La política del „dejar hacer y dejar pasar“ le puede dar verdaderos dolores de cabeza al gobierno de Evo Morales. Evitó intervenir para rescatar a cuatro policías secuestrados y luego asesinados en Uncía, y ahora está a las puertas de juicios por omisión.

El 20 de mayo, comarios de la región de Uncía secuestraron y asesinarona cuatro policías a quienes supuestamente confundieron con ladrones. Cuando el caso fue conocido, comunarios no sólo que se negaron a devolver los cadáveres, sino que declararon la región como libre para el contrabando. Además de sus infructuosos pedidos de diálogo, las autoridades de gobierno no hicieron nada para rescatar a los policías.

La fecha de fallecimiento del policía Nelson Alcócer, se ha convertido en la clave para definir el futuro del caso. El informe del forense que estableció que uno de las víctimas falleció tres dias antes de los cadáveres sean rescatados, puso en figurillas a las autoridades de gobierno. La viuda del policía Alcócer, Mónica Corrales, ratificó el informe médico. “Me acerqué, lo besé y no tenía olor”, dijo.

Si Alcocer murió tres días antes de ser rescatado, ¿por qué en 10 días el gobierno no hizo nada para rescatarlo? Si Alcócer murió 9 días después de ser secuestrado, los responsables de la Policía, Fiscalía, Ministerio de Gobierno y tal vez hasta el Presidente tendrían que ir a juicio por su inacción frente a lo que los campesinos de Uncía todavía siguen llamando “justicia comunitaria”, pero que es visto por el resto de los sectores de la sociedad, incluídos los campesinos como asesinato.

El caso es susceptible de ser politizado. Casualmente, el abogado que representa a los familiares de los cuatro policías Jhonny Castelú, el mismo que defendió al exprefecto opositor Leopoldo Fernández. Castelú afirma que se hizo resposable del caso por una relación familiar con las víctimas.

El gobierno está en problemas y lo sabe. Por eso ahora tanto gobierno como fiscales se esfuerzan en desacreditar el informe de la forense. Uno de ellos, el fiscal de Distrito de Potosí —bajo cuya jurisdicción está Uncía—se apresuró en calificar el examen forense como ilegal. La médico Wilma Gabriel “no goza de credibilidad que un perito debiera tener. La funcionaria tiene un proceso penal por emitir certificado médico falso”, dijo el fiscal, según versiones periodísticas.

Los responsables de los comunarios quisieron asegurar la impunidad para los asesinos de Uncía y los otros implicados —incluídos los que no hicieron nada en el caso— haciendo firmar documentos de desesetimiento a los familiares, como condición previa para rescatar los cadáveres.

Pero las leyes bolivianas califican a los documentos firmados bajo presión como “nulos de pleno derecho”, y en esa condición, legalmente los familiares están con su derecho a hacer prevalecer la justicia.

Cuestionados, ahora las autoridades se empeñan pos justificarse. “Ha sido el ministro de Gobierno, junto al ministro de la Presidencia quienes se han trasladado personalmente a la zona para resolver este tema”, dijo el ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

Llorenti había ido a Uncía a la zona, pero para dialogar con quienes hoy son vistos como asesinos de los policías y regresó a La Paz sin éxito.

Los cadáveres fueron rescatados por los familiares. El gobierno y la Defensoría del pueblo fracasaron en sus intentos de diálogo. Según el abogado Castelú, fueron los familiares que rescataron a los cadáveres de la zona habitada por el ayllu Layme.

El caso desató malestar en varios sectores de la población, algunos de los cuales apedrearon la casa de la hermanda del presidente, Esther Morales, en Oruro. En ese caso, el gobierno dijo que identificó a los responsables y los llevará ante la justicia.

En el Parlamento, oficialismo y oposición coincidieron en elaborar reglamentos para la Justicia comunitaria, a la que el MAS le dio reconocimiento constitucional. “Es necesario normar la Justicia Comunitaria para que no se diga que es para cometer asesinatos u otros abusos, por eso se debe normar y dejar muy claro cuál es la función de la justicia comunitaria”, dijo el oficialista Isaac Ávalos.