La llamada ley de Bioseguridad en México es parte de un conjunto más amplio de leyes que hoy día está aprobando el Estado mexicano, y muchos Estados de países en desarrollo a nivel mundial. Es parte de una ofensiva que implica nuevas leyes por un lado, o cambios y reformas a leyes que ya existían, por otro. No son cambios menores, son cambios que afectan la vida de todos los pueblos del mundo, en muchos aspectos. Entre los sectores más afectados están las comunidades rurales, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas.

Es en los pueblos rurales del mundo entero que se centra una parte muy fuerte de esta ofensiva coordinada de manera bastante eficiente, principalmente por grandes empresas transnacionales y grandes corporaciones, con la complicidad de los gobiernos del mundo, más el apoyo activo, fuerte y agresivo de una gran cantidad de organismos internacionales como los que ya conocemos todos: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO) y buena parte del aparato de Naciones Unidas, así como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para poder entender estas leyes hay que mirarlas en conjunto, porque se refuerzan unas a otras. La ley de Bioseguridad no va actuar por sí sola sino en conjunción con muchas otras, como las leyes de certificación de semillas, las leyes de recursos genéticos, las leyes de propiedad intelectual, las leyes de certificación orgánica, las leyes forestales, las de desarrollo sustentable, las leyes de agua, las leyes mineras y podríamos hacer una lista muy larga. También son importantes los reglamentos de estas leyes. Están comenzando a empujar muy fuerte reglas sobre “buenas prácticas agrícolas” y sobre “trazabilidad”.

¿Por qué tantas leyes?, ¿por qué esta fiebre legislativa, una verdadera epidemia que hoy en día nos ataca a nivel mundial y en forma simultánea? El objetivo central es sumamente claro: acabar con la producción independiente de alimentos.

Uno de los objetivos principales de esta ofensiva legislativa es terminar con la capacidad de los campesinos y losindígenas de ser independientes. Eso tiene una razón muy obvia: hoy en día, a pesar de la globalización, a pesar de esa agresión tan fuerte a los pueblos del campo, la producción de alimentos sigue estando mayoritariamente en manos de campesinos y pueblos indígenas del mundo.

La intensidad del ataque tiene que ver con la importancia de lo que todavía mantienen en sus manos las comunidades indígenas y campesinas. Si la comida que producen los pueblos campesinos e indígenas fuese marginal, no se necesitarían estas leyes, y dejarían que las comunidades campesinas e indígenas murieran por sí solas.

Resulta que si calculamos el posible valor de mercado de todos los alimentos que consume la humanidad, que crecerá mientras crezca la población mundial, este mercado es más grande que cualquiera que conozcamos en la actualidad, muchísimo mayor que el petróleo o la industria automotora, incluso si éstos dos se juntaran.

El mercado de alimentos es también el mercado cautivo perfecto. Podremos dejar de comprar autos, pero no alimentos. Si no los producimos tendremos que comprarlos por fuerza. Podremos ser extremadamente pobres, pero la comida si no la producimos tenemos que comprarla.

Ese mercado potencial no está en manos del capital y hoy el objetivo del capital es primero, forzarnos a comprar los alimentos, y luego, por supuesto, controlar ese mercado de alimentos cuando todos estemos forzados a comprarlos.

En ese proceso, un paso fundamental para las corporaciones es terminar con las semillas independientes, con las semillas no controladas por las grandes corporaciones.

Las leyes de semillas —que parecen calcadas de un país a otro, les cambian un poco el orden de los artículos pero los contenidos son prácticamente los mismos— son redactadas por las grandes federaciones de empresas semilleras que hoy día se aglutinan en lo que se llama la International Seed Federation (ISF). En México la ISF está representada por la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC).

La AMSAC se autodefine como “una asociación que integra a todo el sector semillero en México, que tiene poder e influencia en las decisiones gubernamentales, con capacidad de gestión y participación en leyes y normas y es reconocida por sus servicios e infraestructura para resolver la problemática de sus agremiados”. A confesión de partes, relevo de pruebas: ellos no sólo se definen así, es como quieren ser, ésa es su visión de sí mismos.

AMSAC se dice mexicana, pero en realidad representa a las grandes trasnacionales de la semilla. Son miembros de AMSAC Monsanto, Syngenta, Dow, Dupont o Pioneer, Vilmorin Inc. y otras varias transnacionales más. Para despejar cualquier duda sobre la importancia de las transnacionales en AMSAC, Dow y Syngenta son parte de su consejo directivo y, aún peor, Monsanto y Vilmorin Inc. son parte de su comité de honor y justicia.

AMSAC en México es claramente un “lobby” corporativo muy eficiente y la Ley Mexicana de Producción, Certificación y Comercio de Semillas cumple fielmente con los objetivos fijados por la federación transnacional. Cuando investigamos específicamente sobre esta ley intentamos conseguir su reglamento y a pesar de la tan nombrada ley de transparencia del Estado mexicano, ha sido imposible conseguir información alguna. Los reglamentos siempre empeoran las leyes, y las empeoran significativamente.

La Ley de Semillas obliga, a través del artículo 34 y otros más, a que toda semilla tiene que ser de producción propia o comprada, no existe otra alternativa. Eso significa que intercambiar o regalar semillas es ilegal sin excepción alguna. Alguien podría decir que la gente que tiene semilla propia, puede decir que la comercializa, pero en realidad la ley tiene una serie de artículos con exigencias imposibles de cumplir, o que matan lo mejor de las semillas campesinas e indígenas.

Por ejemplo, si alguien decide vender semilla tiene la obligación de guardar un registro estricto de cómo produjo esa semilla y además guardar una muestra de esa semilla para pasar cualquier inspección que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). Eso a veces ni las empresas logran hacerlo, menos aún lo va a hacer la gente en el campo. En otras palabras, no solamente se prohíbe el intercambio y regalo, sino que también se prohíbe la comercialización campesina.

La ley también impone el concepto de que la semilla de buena calidad debe ser uniforme, es decir igual e invariable y además estable, es decir que no cambie en el tiempo. La calificación de semilla de buena calidad incluso para ser certificada, no incluye para nada el comportamiento agronómico. Es decir, con tal de que salga parejita, toda igual, si funciona mejor o peor que otra no tiene ninguna importancia. Sabemos que solamente la semilla producida por las grandes empresas semilleras es toda igual, y que sea toda igualita no significa que sea mejor.

La ley dice también que las semillas, además, tienen que ser estables y para mantener un nombre no deben cambiar. En un país como México, eso significa de alguna forma que se le impone a las semillas nativas la obligación de no seguir evolucionando. Las semillas campesinas y de los pueblos indígenas de México se han mantenido justamente porque han ido evolucionando en el tiempo.

Uno de los ataques que ya se está produciendo es el Proyecto Estratégico para la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol) (Promaf) que está condicionado al uso de semilla certificada, como lo estarán todos los proyectos de asistencia técnica y crediticia. Si tenemos alguna duda acerca de qué semilla certificada estamos hablando, es interesante ir a la página del SNICS, el área de la Sagarpa encargada de las semillas, y ver cuáles son los objetivos de su plan estratégico.

El SNICS define como primer objetivo estratégico “coordinar la ampliación y el fortalecimiento de la capacidad nacional del activo tecnológico de semillas”, cosa que nadie entiende, pero suena bonito. Dice que para 2025 el indicador de haber cumplido con ese objetivo significa que el 60 por ciento de las semillas usadas en México tiene que certificada, y estamos hablando de todas las semillas utilizadas en México, no solamente las de maíz.

El segundo objetivo estratégico es “gestionar y administrar el sistema nacional para la protección de los derechos de obtentores de variedades vegetales”, que se traduce en que el 60 por ciento de las semillas en México para 2025 tienen que ser semillas protegidas, es decir semillas con propiedad intelectual.

Si las trasnacionales se salen con la suya, para 2025 el Sistema Nacional de Semillas de México tiene como objetivo estratégico que el 60 por ciento de las semillas sean certificadas y todas esas semillas certificadas tengan una protección mediante patentes.

Es con esta mirada, con esta orientación, que la ley de semillas va a ser aplicada. No va a ser de manera neutra sino de manera explícita y estratégica para defender los intereses de las grandes transnacionales, que en el caso de México están representadas por la AMSAC.

Las leyes también tienen una forma de ser aplicadas, y la primera parte de la aplicación es siempre amable y por las buenas, que básicamente consiste en enganchar al máximo de gente posible, entre otras cosas, para dividir a organizaciones y comunidades. Por supuesto, siempre hablando del posible lado bueno de eso que se está imponiendo. Luego, en la medida en que las organizaciones o comunidades estén divididas o que a la gente se haya endeudado de manera significativa, comienza el garrote.

La página web de la AMSAC define como “semillas pirata” a las que no se compran, y después dice lo siguiente: “Estarás de acuerdo en que no podemos permitir que las semillas pirata dañen nuestras tierras, nuestro patrimonio y nuestro prestigio como agricultores. Juntos podemos y debemos hacer frente a este riesgo, asegurándose siempre de comprar sólo semillas originales, distribuidas por casas comerciales que gozan de una buena reputación. Esto nos ayudará a comprar y utilizar únicamente semillas de calidad”.

Ésa es la parte blanda, la primera parte del libreto en la aplicación de estas leyes. Después dice: “es muy importante que al comprar semillas originales, de calidad reconocida, pidas siempre a la casa semillera o distribuidor que te extienda una factura que ampare tu compra”.

¿Por qué decimos que el garrote comienza aquí? Porque implícitamente se les dice a los que usan semilla —a campesinos y agricultores— que si no tienen factura les va a caer la mano dura. A continuación recomiendan “notificar a tu casa semillera y distribuidor si sabes o escuchas sobre este tipo de comercio ilegal con semillas pirata”. ¡Es decir, la recomendación es que nos convirtamos todos en delatores!

No sería sorpresa si el reglamento de esta ley dice que todos estamos obligados a denunciar a alguien si sabemos o escuchamos que no le compró semilla a las empresas, y no es exageración porque hoy en día las leyes de propiedad intelectual obligan a la delación.

Más adelante vienen las sanciones. Las sanciones por ahora expresas en la ley son 500 mil pesos mexicanos (unos 50 mil dólares) y el decomiso de la semilla e incluso de la cosecha, en caso de infracción. Eso está en el artículo 39. El artículo 41 dice que eso no elimina las sanciones penales, es decir, existe la posibilidad de que también haya cárcel si no se cumple con esta ley y es posible que el reglamento incluya este tipo de sanciones penales.

Si uno suma esta ley a otras leyes, por ejemplo la certificación de carne y leche, la certificación orgánica, la ley de Bioseguridad, la ley de Propiedad Intelectual, etcétera, el objetivo es acabar con la agricultura independiente, acabar sobre todo con la producción independiente de alimentos y llegar a que sólo haya agricultura de contrato. Por lo mismo, no es sorpresa que el plan maestro del maíz publicitado en México incluya como uno de sus objetivos generalizar la agricultura de contrato.

A pesar de lo terribles que son estas leyes, son aún sólo papel y letra y seguirán siéndolo en la medida en que se siga produciendo comida de manera independiente. No será fácil para los Estados implementar estas leyes porque es mucha la gente a la que tienen que controlar, gente que lleva siglos resistiendo, batallando y produciendo comida y que sabe que la agricultura de contrato es una esclavitud disfrazada.

Aunque la ley prohíba la evolución de las semillas y penalice la circulación de semillas “no uniformes” de un campo a otro, los productores seguirán intercambiando y haciendo circular semillas nativas y semillas propias sin pedir permiso a nadie, como lo han hecho siempre.

Es sumamente importante la capacidad que tienen los pueblos campesinos e indígenas del mundo para enfrentar el feroz e implacable ataque de las transnacionales, y continuar produciendo alimentos, preservando semillas propias ytodos los sistemas colectivos que permiten que esas semillas se mantengan vivas y sigan caminando.

* Versión editada por SENA-Fobomade. Texto original en http://www.grain.org/