La alianza política opositora Unidad Nacional (UN) presentó ayer a la Fiscalía General de la República una acusación formal contra el ministro de Gobierno Sacha Llorenti y los comandantes de la Policía Óscar Nina, Mario Hinojosa y Orlando Ávila, por los delitos de omisión e incumplimiento de deberes, encubrimiento y denegación de auxilio a cuatro efectivos de la Policía linchados el 23 de mayo en la localidad potosina de Saca Saca.

El diputado de UN Jaime Navarro dijo que la acción legal involucra a comunarios de los ayllus Laime, Pukara, Karacha y Aymaya, principales autores del crimen, quienes amenazaron con ajusticiar a todo aquel que ose ingresar a su territorio para investigar el hecho de sangre.

UN respalda su acusación con el certificado de defunción del suboficial Nelson Alcócer, muerto el 30 de mayo, casi una semana después del deceso de los otros tres policías, “lo que confirma que fue asesinado en plena negociación del gobierno con los ayllus de Uncía”, recalcó el diputado Navarro.

El defensor del Pueblo Rolando Villena y la Iglesia Católica coincidieron en que el gobierno de Evo Morales y el Ministerio Público no hicieron mucho por rescatar a los policías y demostraron incapacidad en las negociaciones con los indígenas.

Hasta ahora, ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial han logrado imponer su autoridad en la zona potosina. Los ayllus se niegan a ser investigados y amenazan con aplicar la justicia comunitaria a cualquier autoridad que ose ingresar a su territorio, que a estas alturas más parece una republiqueta independiente sin ley y sin gobierno.

El viceministro de Régimen Interior y Policía Gustavo Torrico explicó que el gobierno no tomó medidas más drásticas en el caso de Uncía con el objetivo de “evitar un derramamiento de sangre y preservar la vida de los policías dispuestos a ingresar a la zona y de los comunarios enardecidos parapetados con armas entre Cala Cala y Saca Saca”.

“El Defensor del Pueblo sabe bien que era imposible rescatar a los cuatro policías de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE)”, justificó Torrico. Según el diputado Navarro, se especula que zonas rojas del norte de Potosí se suscribieron “pactos ocultos” con mafias vinculadas al narcotráfico y al contrabando de vehículos para favorecer la elección de algunos alcaldes del MAS.