Llallagua, (ABI).- La Federación de Campesinos del Norte Potosí denunció el lunes por la noche en una conferencia de prensa “los robos y violaciones” sistemáticos de 4 policías antes de ser ajusticiados en la comarca de Saca Saca, vecina del poblado minero de Uncía (sudoeste de Bolivia) el 25 de mayo último.

“No son policías, son maleantes que han matado 7 personas y han robado 9 autos de nuestra región, en Uncía, Llallagua”, afirmó una autoridad originaria de los ayllus del norte de Potosí.

Denunció que los uniformados, con asiento en un puesto policial del departamento de Oruro, vecino de Potosí, incursionaron varias veces antes de la trifulca que remató en los hechos de sangre del 25 de mayo.

Los agentes de la Dirección de Propiedad de Vehículos (DIPROVE), Nelson Alcócer, Miguel Ramos, Rubén Cruz y Esteban Alave encontraron la muerte “después de asesinar alevosamente a un joven” que transportaba un vehículo sin documentos y al que previamente exigieron un pago de 200 dólares.

“A un hermano lo han matado en el lugar (caserío)de Juntuna (..), Lo han torturado cobrando 200 dólares” de extorsión, denunció el dirigente campesino durante una larga narración de los hechos.

Indicó que la incursión de los uniformados, la sexta en las últimas semanas antes del crimen, se registró en momentos en que la comarca celebrara un partido de fútbol.

El líder originario dijo que los constantes abusos a que eran sometidos los comunarios detonaron ese martes 25 de mayo, recientemente pasado, en que se registró “un enfrentamiento”.

“No se ha hecho justicia comunitaria”, subrayó, “ha sido un enfrentamiento con los que transportan los autos y estos 4 maleantes, porque tenían cuchillos, sus pistolas; también tenían escopetas y bombas, dinamitas”, hizo notar.

El vocero de los ayllus de la provincia Bustillos, parte de la jurisdicción territorial de Potosí, se dijo dispuesto a exhibir pruebas fotográficas de las armas que blandían ese día los 4 policías de DIPROVE que “se hacían pasar” como funcionarios del policial Control Operativos de Aduanas (COA).

Alcócer, Ramos, Cruz y Alave fungieron ese día, según narró el líder comunario, de “funcionarios (del) COA”.

“Estaban con chalecos (antibalas), deportivos, tenis (y también) con pantalón jean”, describió.

“Le vamos a mostrar todas esas cosas y también tenemos fotos”, afirmó al tiempo de aseverar la decisión de las comunidades involucradas en el hecho de someterse a una investigación de amplio espectro.

“Como autoridades originarias estamos dispuestos a toda clase investigación, nosotros vamos hacerlo también (por nuestra parte)”, insistió al tiempo de pedir se esclarezca quién envió a los 4 uniformados a la región.

El dirigente, que proclamó la decisión de los ayllus de someterse a una investigación, “también en La Paz”, pidió la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ex Congreso) y del Ejecutivo para que, por conducto de la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, de vigencia reciente, se investigue los bienes acreditados a nombre de los 4 hombres muertos en Uncía a fines de mayo último.

“Pedimos, mediante la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se investigue los bienes de los policías”, dijo al tiempo de denunciar que Alcócer, Ramos, Cruz y Alave hicieron ostentación pública de poseer “varias casas” en diversos puntos de la región.

En su elocución de más de media hora, el dirigente exigió a la Policía el relevo de todo el efectivo de la zona.

“Vamos a pedir cambio de toda la policía y vamos pedirles que trabajen haciendo seguridad ciudadana” en la zona estigmatizada por el paso de vehículos de contrabando con destino a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.

“No vamos a consentir, como autoridades originarias, a policías ladrones o policías violadores”, insistió el hombre.

Advirtió, asimismo, que “como pueblos indígenas ya estamos cansados de estos hechos” de extorsión.

“Qué clase de autoridades estarían siendo. Nos han insultado, pisoteando los derechos de nuestros pueblos indígenas. Aquí no hay policías conscientes”, machacó.

El dirigente dijo que los familiares de los uniformados ajusticiados “han reconocido” los errores, de extorsión, “robo y violación” en que incurrieron “sus maridos”.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los familiares de las víctimas aceptaron desistir de la causa penal abierta en los estrados judiciales, en un arreglo de partes al margen de la ley.

La identidad de los victimarios se desconoce.

Por último anunció una marcha a La Paz de los ayllus del norte de Potosí, pautada para el viernes que viene, lo mismo que una conferencia de prensa en la sede de gobierno.

“Marcha a La paz en contra esos delincuentes”, reseñó.

Por su parte el diputado Luis Gallegos, representante de los pueblos originarios de la zona, expresó el malestar patente en la población de la provincia Bustillos.

“Los pueblos indígenas estamos muy molestos, como pueblos indígenas y organizaciones sociales”, afirmó al ratificar la medida adoptada en un cabildo y también la apertura a una investigación por autoridades nacionales.

“Dispuestos a marchar contra los corruptos. Vamos a investigar”, aseguró.