La Organización de Estados Americanos (OEA) culminó su XL Asamblea General con una declaración que deja en el limbo al gobierno de Porfirio Lobo, pese a las gestiones del secretario general José Manuel Insulza y del gobierno de Estados Unidos que pidieron abiertamente el retorno de Honduras al organismo regional.

Al inaugurar la XL Asamblea de la OEA, Insulza abogó por el regreso de Honduras al organismo, ignorando varios informes de organizaciones internacionales que denuncian graves violaciones de derechos humanos y encubrimiento de golpistas en Honduras.

La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton también defendió abiertamente al régimen de Lobo y propuso poner fin a la exclusión de Honduras, país expulsado de la OEA luego del golpe de Estado militar-civil que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.

Manuel Zelaya increpó a Insulza por negar la “tragedia” que viven los hondureños y sugerir el retorno de Honduras a la OEA, pese a que el gobierno de ese país no ha restaurado la democracia, ha incumplido resoluciones de la ONU y de la OEA, y premia con privilegios y cargos públicos a los golpistas.

Zelaya afirmó que los asesinatos en serie continúan en Honduras, y por ello “no aceptamos que usted (Insulza) niegue la tragedia que hoy vivimos los hondureños. No puede pedirnos a las víctimas que lo que aquí pasó se olvide. Somos un pueblo exigiendo justicia”.

Luego visitar Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010 para hacer un seguimiento a la evaluación de agosto de 2009 y al InformeHonduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que continúan las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos de varias personas, entre ellas periodistas y defensores de derechos humanos.

La CIDH denunció la militarizacion de la sociedad luego del golpe de Estado y observó con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo denunciados por su participación en el Golpe estén gerentando dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Porfirio Lobo.

Por ejemplo, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA durante el golpe de Estado).

La Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas en el informe de la CIDH como en el Informe del 3 de marzo de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión confirmó que sólo una persona está privada de libertad por violar derechos humanos, mientras que otras 12 han sido imputadas, pero los procesos no avanzan.

La CIDH reiteró su llamado a las autoridades hondureñas a revisar el Decreto de Amnistía, considerando las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales y en especial, su obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.

La CIDH consideró que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y de despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas, facilitan la impunidad generalizada y debilitan el estado de Derecho.

Terror en Honduras

Desde que el golpista Pepe Lobo recibió el poder de manos del dictador Roberto Micheletti, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registró 707 denuncias de violaciones de derechos humanos por motivos políticos.

En la gestión de Lobo se registraron 12 asesinatos, entre ellos seis periodistas; 63 amenazas de muerte; 76 casos de intimidación y persecución; 53 detenciones; 10 casos de tortura; dos secuestros; 18 allanamientos, 38 casos de desplazamiento interno por amenazas de muerte; 34 casos de cambio de domicilio por razones de seguridad; 26 exiliados políticos; 68 medidas cautelares otorgadas por la CIDH; 32 solicitudes de información de la CIDH por casos de personas en grave peligro; y tres jueces y una magistrada de la Corte de Justicia suspendidos por rechazar el golpe de Estado, entre muchos otros atentados graves.

Varias organizaciones nacionales e internacionales destacaron que los responsables del golpe han intentado en varias ocasiones acallar a medios de comunicación alternativos como Cholusat Sur-Canal 36-, Radio La Catracha, Radio Progreso, Radio Uno y Radio Globo. Otra vez se destruyó equipo de transmisión de Radio La Catracha y miembros del ejército y de la policía cerraron Radio Zacate Grande.

La XL Asamblea de la OEA acordó crear una Comisión de Alto Nivel para evaluar la situación de Honduras y presentar un informe hasta el 30 de julio. El grupo examinará aspectos jurídicos del caso y contará con el apoyo del Comité Jurídico Interamericano.

Insulza precisó que esta comisión dialogará con todas las partes, es decir con el gobierno de Lobo y con el derrocado Zelaya, y no interferirá el trabajo de la “comisión de la verdad” creada por Lobo, reconociendo de esta forma la legitimidad de una instancia gubernamental de dudosa imparcialidad.

Con datos de Prensa Latina y ABN.