Al menos 2.300 personas, entre ellas policías, taxistas, amas de casa, trabajadores, estudiantes, abogados y profesionales, se sumaron en sólo dos días a una iniciativa ciudadana que reclama al Estado Plurinacional de Bolivia la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Bolivia.

El presidente del Comité pro Santa Cruz Luis Núñez, promotor de la acción ciudadana, agradeció al pueblo cruceño y boliviano por el apoyo a la iniciativa que se sustenta en los artículos 7 y 24 de la Constitución Política del Estado, y que también es avalada por los tratados internacionales y convenios en materia de derechos humanos ratificados por Bolivia.

La recolección de firmas se realizará simultáneamente en todo el territorio boliviano, y para ello, en una primera instancia, se distribuirán 14 mil libros notariados, cada uno con 56 registros ciudadanos, haciendo un total de 784 mil firmas. El objetivo es alcanzar 1.120.000 registros.

Se instalaron tres mesas para registrar las firmas de la población cruceña, la primera en la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra, la segunda en el área circundante al Palacio de Justicia y la tercera en el ingreso al campus universitario de la universidad estatal. En los siguientes días se abrirán registros en el Comité Cívico del Plan Tres Mil, en la Villa Primero de Mayo, en la Pampa de la Isla, en el Distrito 5 y en las provincias. En los departamentos de Beni, Pando y Tarija también se inició el registro con relativo éxito.

El objetivo es reunir a más de un millón de firmas de ciudadanos para obligar al gobierno a suscribir un acuerdo con Naciones Unidas para la conformación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Bolivia, que tenga como objetivo “desarticular las redes de corrupción e impunidad que existen en el país y que afectan a la población en general, tales como la inseguridad ciudadana, la creciente actividad del narcotráfico y la persecución penal con fines políticos”.

Para registrarse en los libros, los ciudadanos deben presentar su documento de identidad, igual que para la inscripción en el padrón electoral. Una vez concluido el proceso, los libros notariados serán sometidos a consideración del Órgano Electoral Nacional para la respectiva depuración, y luego los resultados serán entregados a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que la iniciativa popular ciudadana se convierta en Ley del Estado.

Los organizadores afirman que “si de verdad los gobernantes del Estado Plurinacional de Bolivia quieren luchar contra las redes corrupción y de narcotráfico, deberán acatar la petición popular ciudadana. En caso de que no den curso a la petición del pueblo boliviano, el Gobierno Nacional se estaría convirtiendo en cómplice de las redes de corrupción e impunidad que existen en el país, que afectan a la población, tales como la inseguridad ciudadana, la creciente actividad del narcotráfico y la persecución penal con fines políticos”.

Según el Comité Impulsor de Lucha Contra la Impunidad, la Comisión Internacional deberá investigar los hechos violentos del 11 de enero de 2007 en Cochabamba; los casos de El Porvenir en Pando; de la Calancha en Sucre; la matanza en Huanuni; los asesinatos en el Hotel Las Américas; la corrupción en YPFB; el caso de contrabando de 33 camiones en la frontera Bolivia – Brasil; las actuaciones de un supuesto grupo irregular en la región de Yucumo (Beni); la flagelación al dirigente indígena Marcial Fabricano; el ataque a la familia del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas; el secuestro y abuso policial que sufrió el radialista Jorge Melgar en Riberalta (Beni); los numerosos ataques a la prensa por parte de efectivos policiales; los crímenes de supuestos campesinos armados en poblaciones aledañas a Santa Cruz; las detenciones irregulares en la cárcel de San Pedro, al margen del debido proceso y las garantías constitucionales; las infracciones al derecho al Juez Natural; el enfrentamiento con muertos entre civiles y policías en Caranavi (La Paz); el asesinato de cuatro policías en Uncía, y otros casos que la Comisión estime pertinentes.

Núñez mencionó la designación de ex ministro Juan Ramón Quintana como director de “una pseudo agencia de desarrollo inventada por el gobierno nacional, toda vez que este funcionario tiene cuentas pendientes con la justicia y con el país, ya que fue sindicado por el contrabando de 33 camiones, como también en la matanza de El Porvenir, en Pando”.