A raíz de los últimos acontecimientos de Uncía, secuestro y ajusticiamiento de cuatro policías por las comunidades de la zona, vuelve a plantearse la discusión sobre el problema de la naturaleza de la justicia en los pueblos originarios. Como de costumbre, aflora la hipocresía de las corrientes indigenistas que, sin ningún sustento histórico y teórico, retornan a la falacia de que la justicia comunitaria respeta la vida y que los ajusticiamientos que a diario ocurren no tienen nada que ver con esta práctica milenaria.

No tienen el coraje de asumir la realidad tal como se presenta y de manera cobarde deslindan toda responsabilidad sobre las formas incuestionablemente bárbaras que tienen de hacer justicia los pueblos originarios.

No cabe duda que se trata de una práctica social que obedece a un determinado grado de desarrollo material al que han llegado los pueblos originarios. Los politiqueros que por pura demagogia han incorporado en la nueva Constitución la práctica de la justicia comunitaria de manera paralela y en el mismo rango que la justicia ordinaria, olvidan que se trata de una forma de justicia directa sin la intermediación de códigos, jueces y abogados; la comunidad en su conjunto determina la inocencia o la culpabilidad de los imputados y ejecuta la pena también en el acto. Esta forma de practicar la justicia provoca la censura social en los centros urbanos a afecta mucho a la imagen de los gobernantes que se reclaman indígenas los mismos que se ven obligados a hacer concesiones y teorizar sobre las bondades de la justicia comunitaria. De lejos se puede percibir que estos impostores pretenderán ponerle un chaleco de fuerza para limitar los alcances de esta práctica de justicia y reglamentarla de tal modo que no se contraponga en nada a la justicia ordinaria. ¿Podrán caricaturizas la “justicia comunitaria” embridándola en formalismos? ¿Acaso no se nota ya la rebelión de los oprimidos del agro que tercamente pugnar porque sus costumbres y tradiciones cobren carta de ciudadanía creyendo que así han conquistado su liberación?

En el camino que recorren los teóricos indigenistas, acudiendo al pasado y a la tradición de manera recurrente, idealizan al incario como el modelo supremo de la ética donde el hombre, en total armonía con la naturaleza, establece una relación complementaria y recíproca para tomar de ella sólo lo que se necesita para “vivir bien”; en el plano de la justicia, nos muestran como una organización social perfecta e idílica donde el inka era un gobernador magnánimo a la cabeza de una sociedad donde se respetaba la vida y la severidad de la administración de la justicia no rebasaba los límites de los azotes, pero nunca atentaba contra la vida.

Suficiente remitirse a la abundante documentación de los cronistas de la época colonial para desmentir las falsificaciones de estos indigenistas y poner al desnudo que el inkario fue una organización social despótica, clasista y opresora. En esta medida sus códigos morales eran durísimos, sobre todo para los “jatun runas” (los oprimidos), y los delitos graves eran castigados generalmente con la pena de muerte. Veamos por ejemplo, el adulterio era considerado un delito gravísimo donde los infractores (hombres y mujeres) morían a pedradas.

Recurrimos a dos cronistas, cuya simpatía por el incario es incuestionable, para certificar que la pena de muerte era común: El Inca Garcilazo (1968, VI, XXVI) hace referencia a un “dictum” atribuido al Inka Pachakutek: “Los adúlteros que afean la fama y la calidad ajena y quitan la paz y la quietud de otros, deben ser declarados por ladrones, y por ende condenados a muerte sin remisión alguna”. No sólo se trata de una regla moral sino de una ley que, por porvenir de la autoridad del Inka, debe cumplirse. Otro cronista, Guamán Poma de Ayala (1980, f.307), refiriéndose al mismo delito dice: “…la ejecución de los adúlteros se hacía lapidándolos”, más adelanta relata: “…a las mujeres pobres se las arrojaba a un río crecido…que atraviesa la ciudad del Cusco…a las mujeres principales, koyas, ñustas y pallas, se las atormentaba con latigazos y sogas para inquirir el delito, y si eran culpables podían ser entregadas a los antis para que se las comiesen”.

En otra página, Poma dice que era común el ahorcamiento como castigo para los adúlteros”. Datos como estos podemos recopilar en abundancia de estos cronistas y no sólo referidos al adulterio sino a otros delitos y, ni qué hablar, de las ejecuciones masivas que se hacían en las guerras de conquista.

* Profesor de filosofía y dirigente del POR.