriana de toda la historia, que ofrece una categórica propuesta de descentralización y autonomías, sobre bases de solidaridad y equidad, abre la puerta también a la integración regional. Sin la integración de los pueblos de nuestra América Latina no hay desarrollo. Ese es un paso fundamental para que dichos pueblos puedan insertarse con dignidad e inteligencia en el contexto mundial. Y para hacerlo, la constitución declara al Ecuador como un territorio de paz, en donde no podrán asentarse fuerzas militares extranjeras con fines bélicos, ni ceder bases militares nacionales a soldados foráneos.

La Constitución de Montecristi, medio y fin para cambios estructurales

Por todo lo expuesto anteriormente, recién ha empezado el verdadero proceso constituyente. Un proceso que exige una mayor y más profunda pedagogía constituyente, así como una sociedad movilizada que impulse la consecución de los logros constitucionales a través de las correspondientes leyes y decisiones políticas coherentes. En definitiva, un proceso de constitución de ciudadanía.

La consolidación de las nuevas normas constitucionales en leyes y en renovadas políticas coherentes con el cambio propuesto, es una tarea que convoca a los habitantes del campo y de la ciudad a seguir caminando por la senda de las movilizaciones. Hay que impedir, desde la sociedad civil organizada, que, por ejemplo a través de las nuevas leyes, se trate de vaciar de su contenido histórico a la nueva constitución, que recibió en las urnas el masivo respaldo de la sociedad.

Esta constitución, éste es quizás uno de sus mayores méritos, abre la puerta para disputar el sentido histórico del desarrollo. Somos conscientes de que estas nuevas corrientes del pensamiento jurídico no están exentas de conflictos. Al abandonar el tradicional concepto de la ley como fuente del derecho, se consolida a la constitución como punto de partida jurídico independientemente de las visiones tradicionales. No debe sorprendernos, entonces, que esta nueva carta magna genere conflictos con los jurisconsultos tradicionalistas, así como con aquellos personajes acostumbrados a tener la razón en función de su pensamiento (y sobre todo de sus intereses).

No se trata simplemente de hacer mejor lo realizado hasta ahora. Como parte de la construcción colectiva de un nuevo pacto de convivencia social y ambiental es necesario construir nuevos espacios de libertad y romper todos los cercos que impiden su vigencia.

Para empezar reconozcamos que, en la actualidad, todavía están presentes tesis y prácticas desarrollistas propias de una economía extractivista, que no han permitido el desarrollo y que están minando las bases de la naturaleza. Los actuales gobiernos progresistas en América Latina han tenido avances en algunas áreas, especialmente la social, pero muestran enormes dificultades para generar nuevos estilos de vida, en particular en lograr otra apropiación efectiva de los recursos naturales para la sociedad en su conjunto y reducir el grado de deterioro ambiental.

En Ecuador, el propio gobierno que impulsó activamente la aprobación de la nueva constitución en el referéndum, sigue atado a visiones y prácticas neodesarrollistas, que no garantizan un verdadero desarrollo y que, además, estarán en permanente contradicción con el espíritu del buen vivir. Por tanto, no sólo es indispensable superar las prácticas neoliberales, sino que es cada vez más imperioso garantizar la relación armónica entre sociedad y naturaleza. Hoy más que nunca, en medio de la debacle financiera internacional, que es una faceta de la crisis civilizatoria que se cierne sobre la humanidad, es imprescindible construir una concepción estratégica nacional -otro mandato de la nueva constitución-, sobre bases de creciente soberanía, para insertarse inteligentemente y no en forma dependiente en la economía mundial. Hay que terminar con aquellas relaciones financieras especulativas que han colapsado y, sobre todo, hay que cambiar aquella visión que condena a nuestros países a ser simples productores y exportadores de materias primas.

Se necesita dar vuelta la página definitivamente. De todo lo anterior se desprende que hay que hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar aquellos efectos positivos que se puedan obtener de la extracción de recursos naturales, sin perder de vista que esta actividad, sobre todo cuando se realiza a gran escala, afecta a la naturaleza y a las comunidades. Por lo tanto, es ingenuo creer que ampliando dichas actividades extractivistas se obtendrán recursos para financiar otro tipo de actividades que puedan sustituir a la extracción masiva de recursos naturales… El “desarrollismo senil” (Joan Martínez Allier), por lo demás, no es el camino para el buen vivir. La consecución de una mayor disponibilidad de crecientes ingresos financieros no ha asegurado el desarrollo de ningún país. No podemos vivir prioritariamente de la renta de los recursos naturales sino del esfuerzo de los seres humanos, viviendo y conviviendo con la naturaleza. Es preciso generar capacidades sociales.

Incluso hay que dejar atrás lo que el actual vicepresidente boliviano Álvaro García Linera define como “patrimonialismo popular”, en el que se recrean las prácticas rentísticas y clientelares con otras formas e incluso con otras preferencias. Una situación que aflora en estos primeros años de la revolución ciudadana en Ecuador, en los que todavía se registra un importante déficit de ciudadanía….

“Hoy el patrimonialismo -al decir de García Linera- es más ‘democrático’, comienza a socializarse, ya no es un privilegio de casta reducido al color de piel, el apellido, o la herencia familiar, sino que es asumido como un derecho de todos, pero no deja de ser patrimonialismo popular. (Y) esto es complicado porque, con quiebres, habla de una continuidad que no ha podido ser superada”.

La conclusión es obvia frente a esta nueva realidad, por más que ésta pueda ser vista como un avance en relación a las anteriores prácticas patrimonialistas de corte oligárquico: democracia sí, patrimonialismo no. (8) Esa es la gran tarea.

Para lograrlo hay que abrir todos los espacios de diálogo posibles, crear y consolidar todos los mecanismos de participación ciudadana y control social necesarios. Es urgente, en suma, apropiarse democráticamente del contenido de la Constitución de Montecristi. Los futuros acuerdos políticos, indispensables para enraizar esta constitución, tienen como condición innegociable sustentarse en el sentido de país, aportar al buen vivir y no sacrificar los intereses nacionales en beneficio particular de personas, gremios y corporaciones; los privilegios de unos pocos son insostenibles. A diferencia de las prácticas de los grupos oligárquicos (causantes de la crisis nacional) que han controlado el Estado durante décadas, no se quiere ganar posiciones simplemente con la fuerza del número, sino con la de los argumentos y con la de la acción democrática. La constitución debe ser realmente de todos y de todas, no de un gobierno en particular.

La responsabilidad es grande y compleja. Estamos ante el imperativo de construir democráticamente una sociedad realmente democrática, fortificada en valores de libertad, igualdad y responsabilidad, practicante de sus obligaciones, incluyente, equitativa, justa y respetuosa de la vida. Una sociedad “que incorpore el anticapitalismo sin planificación burocrática y con pluralismo político”, para ponerlo en palabras del economista argentino Claudio Katz. Una sociedad en la que sea posible que todos y todas tengamos iguales posibilidades y oportunidades, donde lo individual y lo colectivo coexistan en armonía con la naturaleza, donde la racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común.

Finalmente, el buen vivir -en tanto filosofía de vida- abre la puerta para construir un proyecto liberador y tolerante, sin prejuicios ni dogmas. Un proyecto que, al haber sumado muchas historias de luchas de resistencia y de propuestas de cambio, al nutrirse de experiencias nacionales e internacionales, se posiciona como punto de partida para construir democráticamente una sociedad sustentable en todos los ámbitos. Es decir, otra forma de socialismo, visto siempre como un proyecto de democracia sin fin.

Notas:

1. Presidente ecuatoriano. Líder de la Revolución Liberal. Luchador internacionalista a favor de la libertad en varios países de América, incluyendo el apoyo a la independencia de Cuba del yugo español. Quizás por estos empeños, José Martí llegaría a afirmar que “Alfaro es de los pocos americanos de creación”.

2. Traducción del alemán realizada por el autor de este artículo. Ver el libro de Jörg Leimbacher; Die Rechte del Natur (Los Derechos de la Naturaleza), Basilea y Frankfurt am Main, 1988. Hay que anotar que éste y cada vez más textos sobre esta materia llegan a manos del autor de estas líneas como consecuencia de la expedición de la Constitución de Montecristi. Es más, con varios especialistas en temas constitucionales, con capacidad para abrir la mente y entender la trascendencia de estas propuestas, se está trabajando en lo que, en un futuro no muy lejano, podría ser la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

3. Es de desear que se de paso a una acción conjunta y concertada de los Estados de países vecinos, si se tratara de fuentes de agua compartidas.

4. Económica, social, intergeneracional, de género, étnica, cultural especialmente.

5. Fernand Braudel, el gran historiador francés de los Annales, reconoció oportunamente que el capitalismo no es un sinónimo de economía de mercado, por el contrario, le veía incluso como el “anti-mercado”, en tanto los empresarios -con diversos grados de prácticas monopolistas- no se comportan como el empresario típico-ideal de la teoría económica convencional. Braudel entendía al capitalismo como el visitante furtivo que entra por la noche y se roba algo, en este caso entró en la economía mediterránea y se apropió del mercado. En el mundo indígena, mucho antes de que llegaran los conquistadores, el mercado estaba presente (y sigue presente), en tanto construcción social con prácticas de solidaridad y reciprocidad, muy alejadas de lo que sería posteriormente la imposición del capitalismo metropolitano.

6. Conjunto de normas y reglas emanadas de la propia sociedad que configuran el marco referencial de las relaciones humanas.

7. Cumpliendo el mandato popular de fines del 2006, se destinará anualmente al menos 6% y 4% del PIB, por lo menos, para educación y salud, respectivamente.

8. Al patrimonialismo no sólo se le ve como sinónimo de autoritarismo y discrecionalidad en el manejo de la cosa pública. Tiene que ver con la apropiación de los recursos por las elites dominantes en beneficio propio. Esto viene atado con una relación clientelar en el ámbito social. Este régimen social, sostenido por una serie de patrones, no todos consagrados jurídicamente, reproduce una serie de formas de reclutamiento y de clientelismo.

* Este texto actualiza y amplía varios trabajos anteriores del autor, economista ecuatoriano profesor e investigador de la FLACSO, consultor internacional, ex ministro de Energía y Minas y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. Fuente: CIP-Ecosocial – Boletín ECOS nº 11, abril-junio 2010, publicado con permiso de la revista CASA de las Américas, nº 257, La Habana, oct-dic. 2009.